Para pensar y reflexionar acerca del mundo que nos toca vivir. Para volver a soñar en que un mundo mejor es posible y para ayudar a consolidar la unidad de las fuerzas que aspiran y sueñan con un futuro mejor para nuestro pueblo, para nuestros hombres y mujeres, para nuestros jóvenes y sobretodo...nuestros hijos.
8.29.2010
EL GOBIERNO DE LA ALIANZA: LOS NUEVOS COLONIZADORES
PIÑERA O LA NUEVA FORMA DE CONTAMINAR
7.20.2010
NUEVO PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO
Dentro de los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 vendió la pomada de la Costanera Norte al gobierno de turno, diciéndole que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión y que ayudaría a convertir al Gran Santiago en una capital del siglo XXI.
No puedo dejar de recordar aquella charla en la FAU en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte significaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió tajante y con el mismo aire de superioridad e infalibilidad con el que lo vemos hoy que en el año 2005 la pobreza en Chile ya no existiría.
7.15.2010
POBREZA Y ESTADÍSTICAS EN EL PAÍS DE LA REALIDAD VIRTUAL
De esta manera, se generan estudios e indicadores seudo científicos que logran explicar o justificar todo o casi todo y que no pocas veces logran convencer a grupos humanos, de cosas que parecen reales y que claramente no los son.
Un ejemplo claro lo constituye la línea de la pobreza tan en boga en estos días luego de que la nueva casen afirmara que la pobreza subió a un 15, 3% luego de 26 años de venir paulatinamente descendiendo.
Este indicador sitúa el punto de corte de lo que se conoce como pobreza. en un ingreso por persona mensual de $ 47.000, planteando en el sub-texto, que aquellas que ganan $ 46.900, son pobres y las que ganan $ 47.100, no lo son.
Así las cosas, disminuir la pobreza no implica necesariamente acabar con las limitantes para el desarrollo integral y el desenvolvimiento óptimo de las capacidades de las personas y sus familias, sino poder llevar al número mayor posible de las familias que ganan menos de lo que indica la línea de corte, a ubicarse levemente por sobre la misma, para presentar al mundo los “sólidos avances en materia de superación de la pobreza que tiene nuestro país”.
Sería bueno preguntarse entonces, si desde el retorno a la democracia, se ha avanzado efectivamente en la superación de la pobreza y la exclusión, o si por el contrario, hemos logrado llevar, subsidios mediante, a un número importante de personas y familias, levemente por sobre la cifra mencionada con la consecuencia obvia de que a la primera crisis económica, vuelvan a descender, como ha acontecido en los últimos años, permaneciendo oculto hasta la próxima medición.
Habremos reducido la pobreza o nos seguiremos engañando como país, mientras mantenemos una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo y una de las legislaciones laborales más pro empresas que se conocen.
De esta manera, Chile avanza rápidamente hacia ser percibido como un país desarrollado, modelo entre sus pares debido a la obediente implementación del Consenso de Washington[1], mientras la mayoría de sus habitantes ha visto descender su poder adquisitivo en los últimos años, batiéndose en un país en donde la universidad estatal más barata, cuesta mensualmente más que el sueldo mínimo, donde la salud pública es cada día más frágil y donde las viviendas sociales han generado mas problemas de los que han logrado resolver.
Hemos terminado pagando hasta por transitar en las calles y avenidas de nuestro país, asegurando a cada paso que damos, las utilidades de las grandes empresas nacionales e internacionales cuyas utilidades han crecido, efectivamente, lo suficiente como para explicar por si solas el incremento del ingreso promedio por persona en Chile que, según encuestas igualmente lejanas a la realidad, casi se ha duplicado en los últimos 20 años.
Es claro que los promedios y los indicadores oficiales no representan la realidad y solo sirven a quienes, con cifras en mano pregonan el éxito de sus gobiernos y el fracaso de los otros, mientras criminalizan las protestas sociales y acusan a algunos sectores de inventar los problemas que llevan a la ciudadanía a protestar y a alejarse de la política mientras la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, a pesar del orgullo que sienten los partidarios de la derecha y la concertación, por la gobernabilidad democrática y a la estabilidad que luce Chile, hace tantos años.
7.14.2010
EL CASO PRATS Y EL INDULTO BICENTENARIO
La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.
La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.
Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.
Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.
7.05.2010
El Trabajo, El Salario y la Propiedad Privada
Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana
5.21.2010
MAS DE LO MISMO EN EL CHILE DE LA ALIANZA.
