EL GOBIERNO DE LA ALIANZA: LOS NUEVOS COLONIZADORES

Desde la llegada al gobierno de la Alianza por el Cambio, hemos sido testigo de una radicalización extrema de la política de criminalización de toda protesta social. La misma que la Concertación desarrolló con bastante éxito pero con algo más de vergüenza durante sus veinte años de gobierno. Se endurece asi la represión, la estigmatización y el maltrato de todos aquellos que comienzan a sistematizar y evidenciar su malestar con un modelo que solo produce pobreza, desigualdad y concentración de la riqueza.

Victima privilegiada de esta política que busca encubrir un intento de exterminio fisico y político que se extiende por siglos son nuestros pueblos originarios, a quienes se les aplica hoy, el mismo instrumento que la dictadura utilizaba para contener a aquellos que catalogaba como enemigos internos, al tiempo que fabricaba enfrenamientos falsos y autoatentados para justificar el exterminio de quienes pensaban distinto.

En el Chile de hoy, varias de las naciones que conforman nuestro Estado están siendo exterminadas en virtud de convenciones venidas desde lejos, que no respetaron jamás a aquellos que vivian en esta tierra. En esas culturas no existía la propiedad privada sobre la tierra y solo se reconocía la territorialidad de determinadas culturas en virtud de su derecho ancestral a sobrevivir y reproducir su existencia a costa de un intercambio libre de materia y energía con la naturaleza de la cual se era parte inseparable. No es, por lo mismo, que la tierra perteneciera a esos pueblos. Es que esos pueblos pertenecían y pertenecen a esta tierra, que los ha visto nacer, crecer, desarrollarse y morir por milenios.

Es por esto que quienes llegaron predicando al dios único, infinito, eterno y misericordioso intentan hasta el día de hoy, borrar a esos pueblos y sus culturas que son el único obstáculo para apropiarse de esa tierra que no les pertenecerá jamás. Por lo mismo tuvieron que comenzar regalándosela entre ellos, en nombre de dios y del rey. La que no fue apropiada por los primeros invasores, se la adjudicó el Estado por no existir "certificados de dominios" que acreditarán la propiedad de las mismas.

Luego las fueron vendiendo a inversionistas nacionales y extranjeros para que desarrollaran sus negocios expulsando primero a quienes allí vivían en virtud de sus originales certificados de dominio, que acreditaban que esa tierra había sido comprada a nadie sabe quien y luego traspasada de mano en mano hasta encontrar su destino final en algún proyecto económico inmensamente rentable.

El resto se hizo en riguroso silencio mediante leyes que ignoraron por siglos a los habitantes de esta tierra mientras se gestaba la "Deuda Histórica del Estado Chileno Para Con Sus Pueblos Originarios". El Estado nunca los reconoció como suyos, nunca buscó respetar su cultura y los sigue tratando como extranjeros en su propia tierra. Hoy son culpables de amenazar la sacrosanta propiedad privada de quienes compraron esa tierra, nadie sabe finalmente a quién.

Hoy son llamados terroristas, encarcelados y tratados de manera inhumana, violando todos sus derechos, con juicios y jueces que dan vergüenza y testigos capaces solo de declarar a rostro cubierto, para encubrir la verguenza por inventar historias viejas, escritas por los mismos de siempre.

Permitanme reconocer la impotencia que siento y tratar de repararla, al menos, rompiendo el silencio cómplice de algunos "defensores de los derechos humanos" que, hoy por hoy, prefieren callar y hacer oídos sordos a esta historia tan real como patética, para no dañar la imagen de este Chile del Siglo XXI, a un paso del desarrollo y atendido por sus propios dueños.

PIÑERA O LA NUEVA FORMA DE CONTAMINAR

El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el presidente de la república, luego que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país.¹ Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.

Este deasfortunado episodio, nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable².

Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la concertación, ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.

La COREMA se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la Ley y con consulta al presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.

Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.

Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.

Lo segundo es terminar con la integracón vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.

Lo tercero es mantener una Línea Base³ oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los resursos necesarios para enfrenar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella no existe en la institucionalidad vigente.

Por úlimo, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y a diseñar con la comunidad, las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.

Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.

Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo, en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.

1La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra el proyecto de construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera. Específicamente serán dos plantas a carbón las que se construirán, dentro del proyecto termoeléctrico Barrancones.

2La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.

3Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado, caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser aprobado por los representantes del gobierno en los organismos gubernamentales competentes para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo. Con esto, la administración Piñera le pone un broche de oro a todas sus promesas de campaña de respetar el medio ambiente y desechar las centrales termoelectricas y anticipa lo que seguramente será su lamentable legado en materia medioambiental.

NUEVO PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO

En los últimos días hemos asistido al resurgimiento de una vieja discusión que se renueva como si en los últimos treinta años nada hubiera pasado en nuestra capital. El rechazo a la incorporación de 10.000 nuevas Há a las zonas urbanizables de la Región Metropolitana molestó tanto a los actores económicos que están detrás de los cambios, que debieron desatar una furiosa campaña comunicacional, en donde supuestos destacados profesionales, representantes de inmobiliarias y del sistema financiero salieron a asustar a la población, planteando un encarecimiento de los precios del suelo y de las viviendas al tiempo que afirman que Santiago crecerá, con o sin ampliación por lo que el gobierno debiera hacer cualquier cosa para intentar revertir la decisión del Gobierno Regional.

Dentro de los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 vendió la pomada de la Costanera Norte al gobierno de turno, diciéndole que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión y que ayudaría a convertir al Gran Santiago en una capital del siglo XXI.

No puedo dejar de recordar aquella charla en la FAU en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte significaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió tajante y con el mismo aire de superioridad e infalibilidad con el que lo vemos hoy que en el año 2005 la pobreza en Chile ya no existiría.

El mismo protagonista hoy nos desea imponer otras de sus profecías de carácter teleológico y nos dice que la RM llegará a 8 millones de habitantes y consumirá 10.000 nuevas hectáreas de suelo rural, de todas maneras, planteando además, que la gente está dispuesta a viajar y pagar cada día más por vivir en una casa con más terreno y cerca de la naturaleza, como si las poblaciones de Pudahuel Sur, de Quilicura y Puente Alto, hubieran acercado a las familias más pobres de nuestra capital a un mejor vivir y en un mayor contacto con la naturaleza.

Lo que estos “expertos” callan es la gran diferencia que existe entre proyectar y planificar el territorio. Mientras el primer término solo se preocupa de constatar las tendencias del mercado y tomar decisiones que las favorezcan sin siquiera cuestionar si estas son buenas o malas, el segundo, aborda las mismas, incorporando otras variables de caracteres sociales, culturales y políticas, desde una mirada critica, intentando encauzarlas hacia un futuro mejor para todos y todas o revertirlas decididamente cuando estas se manifiestan como negativas o cargadas de externalidades que la sociedad no es capaz de asumir y corregir de manera colectiva.

