Tres consideraciones al menos nos debería provocar como sociedad el fallo del caso Prats que confirma, después de 36 años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo Ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planificado y ejecutado el doble asesinato del general y su esposa en Buenos Aires en 1974.
La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.
La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.
Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.
Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.
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