Poco después, algunos personeros que habían sido ratificados en sus cargos, tuvieron que dar un paso al costado porque se les estaba exigiendo que solicitaran la renuncia a todos aquellos profesionales seleccionados en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, para poner en su lugar a personas afines al gobierno. En la misma senda otro de los colaboradores elegidos por el ejecutivo para dirigir los destinos del Diario La Nación, fue removido porque la UDI vetó su nombramiento por estar involucrado en la investigación periodística del caso Spiniak que casi le cuesta la vida política a Novoa.
Como si fuera poco, en estos el país mira atónito como otro alcalde de la UDI es formalizado por recibir coimas con el objeto de asegurar importantes negocios a conspicuos empresarios de su propio sector, mientras una de sus diputadas se prepara para ser desaforada luego de ser formalizada por utilizar los dineros asignados a sus asesorías profesionales para incrementar sus ingresos personales y familiares.
Para colmo las tres grandes cadenas premiadas sin licitación con las compras del estado orientadas a la reconstrucción elevan sus precios de manera significativa y se muestran sin stock de materiales, tirando por el sueldo la justificación del ejecutivo, de mayores ahorros, eficiencia y eficacia, para sostener su decisión.
En un plano secundario pero no menos importante, se siguen denunciando despidos masivos en varios sectores del estado y en el sector privado, mientras al igual que la Concertación, el gobierno de la Alianza, que antes criticaba con dureza ejemplar la gran cantidad de comisiones formadas por Bachelet para analizar temas de importancia social, se apresta a formar una comisión, esta vez, para analizar un mecanismo para fijar de manera casi automática el salario mínimo. En un tercer plano, la delincuencia, que tenía sus días contados, sigue haciendo nata, a pesar de la notoria baja en la cobertura de los crímenes y delitos, afectando a los mismos personajes que antes se quejaban de no entender cómo eran asaltadas sus viviendas, viviendo a escasos metros de autoridades de gobierno.
No debe sorprendernos entonces la significativa baja en la aprobación del gobierno y la consiguiente alza en el rechazo del mismo, por parte de la ciudadanía,1 ya que las altísimas expectativas generadas por una candidatura que prometió el establecimiento de una nueva forma de gobernar y que a poco andar parece simplemente ser más de lo mismo, comienzan a encontrarse de lleno con el vacío existente detrás de todas las buenas campañas de marketing político.
1 Encuesta Adimark de Evaluación Gestión del Gobierno, Abril 2010.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERDIDAS EN EL TRANSANTIAGO Y RENTABILIDAD SOCIAL
A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas por 50 millones de dólares mensuales.
La instalación del foco en dicho fenómeno le ha servido además al gobierno para justificar más represión y para provocar más conflictos y desconfianza entre la ciudadanía. Ésta ha optado por enfrentar personalmente a los evasores mientras se sigue resignando a tolerar y pagar por un mal servicio, que no tiene ninguna posibilidad real de mejorar mucho más.
De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.
Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano,. Se ha instalado la erronea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.
Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas. Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.
Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.
La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.
De muestra, un botón: El 20% de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 50% de los mismos.
En el caso de la educación, solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas. Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.
Una simple reflexión nos permite deducir que si los 50 millones de dólares de perdida mensual que arroja el Transantiago, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios1 y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados.
En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social
Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.
En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente que continuar tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte publico para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.
1 Las escuelas modulares de Lavín con capacidad para 150 alumnos cuestan U$180.000 aproximadamente por lo que con un mes de Transantiago se podrían construir 250 escuelas distribuidas en los barrios generadores de viajes.
PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EMPRESAS.
En la editorial del diario La Tercera del viernes 9 de Abril se hace un llamado a continuar promoviendo la competencia y no ceder a la tentación de discriminar entre empresas, en un intento de detener cualquier análisis que permita diferenciar legalmente el tratamiento que la ley otorgaría a las mismas, en materia tributaria o de flexibilización laboral, según sea su tamaño o el rubro en el que desarrollan su actividad, con miras a superar la catástrofe surgida a partir del terremoto del 27 de febrero, en nuestro país.
Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia. De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.
Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.
Este es el caso del descuento por volumen, que corresponde a una arbitrariedad entre privados que anula completamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los pequeños empresarios, convirtiendo las definiciones anteriores solo en frases vacías que buscan construir una imagen de sociedad ideal, más que representar la realidad nacional, marcada por la concentración de la riqueza y las dificultades permanentes para los pequeños y medianos empresarios.