Lo que no nos dicen estos destacados actores del hacer ciudad es que hace ya treinta y dos años que el mercado nos viene prometiendo una mejor ciudad y que la que ha construido, cada vez entrega una más cara y peor calidad de vida a sus habitantes. Lo único cierto, le duela a quien le duela. el mercado no ha logrado en 32 años construir barrios equipados y de carácter autosuficientes y en su lugar ha extendido una ciudad fragmentada y segmentada en donde coexisten sin conocerse siquiera el derroche y la escasez, el ocio y la superexplotación, la salud y la enfermedad, la acumulación y el empobrecimiento paulatino, mientras el valor del suelo ha seguido subiendo y el promedio de viajes diarios por persona se ha duplicado, de la mano de las millonarias utilidades de los desinteresados inversionistas que abogan por más suelo para seguir construyendo una de las ciudades más ineficientes del mundo.

Por qué Santiago habría de seguir creciendo en extensión cuando tiene mucho más de 10.000 HÁ en torno a su centro fundacional, en comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta e Independencia y otras con un nivel de abandono y deterioro, que posibilita absorber el crecimiento de Santiago en los próximos treinta años con un inmejorable acceso a infraestructura y servicios y a diez minutos de todo.

Llama la atención que en todo este debate solo hablen los expertos en proyección urbana, los especialistas en economía y los representantes de las empresas inmobiliarias y que aun no se le de espacio a los innumerables planificadores, académicos y dirigentes sociales que desde el retorno a la democracia vienen planteando la necesidad de contener e intervenir la ciudad con miras a generar equidad urbana antes de que esta siga creciendo sin dios ni ley y solo regida por la oferta y la demanda.

POBREZA Y ESTADÍSTICAS EN EL PAÍS DE LA REALIDAD VIRTUAL

Que las estadísticas sirven para mentir con clase no es algo desconocido. Cualquiera que pertenezca al mundo de la Ciencias Sociales lo sabe. Manipular los datos dentro de los porcentajes de error y los niveles de confianza establecidos y preguntar de manera sesgada, acotada o direccionada, son desviaciones propias de una actividad que, cuando está ligada al poder y la política, pierde parte importante de su ética y de su prolijidad.

Lo preocupante del tema no es solo la capacidad que otorgan las estadísticas de mentir con clase sino también la de construir realidades virtuales mediante la asociación estratégica entre las empresas o universidades de estudios de mercado y opinión y las empresas de comunicación, masificando  formas de entender la realidad, conceptos y verdades a medias, que terminan convirtiéndose en subjetiva realidad.



De esta manera, se generan estudios e indicadores seudo científicos que logran explicar o justificar todo o casi todo y que no pocas veces logran convencer a grupos humanos, de cosas que parecen reales y que claramente no los son.



Un ejemplo claro lo constituye la línea de la pobreza tan en boga en estos días luego de que la nueva casen afirmara que la pobreza subió a un 15, 3% luego de 26 años de venir paulatinamente descendiendo.



Este indicador sitúa el punto de corte de lo que se conoce como pobreza. en un ingreso por persona mensual de $ 47.000, planteando en el sub-texto, que aquellas que ganan $ 46.900, son pobres y las que ganan $ 47.100, no lo son.



Así las cosas, disminuir la pobreza no implica necesariamente acabar con las limitantes para el desarrollo integral y el desenvolvimiento óptimo de las capacidades de las personas y sus familias, sino poder llevar al número mayor posible de las familias que ganan menos de lo que indica la línea de corte, a ubicarse levemente por sobre la misma, para presentar al mundo los “sólidos avances en materia de superación de la pobreza que tiene nuestro país”.



Sería bueno preguntarse entonces, si desde el retorno a la democracia, se ha avanzado efectivamente en la superación de la pobreza y la exclusión, o si por el contrario, hemos logrado llevar, subsidios mediante, a un número importante de personas y familias, levemente por sobre la cifra mencionada con la consecuencia obvia de que a la primera crisis económica, vuelvan a descender, como ha acontecido en los últimos años, permaneciendo oculto hasta la próxima medición. 



Habremos reducido la pobreza o nos seguiremos engañando como país, mientras mantenemos una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo y una de las legislaciones laborales más pro empresas que se conocen.



De esta manera, Chile avanza rápidamente hacia ser percibido como un país desarrollado, modelo entre sus pares debido a la obediente implementación del Consenso de Washington[1], mientras la mayoría de sus habitantes ha visto descender su poder adquisitivo en los últimos años, batiéndose en un país en donde la universidad estatal más barata, cuesta mensualmente más que el sueldo mínimo, donde la salud pública es cada día más frágil y  donde las viviendas sociales han generado mas problemas de los que han logrado resolver.



Hemos terminado pagando hasta por transitar en las calles y avenidas de nuestro país, asegurando a cada paso que damos, las utilidades de las grandes empresas nacionales e internacionales cuyas utilidades han crecido, efectivamente, lo suficiente como para explicar por si solas el incremento del ingreso promedio por persona en Chile que, según encuestas igualmente lejanas a la realidad, casi se ha duplicado en los últimos 20 años.



Es claro que los promedios y los indicadores oficiales no representan la realidad y solo sirven a quienes, con cifras en mano pregonan el éxito de sus gobiernos y el fracaso de los otros, mientras criminalizan las protestas sociales y acusan a algunos sectores de inventar los problemas que llevan a la ciudadanía a protestar y a alejarse de la política mientras la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, a pesar del orgullo que sienten los partidarios de la derecha y la concertación, por la gobernabilidad democrática y a la estabilidad que luce Chile, hace tantos años.

EL CASO PRATS Y EL INDULTO BICENTENARIO

Tres consideraciones al menos nos debería provocar como sociedad el fallo del caso Prats que confirma, después de 36 años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo Ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planificado y ejecutado el doble asesinato del general y su esposa en Buenos Aires en 1974.

La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.

La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.

Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.

Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.

El Trabajo, El Salario y la Propiedad Privada

Nunca está de más recordar el sentido que el trabajo tiene en la vida humana. Menos, cuando el Congreso Nacional acaba de aprobar un incremento del sueldo mínimo de un 4,2, reajuste que será absorbido por completo, solamente por el alza de tarifas del Transantiago en los últimos dos meses mientras que en el 2009, las empresas cuyas acciones figuran entre las más transadas en la Bolsa de Santiago, destinaron $24.982 millones a remunerar a sus directores, aumentando sus remuneraciones anuales en un 19,8% en relación al año anterior.

Para algunos el trabajo nace como castigo divino por el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso. Los mismos pretenden convencernos, además, que bienaventurados son los que sufren y tienen hambre y sed de justicia, ya que después de muertos, serán recompensados. Para otros, es otro factor productivo, junto a las materias primas y al capital, y como tal, en su regulación, sólo debe actuar la todopoderosa y eterna ley de la oferta y la demanda, para asegurar la máxima rentabilidad, dando paso a la reproducción y concentración de la riqueza en, cada día, menos manos.

Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es la forma de realización del ser humano, ya que permite satisfacer nuestras necesidades y reproducir nuestra existencia. En esta cosmovisión, por cierto, la naturaleza es entendida como nuestro cuerpo inorgánico del que dependemos indirectamente para sobrevivir y buscar la felicidad.

De estas visiones nacen las distintas formas de abordar la cesantía y el salario mínimo.

En el caso de la primera, unos afirman que es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad eventual en tiempos de catástrofe; otros plantean que es una variable del modelo económico cuyo comportamiento es resultado de factores mucho más relevantes que la cesantía propiamente tal. Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades ni reproducir su existencia, por lo que se ve privado de realizarse como especie. De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que debieran considerarse un derecho humano fundamental. Esto implica que debiera asegurarlo el Estado cuando la iniciativa privada se revela incapaz de hacerlo para todos y todas.

También resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos que buscan disminuir su valor, para aumentar las utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A este objetivo contribuye el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente, sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan trabajar y están dispuestos a aceptar, incluso, un salario menor al del primero.

Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios, lo que nos lleva a debatir con los defensores del modelo la necesidad, no sólo de asegurar el empleo y aumentar significativamente su valor, sino también a eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación al tiempo de fortalecer la organización sindical y su poder de negociación, para asegurar una más equitativa distribución de la riqueza entre trabajadores y empresarios.

Ellos, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales para obligarlos a aceptar las condiciones que buscan imponer.

Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana, por lo que no logran maquillar su deseo de seguir acumulando riquezas, a costa de los trabajadores. Pretenden aparecer defendiendo la propiedad privada, cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, podemos afirmar que son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Así, se apropian de una parte de la propiedad privada del trabajador, representada por la diferencia entre lo que efectivamente vale su trabajo y los salarios que por él pagan.

¿De qué otra manera se puede explicar el hecho de que una minoría de la sociedad, que incluye al propio Presidente Piñera, uno de los hombres más ricos de nuestro continente, descalifique y estigmatice como irresponsable, la demanda de los trabajadores de incrementar el sueldo mínimo hasta que éste refleje efectivamente el valor del trabajo?

Este es el modelo de desarrollo que ellos han consolidado; el mismo que quienes aspiramos a una sociedad más justa nos empeñamos en transformar y superar.

Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana

En los últimos días hemos recibido noticias que han reabierto de manera auspiciosa el debate acerca de la participación ciudadana en nuestro país. Un conjunto de vecinos organizados, han logrado detener la construcción de un centro comercial, argumentando el rechazo a que su calidad de vida se viera afectada por la llegada de miles de automóviles que habrían congestionado de manera intolerable su barrio con una contundente y casi única victoria en las urnas.

No parece ser una excepción. Por todos lados y en casi todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planos Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando a sus espaldas mientras comienzan a criticar abiertamente los resultados de determinados estudios que solo aplican proyecciones sobre tendencias económicas para responder ciegamente a ellas, pasando por alto las expectativas de los más directamente involucrados.

Salvo contadas excepciones, las autoridades comunales se disponen a abrir a dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios representados por edificios en altura y centros comerciales que se desarrollan sobre añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, buscando jugosos permisos de edificación para las municipalidades y cuantiosas ganancias para las empresas desarrolladoras.

Pero lo cierto es que la responsabilidad no recae exclusivamente las autoridades. Ésta se encuentre repartida entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención de la actual forma de organización de la sociedad en donde todo lo que existe se presenta como instrumentos para la economía, desarrollando formas de entender la ciudadanía y la relación que ésta desarrolla con el Estado que se enmarca más en la definición que del mismo se hace como instrumento de dominación, mucho más que aquellas lecturas que pretenden instalarlo como órgano de dirección de la sociedad.

Primero, está la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, que no se interesan en los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse, en forma reiterada, de las decisiones cupulares y la falta de participación, se abstienen de participar o vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia como forma de relacionarse con su entorno, permitiendo que el sistema se reproduzca autopoyéticamente.

Luego están quienes hacen las leyes, que han validado una y otra vez el hecho de que los Planes Reguladores y el ordenamiento territorial se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones actual, que ellos han modificado al menos en cuatro oportunidades, solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, una vez que el proyecto está terminado, sin exigir siquiera que sean incorporadas las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares.

Luego la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo y en gran parte de las consultoras dedicadas a la planificación territorial, que con una visión absolutamente sobreideologizada y con cada día menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación y el ordenamiento territorial, completamente reñida con la participación y con las expectativas de los destinatarios de las mismas, reduciéndola solamente a una forma más de movilizar recursos con miras a la tan ansiada reproducción del capital.

Por último, están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en un tema casi exclusivo de voluntad política. Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas y a las consultoras dedicadas a la planificación y el ordenamiento territorial, incorporar la participación comunitaria de manera temprana y vinculante, es decir, incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto, con el compromiso de que las decisiones mayoritarias de la comunidad, se vean efectivamente reflejadas en los instrumentos legales.

No obstante lo anterior, desde mi perspectiva, la responsabilidad mayor recae en la ciudadanía, por su egoísmo, su falta de visión y de solidaridad. Hay que asumirlo, nunca vimos a los ciudadanos contenido completo.y ciudadanas de La Reina reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte. Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos. Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman. Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a quejarse de las decisiones que, de manera inconsulta, toman la mayoría de las autoridades.

Ese debe ser uno de los resabios más profundamente arraigados de la cultura individualista y autoritaria que dejó la dictadura y de la cual Chile aún no logra desembarazarse.

MAS DE LO MISMO EN EL CHILE DE LA ALIANZA.

Atrás parecen estar quedando aquellos días en que la Alianza por Chile y particularmente la UDI se pavoneaban en todos los medios de comunicación, apuntando con dedo acusador a los gobiernos de la Concertación, por el triste espectáculo que daban en temas relacionados con la corrupción, la ineficiencia, el cuoteo político y la utilización del aparato del estado, solamente para asegurar la reproducción de su propio poder.

Recién estrenado el primer gobierno de la vimos al partido popular reclamando porque no se les había considerado de manera adecuada, en los nombramientos que el ejecutivo estaba llevando a cabo, exigiéndole un mayor equilibrio y consideración a los partidos, en la conformación de su gobierno.

Poco después, algunos personeros que habían sido ratificados en sus cargos, tuvieron que dar un paso al costado porque se les estaba exigiendo que solicitaran la renuncia a todos aquellos profesionales seleccionados en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, para poner en su lugar a personas afines al gobierno. En la misma senda otro de los colaboradores elegidos por el ejecutivo para dirigir los destinos del Diario La Nación, fue removido porque la UDI vetó su nombramiento por estar involucrado en la investigación periodística del caso Spiniak que casi le cuesta la vida política a Novoa.

Como si fuera poco, en estos el país mira atónito como otro alcalde de la UDI es formalizado por recibir coimas con el objeto de asegurar importantes negocios a conspicuos empresarios de su propio sector, mientras una de sus diputadas se prepara para ser desaforada luego de ser formalizada por utilizar los dineros asignados a sus asesorías profesionales para incrementar sus ingresos personales y familiares.

Para colmo las tres grandes cadenas premiadas sin licitación con las compras del estado orientadas a la reconstrucción elevan sus precios de manera significativa y se muestran sin stock de materiales, tirando por el sueldo la justificación del ejecutivo, de mayores ahorros, eficiencia y eficacia, para sostener su decisión.

En un plano secundario pero no menos importante, se siguen denunciando despidos masivos en varios sectores del estado y en el sector privado, mientras al igual que la Concertación, el gobierno de la Alianza, que antes criticaba con dureza ejemplar la gran cantidad de comisiones formadas por Bachelet para analizar temas de importancia social, se apresta a formar una comisión, esta vez, para analizar un mecanismo para fijar de manera casi automática el salario mínimo. En un tercer plano, la delincuencia, que tenía sus días contados, sigue haciendo nata, a pesar de la notoria baja en la cobertura de los crímenes y delitos, afectando a los mismos personajes que antes se quejaban de no entender cómo eran asaltadas sus viviendas, viviendo a escasos metros de autoridades de gobierno.

No debe sorprendernos entonces la significativa baja en la aprobación del gobierno y la consiguiente alza en el rechazo del mismo, por parte de la ciudadanía,¹ ya que las altísimas expectativas generadas por una candidatura que prometió el establecimiento de una nueva forma de gobernar y que a poco andar parece simplemente ser más de lo mismo, comienzan a encontrarse de lleno con el vacío existente detrás de todas las buenas campañas de marketing político.

1 Encuesta Adimark de Evaluación Gestión del Gobierno, Abril 2010.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERDIDAS EN EL TRANSANTIAGO Y RENTABILIDAD SOCIAL

En estos días, el Transantiago ha vuelto a ser uno de los centros de la discusión política metropolitana. A pesar del mejoramiento de los tiempos de viaje y de la disminución de los transbordo, el Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana sigue estando lejos de las promesas que como proyecto ofreció a la capital.

A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas por 50 millones de dólares mensuales.

La instalación del foco en dicho fenómeno le ha servido además al gobierno para justificar más represión y para provocar más conflictos y desconfianza entre la ciudadanía. Ésta ha optado por enfrentar personalmente a los evasores mientras se sigue resignando a tolerar y pagar por un mal servicio, que no tiene ninguna posibilidad real de mejorar mucho más.

De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.

Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano,. Se ha instalado la erronea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.

Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas. Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.

Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.

La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.

De muestra, un botón: El 20% de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 50% de los mismos.

En el caso de la educación, solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas. Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.

Una simple reflexión nos permite deducir que si los 50 millones de dólares de perdida mensual que arroja el Transantiago, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios¹ y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados.

En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social

Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.

En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente que continuar tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte publico para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.

1 Las escuelas modulares de Lavín con capacidad para 150 alumnos cuestan U$180.000 aproximadamente por lo que con un mes de Transantiago se podrían construir 250 escuelas distribuidas en los barrios generadores de viajes.

PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EMPRESAS.

En la editorial del diario La Tercera del viernes 9 de Abril se hace un llamado a continuar promoviendo la competencia y no ceder a la tentación de discriminar entre empresas, en un intento de detener cualquier análisis que permita diferenciar legalmente el tratamiento que la ley otorgaría a las mismas, en materia tributaria o de flexibilización laboral, según sea su tamaño o el rubro en el que desarrollan su actividad, con miras a superar la catástrofe surgida a partir del terremoto del 27 de febrero, en nuestro país.

Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia. De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.

Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.

Este es el caso del descuento por volumen, que corresponde a una arbitrariedad entre privados que anula completamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los pequeños empresarios, convirtiendo las definiciones anteriores solo en frases vacías que buscan construir una imagen de sociedad ideal, más que representar la realidad nacional, marcada por la concentración de la riqueza y las dificultades permanentes para los pequeños y medianos empresarios.

De esta manera un pequeño comerciante que desea comprar latas de bebidas para abastecer su local se encuentra con que le resulta más barato comprarle a una cadena de supermercados, que directamente al productor de las mismas, ya que debido al volumen de la compra del primero, éste es capaz de negociar y congelar precios de manera de salir al mercado en condiciones incluso más ventajosas que las del mismo productor.

Otro ejemplo es la diferencia abismal existente en las formas y oportunidades de pago existentes a los grandes y pequeños proveedores y el acceso a créditos que ambos poseen en virtud de la discriminación y arbitrariedad en la definición de las tasas de créditos con las que el mercado financiero asegura su rentabilidad, de acuerdo al riesgo de cada actor económico, lo que define el acceso a financiamientos que poseen los mismos con miras a sortear los problemas de flujo propios de cualquier emprendimiento.

Mientras unos reciben pagos al contado y con acceso inmediato y sin aval al crédito, otros lo hacen a 30, 60, 90 y hasta 120 días, viviendo permanentemente al borde de la quiebra y pagando intereses usureros a los primeros.

Cabe destacar que en algunos países desarrollados, ambas prácticas están prohibidas, precisamente para asegurar lo que algunos defienden como libre competencia.

La defensa de la igualdad a medias en las condiciones que las empresas deben enfrentar para competir, poniendo el énfasis solo en la necesidad de anular posible arbitrariedades del estado pero no la de los privados, solo puede provenir de sectores comprometidos con la mantención de un modelo eminentemente concentrador de la riqueza y promotor despiadado de las diferencias sociales como el nuestro. Incoherencias como estas son capaces de explicar por qué en nuestro país sale tan caro ser pobre y tan barato no serlo.

Por lo mismo es que se hace necesaria una revisión completa de las condiciones para adoptar una línea coherente para el desarrollo una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ya sea eliminando las potenciales arbitrariedades provenientes tanto del sector público como del privado o buscando formas para compensar las existentes de manera de ir cerrando las brechas que en los últimos 40 años se han seguido ampliando.

¿CHILE, PAÍS SOLIDARIO?

En los últimos días hemos asistido a un sinnúmero de declaraciones y hechos noticiosos que pretenden resaltar lo solidario que, se supone, es nuestro país.

Programas especiales y reportajes de prensa nos hablan de actitudes heroicas y de las supuestas réplicas solidarias que han seguido al terremoto del 27 de febrero pasado para mostrar esa supuesta característica, común a todos los chilenos y chilenas.
A través de los medios de comunicación de masas, hoy, la totalidad de ellos en manos de los defensores del modelo económico que impera en Chile desde la dictadura, se ha desarrollado una campaña para destacar los esfuerzos individuales y colectivos, de partes diminutas de eso que se llama sociedad, para aminorar en algo el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, intentando relacionar dichas acciones, con la supuesta solidaridad que como país nos caracteriza. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, los mismos medios de comunicación de masas, han tratado de ocultar los hechos que demuestran exactamente lo contrario.

Por lo mismo es que quiero aprovechar la oportunidad para discutir esta teoría, que más parece ideología, que pretende instalar como hecho cierto el que Chile, nuestro país modelo, sea efectivamente solidario y quiero poner de manifiesto todo aquello que en mi parecer, dice lo contrario.

Para mi un país solidario es un país que estructuralmente opta por hacerse cargo de manera colectiva y a través de su ordenamiento jurídico de los temas que dicen relación con los derechos humanos básicos consagrados en la declaración universal, velando de manera particular por el desarrollo de un país más igualitario en donde todos y todas vivan con dignidad.

Es un país en el que nadie debe depender de la caridad para resolver sus problemas más elementales pues el colectivo ha dispuesto una serie de medidas para que esos problemas, simplemente, no existan.

Un país solidario es aquel que opta por mantener un sueldo mínimo que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas sin tener que recurrir al sobreendeudamiento para que, incluso cuando del consumo básico de los más pobres, el sistema financiero pueda hacer su utilidad.

Un país solidario es aquel en que los beneficios del aparato productivo son repartidos entre los que aportan el capital, los medios de producción y el trabajo de manera más equitativa y en donde los sistemas de salud y educación pública suelen ubicarse entre los mejores disponibles y no son precisamente los responsables de reproducir y acrecentar las diferencias sociales existentes asegurando que los hijos de pobres tengan educación de pobre y salud de pobre y, por lo mismo, en el futuro, trabajo y vida de pobre de generación en generación.

Un país solidario disminuye la pobreza de manera sólida y estructural, no inflando de manera artificial los ingresos familiares, mediante subsidios focalizados, para que parte importante de la población salga, también de manera irreal, de lo que ellos llaman “la pobreza”, pero que al más mínimo desastre natural o crisis cíclica del capitalismo vuelven con más fuerza a reinstalarse entre los sectores pobres, pues no tienen herramientas que les permitan, por si solos, superar un problema de esta magnitud.

En las mismas circunstancias, los que más tienen solo necesitan cambiarse de una de sus casas a otras mientras mandan a reparar la primera y/o disminuir los riesgos en sus negocios y empresas despidiendo trabajadores, precisamente para asegurar sus niveles de ingreso y de vida a costa del sufrimiento de los otros, los más pobres.

Será por eso que en los países de verdad solidarios, las utilidades promedio de las empresas son menos de la mitad de las que arrojan las cifras de nuestro país y los sueldos de los trabajadores, que incluso trabajan menos que en nuestra patria, tienen un poder adquisitivo significativamente mayor que en el nuestro.

Será por eso que en los países solidarios de verdad, no se necesiten teletones en donde los grandes empresarios salgan ofreciendo regalar una frazada por cada frazada que sus clientes compren, ni deban salir a regalar una mínima parte de sus utilidades anuales para dar muestras de blancura luego de años de pagar malos sueldos y construir su tremenda riqueza a costa de pagar a sus trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo.

Será por eso que los trabajadores de los países solidarios pueden, con sus mismos salarios y con la red de protección social del estado, financiada con una estructura tributaria verdaderamente solidaria, enfrentar no solo un terremoto y un maremoto sino que cualquier desafío que la vida les plantee.

Quizá sea por eso que en los países de verdad solidarios, las cárceles se están quedando vacías y los pobres no roban cuando hay un desastre, porque pueden resolver sus problemas con lo que el ordenamiento jurídico de sus países les asegura y los que tienen, tampoco salen a robar para acumular bienes que no necesitan, pues tienen más cultura y saben que son parte de una sociedad verdaderamente justa y solidaria.

Es cierto que en nuestra sociedad existen numerosas muestras de una subcultura solidaria, que permanece dormida sobretodo en los sectores populares y que hay que saber reconocer y aplaudir cuando ella vuelve a manifestarse, en forma de ollas comunes y actividades solidarias, dándole quizá más apoyo y recursos, porque están acostumbrados a resolver por la fuerza y de manera colectiva, lo que nuestro país no aspira a resolver de manera estructural como sociedad.

También es cierto que existen instituciones que aspiran a enseñar e instalar la caridad privada como herramienta fundamental para combatir la pobreza y el sufrimiento de los que menos tienen, pero ninguna de ambas puede confundirse, en ningún caso, con todo aquello que define a un país solidario, realidad de la cual, nuestro país, no puede estar más alejado.

SANTIAGO BAJO EL AGUA ... OTRA VEZ.

Cada vez que viene un temporal de lluvia, frío y nieve con aludes y, muerte y destrucción incorporados; cada vez que nuestro país se inunda llevando el sufrimiento y la impotencia a vastos sectores de chilenos, pero ensañándose de manera particular con los que viven en la marginalidad social, surgen voces acomodadas que, desde sus oficinas o desde su culposa posición, se dedican a buscar responsables entre los actores de la realidad contemporánea sin, siquiera echar un vistazo a la historia reciente de nuestra patria. Como si la ciudad que hoy vivimos se hubiera construido por arte de magia.

De paso, se invoca el cambio para que todo siga igual, y se hacen diagnósticos y críticas, que nada tienen de nuevo, a los gobiernos de turno y que es menor aun lo que aportan a las soluciones reales que se requieren para dar por superado, de una vez y para siempre, el problema de la cuenca de Santiago.

Resulta fundamental entender que Santiago forma parte de una extensa cuenca rodeada de cerros en todo su perímetro cuyas aguas fluyen por sus cauces naturales y por toda su superficie, hacia la zona más baja de la cuenca, en los sectores de Pudahuel – Lampa – Maipú, y hacia el océano pacífico a través de sus ríos.

El término cuenca define un “territorio rodeado de alturas cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar”. Las aguas pueden fluir a través de cauces naturales visibles o a través de cursos de aguas subterráneos o pueden infiltrarse directamente en la cuenca a través del terreno de la misma.

No obstante lo anterior, toda cuenca posee una capacidad limitada de absorción de aguas antes de llegar a inundarse. Las aguas que no escurren son las que, infiltrándose en la tierra, alimentan los ciclos naturales que generan la vegetación, las actividades agrícolas y la vida urbana de una cuenca.

Cuando una cuenca es ocupada por una ciudad, su capacidad de infiltración y escurrimiento natural, se ve afectado por la construcción de edificios e infraestructura caminera y de todo tipo, que restan a la cuenca capacidad de infiltración y drenaje de las aguas, lo que puede ser revertido mediante adecuadas obras de infraestructura que permitan a las aguas recuperar su cauce normal, de forma de no alterar los ciclos naturales ni dañar el medio ambiente.

Pozos de absorción, colectores primarios y secundarios, redes de evacuación de aguas lluvias, redes de alcantarillado, plantas de tratamiento, etc, son algunas de las obras que persiguen ese objetivo. Sin embargo, todas las obras mencionadas no pueden ni podrán solucionar el problema de una cuenca una vez que el equilibrio de la misma se haya roto como hace años ya, se rompió el equilibrio de la cuenca de Santiago.

Ahora bien, el problema de la región Metropolitana, y de todas las cuencas del país, reside fundamentalmente en que, desde la formulación de la política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 y 1985, en tiempos de dictadura militar, se entregó el destino de las ciudades, y por lo tanto, de las cuencas naturales, al todopoderoso y eterno “libre mercado”. Lo que devino en una sobreexplotación, a cargo de las inmobiliarias privadas, de tierras naturales que proveían al Gran Santiago de servicios ambientales irreemplazables, como son los servicios de drenaje, ventilación, absorción de residuos, etc.

Esto trajo consigo una merma significativa en la capacidad de absorción, infiltración y drenaje, las que han sido drásticamente disminuidas sin obligar a los realizadores de estos estupendos negocios inmobiliarios a la realización de la infraestructura mínima necesaria para paliar los efectos de este fenómeno e incluso, sin la planificación mínima que permitiría evitar construcciones de todos los niveles sociales, en zonas de evidente riesgo natural.

En síntesis, los problemas que frecuentemente se repiten en nuestras ciudades en épocas de lluvias radican en el manejo no sustentable que durante muchos años se ha venido realizando en nuestro país de las cuencas que albergan nuestras ciudades, las que son expresión clara de una sobre ideologización que ha confiado desmedidamente en el mercado y en la iniciativa privada para guiar los destinos de una sociedad descerebrada, incapaz de pensarse y limitarse a sí misma con miras al bien común.

Lo anterior se debe a la continuidad esencial de las políticas urbanas implantadas durante la dictadura, que han promovido la conformación de una ciudad altamente ineficiente e inequitativa, con un manejo no sustentable de la cuenca que la acoge y absolutamente incapaz de resolver el problema de la marginalidad social, aun escondida en el pobre concepto de “la pobreza”.

En ellas, la naturaleza, la tierra y, por ende, las cuencas que acogen las ciudades y también los seres humanos, fueron considerados solo como instrumento para el crecimiento económico y el mercado se declaró amo y señor del suelo, tanto urbano como rural.

Se eliminó, de todas las áreas de la actividad nacional, la planificación y la participación comunitaria real y concreta. La tierra dejó de ser considerada como un bien escaso y como materia prima para la satisfacción de las necesidades, y se anularon las limitaciones de explotación que sobe ella existía[1].

En el ámbito urbano, la reestructuración neoliberal de la sociedad propugnó una reforma a la institucionalidad urbanística que puso fin abruptamente al ideario precedente, basado fundamentalmente en la planificación central del desarrollo urbano, reprobándolo por ineficaz y obstaculizador de la iniciativa privada, se eliminaron los límites urbanos y se incorporaron áreas de expansión urbana sobre los mejores suelos agrícolas de la cuenca de Santiago, que también son los suelos ideales para la infiltración de las aguas, reemplazándolos por calles y conjuntos residenciales en extensión horizontal pero con densidades similares a las construcciones en altura, bajo el precepto de que el uso del suelo debía ser definido por la rentabilidad del mismo.

La ciudad creció en diez años lo que no había crecido en cincuenta y multiplicó por dos su extensión en poco más de una década. Esto trajo consigo una superexplotación absolutamente irracional de la cuenca de nuestras ciudades, ocupando enormes extensiones de tierras aptas para la infiltración de las aguas de la cuenca, pavimentándolas o construyendo sobre ellas y poniendo caminos que actuaron como diques de contención, sin ningún ordenamiento ni planificación del crecimiento, el que quedó subordinado a los intereses inmobiliarios de la iniciativa privada. Así, las cuencas fueron consideradas solo como un receptáculo de inversiones inmobiliarias cuyo impacto sobre el medio ambiente y la naturaleza ni siquiera fue considerado como un tema.

La vivienda, considerada hasta el gobierno de Salvador Allende, como un derecho, fue considerada como un bien y desde ese momento debía adquirirse con el esfuerzo y el ahorro de la familia, reservando para el Estado solo la planificación de los ritmos de construcción necesarios para paliar el déficit, la gestión de las normas y la subsidiariedad para aquellos que no pudieran por sí solos, resolver el financiamiento de su propia vivienda.

Para cumplir con los objetivos, se buscó construir la vivienda social más barata del mundo y como los materiales y la mano de obra carecen de elasticidad, se optó por construir en los terrenos más baratos de la cuenca: la periferia de las ciudades, los terrenos agrícolas, las laderas de los cerros y algunas zonas en evidente situación de riesgo en las cuales hasta el día de hoy se sigue construyendo de manera absolutamente irresponsable.

Por último se resguardaba también para el estado el control del proceso, cuya producción caía bajo la responsabilidad exclusiva del sector privado que a partir de entonces podía lucrar indiscriminadamente con las necesidades más básicas de los chilenos y chilenas, sin limitaciones ni resguardos, sin un ideal de ciudad de por medio y sin las mínimas exigencias que aseguraran como había sido hasta esa fecha, una adecuada relación de las ciudades con su naturaleza circundante. Los privados, pudieron entonces hacer grandes negocios, especulando con el suelo que rodeaba Santiago, vendiendo parcelas y predios rústicos por aquí y por allá, hipotecando el futuro de numerosas familias con su accionar completamente inescrupuloso ante la vista cómplice de los ideólogos de la dictadura, los actuales adalides del cambio.

Se pretendía la formación de un mercado abierto de suelo y de viviendas, tal como se hizo con todas las áreas de la vida cotidiana y paulatinamente se iría completando el traspaso de responsabilidades al sector privado, entregándole primero la responsabilidad sobre los proyectos de arquitectura y urbanización, y posteriormente la elección de los terrenos para la ubicación de los conjuntos, sistema conocido como “llave en mano”.

El mercado inmobiliario se apoderó de la ciudad y los habitantes de menores recursos fueron expulsados de los lugares en donde vivían y llevados a la periferia, sin considerar sus expectativas de vida y mucho menos la capacidad real de esa periferia de dar respuestas adecuadas a la implantación en ellas de miles de viviendas que cuando fueron entregadas, ya formaban parte del parque deficitario de viviendas en Chile, escondiendo la pobreza y cubriendo con un velo de lejanía, la segregación espacial y social que se iba gestando en este Chile moderno cuya política de desarrollo urbano aspiraba a la conformación de barrios homogéneos en donde los ricos vivirían con los ricos y los pobres con los pobres, en barrios que tendrían la oferta de servicios que la demanda que sobre ellos se instalaran pudieran pagar. Así, en los barrios de las clases adineradas habría de todo y en los sectores populares, muy poco o casi nada.

La especulación del suelo urbano terminó por arrasar con estupendos suelos agrícolas y con gran parte de la capacidad de infiltración y absorción de aguas de la cuenca, con innumerables plazas de trabajo y con no menos comunidades rurales que fueron absorbidas por el siempre todopoderoso crecimiento económico. Las clases adineradas comenzaron a subir por los cerros, buscando exclusividad y naturaleza y al poco tiempo surgieron las construcciones populares que seguían a los negocios inmobiliarios para servir a los señores y poder subsistir. Nuestra cordillera y nuestros cerros se llenaron de casas y de viviendas populares instaladas en zonas de riesgo, sin ninguna planificación ni obra de mitigación.

El error fue reconocido más tarde en la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1985[2] debido a la evidencia de que el suelo urbano no respondía a las leyes de la economía clásica debido a sus muy particulares condiciones, pero el proceso se reveló ya como algo irreversible, ya que el estado nunca volvió a tener capacidad de gestión, ni competencia, ni atribuciones y mucho menos voluntad política para pensar por la sociedad en su conjunto, y mucho menos para disputar, a la iniciativa privada, aquellas áreas en donde el lucro aparecía como un contrasentido, ubicándose siempre al servicio de los intereses privados que hicieron de la especulación el mejor de los negocios.

El término del régimen autoritario trajo consigo a gobiernos que con la promesa de una transición a la democracia y con la imposibilidad de profundizar los procesos de democratización y reconstrucción de la sociedad civil, se han dedicado sólo a administrar el modelo, intentando “humanizarlo”, perpetuando un sistema antidemocrático, no participativo y excluyente que para nada ha logrado revertir el proceso antes mencionado por lo tanto sigue siendo incapaz de dar solución permanente a problemas que requieren de un estado fuerte, con recursos, voluntad política y atribuciones para intervenir el territorio manera de definir cómo y hacia donde crece la ciudad y construir los colectores primarios, secundarios y todas las obras que se debieron haber construido en los últimos 32 años y de los cuales solo se han hecho una parte.

Los tímidos avances en materia de descentralización se han encontrado con una cultura organizacional que ha mantenido la vieja forma de hacer política en las nuevas estructuras. En este contexto, se intentó poner término oficial a la expansión ilimitada de la Metrópoli y a la ocupación irracional de la cuenca, con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS 1994), pero proyectos como el Plan Chacabuco y otros, o la incorporación de las zonas aledañas a Melipilla o Pirque, avalados por el mismo gobierno, siguen atentando contra los suelos fértiles, contra la capacidad de absorción de aguas de la cuenca de Santiago, contra las fuentes de trabajo que de ellos emanan o podrían emanar y contra las comunidades que en ellos viven, a lo largo de todo el país.

La primera conclusión que se puede extraer del presente texto es que la implantación del neoliberalismo en nuestro país, modelo por esencia concentrador de recursos y de mercados de todo tipo, y la subordinación al mercado que de este proceso emanó de todas las actividades cotidianas, trajo consigo un crecimiento desmesurado y desordenado de las áreas metropolitanas de nuestro país, principalmente, el Gran Santiago, lo que ha traído una serie de consecuencias que ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades y las capitales regionales, en especial la de la ciudad de Santiago. A esto debe sumarse el accionar individual de quienes sin responsabilidad alguna sobre las consecuencias de sus actos, intervienen el territorio pensando que por comprar un pedazo de tierra, pueden hacer con ella lo que quieran sin medir ni asumir sus consecuencias, como fue el caso del dique que contribuyó a generar las dramáticas consecuencias que todo el país pudo contemplar hace pocos días en el Alud de Farellones.

Entre estas consecuencias destacan el manejo no sustentable de la cuenca de Santiago y de casi todas las cuencas del país, la incorporación de miles de hectáreas históricamente destinadas a actividades agrícolas y a la infiltración natural de las aguas, al crecimiento urbano, la falta de fiscalización de las direcciones de obras municipales que en muchas oportunidades han actuado como cómplices de los intereses privados legitimando la construcción en zonas de riesgo, además de la precariedad de las construcciones y de las condiciones de urbanización, que son las que han permitido que se repitan cada ciertos años, las mismas imágenes que hoy mantienen en vilo al país en su conjunto.

Sin duda, lo más elocuente en nuestra cultura empirista son las cifras y lo anterior queda al descubierto con todo su drama cuando toma en consideración que la ciudad de Santiago, por dar un ejemplo, llega al siglo XX con 4.000 hectáreas de expansión. En los primeros 40 años del siglo la ciudad pasa de 4.000 a 10.985 para alcanzar en 1952 a 15.047 Has. En 1960 la ciudad ya se había extendido sobre 20.985 y en 1970 la ciudad alcanza a 30.000 para llegar a 1982 a 38.296 Has. Es decir 82 años le llevó a Santiago consumir 34.296 hectáreas de suelo y en los 15 años posteriores y a pesar de vivir el país, dos de sus peores crisis económicas entre 1982 y 1984 y entre el 97 y el 2002 , que virtualmente lo han paralizado, se duplicó en extensión.

El ritmo de crecimiento en expansión ha generado, grandes utilidades para los empresarios inmobiliarios y, al mismo tiempo, deseconomías urbanas que nadie ha pagado y cuyas consecuencias aun están lejos de poder medirse. Sin embargo, para nadie puede ser una novedad el que la incapacidad de absorción de aguas de las cuencas urbanas, la construcción sistemática de viviendas sociales en áreas de riesgos naturales y las vidas perdidas por los recientes temporales, junto al incremento significativo de las enfermedades mentales, de la contaminación y de sus consecuencias en la salud de las personas y la pérdida de capacidad productiva en agricultura, son algunos de los efectos que pueden verse a simple vista.

La obsesión por la rentabilidad urbana hizo disminuir paulatinamente el interés por el espacio público y las áreas verdes bajando significativamente la relación de estos espacios por habitante en las metrópolis chilenas; fueron desapareciendo proporcionalmente los espacios de esparcimiento y de extensión de las viviendas así como una parte significativa del espacio colectivo, mientras aumentaban paulatinamente los espacios ocupados por el automóvil,. Esto trajo consigo una disminución significativa de los espacios públicos y, por ende, una disminución del encuentro social, de los espacios de reunión y de reproducción de la cultura, tan importante para el desarrollo humano.

Además, la agudización de la segregación social del espacio urbano, que se manifiesta en la división funcional del espacio urbano entre usos residenciales, de esparcimiento, para la producción y para el comercio; resultado de la división del trabajo y del progreso tecnológico por una parte; y por otra, la división social del espacio entre ricos y pobres, fue determinando que el acceso a los bienes y servicios urbanos fuese igualmente dispar.

Así las cosas, se puede concluir también que la distribución espacial del ingreso y la concentración del mimo, tienen una clara expresión espacial en el Gran Santiago. Tanto los datos relativos a distribución del ingreso como la calidad del equipamiento, calidad de vida y estándares habitacionales se han distribuido crecientemente desiguales en los distintos barrios y comunas pudiendo concluir que el nivel de vida de la población se ha distribuido en el espacio urbano, de manera directamente proporcional a la distribución del ingreso.

De la misma manera, se ve con claridad, que el proceso de segregación espacial que se inició en la dictadura y que fue llevado a cabo a través de la expulsión forzada de los habitantes hacia la periferia, se ha seguido desarrollando en el actual sistema político por la expulsión velada que significa la continuación de un modelo de desarrollo urbano y de política habitacional, que no ha cambiado los patrones de localización de los programas habitacionales al interior de la ciudad, ni ha democratizado el proceso al no otorgar posibilidad alguna de elección a los beneficiarios, lo que sigue atentando contra el manejo sustentable de la cuenca, privilegiando la extensión en la horizontal con la densificación en altura del centro abandonado y deteriorado de la metrópolis.

La riqueza se ha seguido acumulando, la pobreza se ha seguido extendiendo y la distribución del ingreso es cada día más desigual distanciando aún más las realidades que coexisten sin convivir, al interior de nuestra “comunidad urbana”.

En este contexto, estos últimos años han estado marcado por un aumento sustantivo en la conflictividad social producto de la excesiva y desigual división de los costos y los beneficios del equilibrio macroeconómico entre la población en tiempos de crisis. Ningún sector productivo ha estado ajeno a ello y sin duda los movimientos sociales de carácter reivindicativos fueron protagonistas inolvidables del año que esta terminando. Sorpresivamente y por primera vez, luego de casi tres décadas, a las demandas más tradicionales como trabajo, salud y educación se sumó la crisis del modelo de políticas habitacionales, la contaminación y la congestión, en síntesis, el deterioro progresivo de la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad metropolitana, hoy se suman los problemas de las inundaciones y el deterioro aumenta significativamente.

Esto nos demuestra que las políticas tributarias, de empleo, laborales y salariales, y el mecanismo de asignación y distribución de recursos que experimentó el país, con el crecimiento de la economía informal y el surgimiento del subcontrato como forma de externalizar los riegos y los costos fijos del proceso productivo, fue paulatinamente expresándose en el espacio urbano lo que derivó en ciudades marcadamente dicotómicas en donde coexisten sin tocarse la riqueza y la pobreza, el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad, la superexplotación y el ocio, la seguridad y la vulnerabilidad.

Aunque no se puede asumir una posición causalista, esto hace prever que los conflictos sociales, lejos de disminuir, irán en aumento si es que el Estado no toma cartas en el asunto.

Se hace urgente revisar la legislación tributaria y laboral vigente en el sentido de corregir las desigualdades creadas por el libre mercado del trabajo, en donde las empresas expropian al trabajador una parte del producto de su trabajo (ünica fuente Legítima de Propiedad Privada) a través de sueldos miserables que permiten destruir la propiedad privada del trabajador para generar la gran propiedad privada del empresario, concentrando los ingresos cada vez más, en menos manos, y el estado está incapacitado para recuperar esa expropiación por medio de más impuestos, que en nuestro país son particularmente bajos para las empresas y particularmente altos para las personas y los trabajadores independientes, lo que implica que se privilegia la doble expropiación al trabajador, por una parte el empresario le expropia una parte creciente de su sueldo y por otra el estado vuelve a castigar con impuestos a los que menos ganan, cobrando proporcionalmente menos, mientras más se gana.

Además, es innegable que este proceso de segregación urbana, que es producto del modelo antes descrito, aparece como difícil de revertir y generará un desplazamiento espacial de los focos de conflictividad urbana hacia la periferia. Esto ha redundado y lo seguirá haciendo, en un deterioro de las condiciones del hábitat familiar y local, lo que será cada día más difícil de revertir debido a lo permanente de las inversiones urbanas y habitacionales, que sin importar su calidad tienden a permanecer en el tiempo como pies forzados de futuros enfoques para solucionar los conflictos creados durante años de persistencia de las mismas políticas.

En otro orden de cosas aparece como claro que con la legalidad vigente, en la cual la subordinación del bien común al capital es evidente, ha persistido y persistirá el crecimiento en extensión lo que seguirá generando deseconomías urbanas y dispersando las energías económicas en construir más ciudad sin mejorar la existente, utilizando más proporción de la cuenca, sin corregir ni reconstruir su capacidad de infiltración y absorción de aguas. Esto sin duda terminará con el desperfilamiento de la región como límite político administrativo real y se avanzará a paso cada vez más agigantados hacia la conformación de una Megalópolis entre la Región Metropolitana y la V Región lo que traerá consecuencias urbanas espaciales de dimensiones imposibles de anticipar.

El defectuoso mercado del suelo, exacerbado por las prácticas especulativas, solo puede ser revertido por un cambio estructural de las leyes que rigen el comportamiento de los distintos actores involucrados en el hacer ciudad y en el manejo de las cuencas geográficas, por lo que aparece indispensable la democratización de la sociedad chilena y el término de los enclaves autoritarios que impiden los cambios legales sin los cuales todas las buenas intenciones quedarán en el papel.

Otra conclusión que es posible sacar de todo esto es que, a la luz de los nuevos aires de supuesta reconstrucción democrática, el estudio de las políticas públicas obliga a construir una visión integradora del rol del estado y su responsabilidad social. En el caso de las políticas de protección medioambiental, desarrollo urbano y habitacionales, esto significa dar vuelta la concepción del desarrollo urbano, y replantearse la concepción sectorialista del estado, hacer ciudad desde la vivienda, entendida esta como el lugar en donde se da la vida y en torno al cual giran las demás actividades; como un proceso complejo desde el cual deben articularse las otras actividades: y no a partir de las actividades económicas y la rentabilidad del suelo. Esto debiera llevar a la conformación de barrios preferentemente mixtos y equilibrados, con las salvedades solo de las actividades incompatibles entre si, para revertir en algo el tremendo grado de especialización del uso del suelo urbano.

Esto obliga a repensar el rol que el estado debe jugar en la reconstrucción de la comunidad urbana que se ha visto destruida por la racionalidad vigente, siendo capaces de cuestionar en un futuro próximo a la racionalidad económica que la acompaña. Esto no podrá realizarse sin profundizar significativamente los procesos democráticos que cursan en nuestro país promoviendo la participación ciudadana en los procesos de gestación y focalización de las políticas, así como en las discusiones acerca de las orientaciones que estas deben tener. En este sentido, la descentralización efectiva y la desconcentración que busca potenciar el empoderamiento de las masas se hace estrictamente necesario y trasladar aun más recursos y competencias a las esferas locales de decisión se percibe como imprescindible.

En un ámbito más particular, se hace también necesario replantearnos los programas y las políticas habitacionales tremendamente especializados y aislados como parcelas incoherentes, reemplazándolos por programas integradores e integrales, en donde vivienda, educación y salud, trabajo, esparcimiento y deporte, acceso a los bienes y servicios básicos; sean partes de un solo programa de elevación de la calidad de vida, de manera integral, en donde el desarrollo humano como lo entiende Luis Brahm en su texto acerca de la estructura espacial del desarrollo humano del Gran Santiago, sea el objetivo de las políticas gubernamentales (Brahm,1991).

Aparece como lógico entonces, promover cambios en la Constitución de la República, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la ley de expropiaciones y en particular, en los instrumentos de Planificación Territorial, en todos sus niveles de manera que se obligue a cada comuna a incorporar un porcentaje de vivienda social al interior de su territorio, con la salvedad, en un primer momento, que la comuna que desee eximirse de este deber deberá pagar anualmente una cantidad fija reajustable por vivienda social no tenida (equivalente a las contribuciones eximidas por vivienda), que debiera conformar un fondo para el mejoramiento del hábitat popular, con el objeto de solventar la disminución de las diferencias existentes entre las comunas periféricas y las centrales o pericentrales.

Del mismo modo debiera, dentro de los esfuerzos de descentralización, otorgar potestad a los gobiernos locales para aprobar la incorporación o no de mayores cantidades de viviendas sociales y la posibilidad de generar concursos de arquitectura para mejorar los diseños de los conjuntos en cuestión, permitiendo que la diversidad geográfica y socioeconómica de cada región sea considerada en cada proyecto con el objetivo de introducir criterios de identidad regional y local en el proceso habitacional.

Por último hay que incluir criterios de sustentabilidad – tanto ambiental como social y económica – en la generación de las políticas de desarrollo urbano y de los programas habitacionales, lo que implica privilegiar calidad por sobre la cantidad; lo que pasa por construir casas de mayor tamaño y de mejor materialidad, abandonando la producción de casas – productos, desechables, que al momento de ser entregados pasan a engrosar el parque de viviendas deficitarias de nuestro país. Al mismo tiempo, es imprescindible incorporar en su entorno los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, entendidas estas como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento, a la cultura, a la seguridad ciudadana – tanto en términos sociales como medioambientales – y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de irrenunciable respeto a la biodiversidad.

Claro está que bajo este “modelo” de desarrollo humano y de crecimiento económico, parece difícil que cambios como estos puedan si quiera, pensarse.

[1] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1979.

[2] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1985.