De esta manera un pequeño comerciante que desea comprar latas de bebidas para abastecer su local se encuentra con que le resulta más barato comprarle a una cadena de supermercados, que directamente al productor de las mismas, ya que debido al volumen de la compra del primero, éste es capaz de negociar y congelar precios de manera de salir al mercado en condiciones incluso más ventajosas que las del mismo productor.
Otro ejemplo es la diferencia abismal existente en las formas y oportunidades de pago existentes a los grandes y pequeños proveedores y el acceso a créditos que ambos poseen en virtud de la discriminación y arbitrariedad en la definición de las tasas de créditos con las que el mercado financiero asegura su rentabilidad, de acuerdo al riesgo de cada actor económico, lo que define el acceso a financiamientos que poseen los mismos con miras a sortear los problemas de flujo propios de cualquier emprendimiento.
Mientras unos reciben pagos al contado y con acceso inmediato y sin aval al crédito, otros lo hacen a 30, 60, 90 y hasta 120 días, viviendo permanentemente al borde de la quiebra y pagando intereses usureros a los primeros.
Cabe destacar que en algunos países desarrollados, ambas prácticas están prohibidas, precisamente para asegurar lo que algunos defienden como libre competencia.
La defensa de la igualdad a medias en las condiciones que las empresas deben enfrentar para competir, poniendo el énfasis solo en la necesidad de anular posible arbitrariedades del estado pero no la de los privados, solo puede provenir de sectores comprometidos con la mantención de un modelo eminentemente concentrador de la riqueza y promotor despiadado de las diferencias sociales como el nuestro. Incoherencias como estas son capaces de explicar por qué en nuestro país sale tan caro ser pobre y tan barato no serlo.
Por lo mismo es que se hace necesaria una revisión completa de las condiciones para adoptar una línea coherente para el desarrollo una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ya sea eliminando las potenciales arbitrariedades provenientes tanto del sector público como del privado o buscando formas para compensar las existentes de manera de ir cerrando las brechas que en los últimos 40 años se han seguido ampliando.
3.25.2010
¿CHILE, PAÍS SOLIDARIO?
Programas especiales y reportajes de prensa nos hablan de actitudes heroicas y de las supuestas réplicas solidarias que han seguido al terremoto del 27 de febrero pasado para mostrar esa supuesta característica, común a todos los chilenos y chilenas.
A través de los medios de comunicación de masas, hoy, la totalidad de ellos en manos de los defensores del modelo económico que impera en Chile desde la dictadura, se ha desarrollado una campaña para destacar los esfuerzos individuales y colectivos, de partes diminutas de eso que se llama sociedad, para aminorar en algo el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, intentando relacionar dichas acciones, con la supuesta solidaridad que como país nos caracteriza. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, los mismos medios de comunicación de masas, han tratado de ocultar los hechos que demuestran exactamente lo contrario.
Por lo mismo es que quiero aprovechar la oportunidad para discutir esta teoría, que más parece ideología, que pretende instalar como hecho cierto el que Chile, nuestro país modelo, sea efectivamente solidario y quiero poner de manifiesto todo aquello que en mi parecer, dice lo contrario.
Para mi un país solidario es un país que estructuralmente opta por hacerse cargo de manera colectiva y a través de su ordenamiento jurídico de los temas que dicen relación con los derechos humanos básicos consagrados en la declaración universal, velando de manera particular por el desarrollo de un país más igualitario en donde todos y todas vivan con dignidad.
Es un país en el que nadie debe depender de la caridad para resolver sus problemas más elementales pues el colectivo ha dispuesto una serie de medidas para que esos problemas, simplemente, no existan.
Un país solidario es aquel que opta por mantener un sueldo mínimo que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas sin tener que recurrir al sobreendeudamiento para que, incluso cuando del consumo básico de los más pobres, el sistema financiero pueda hacer su utilidad.
Un país solidario es aquel en que los beneficios del aparato productivo son repartidos entre los que aportan el capital, los medios de producción y el trabajo de manera más equitativa y en donde los sistemas de salud y educación pública suelen ubicarse entre los mejores disponibles y no son precisamente los responsables de reproducir y acrecentar las diferencias sociales existentes asegurando que los hijos de pobres tengan educación de pobre y salud de pobre y, por lo mismo, en el futuro, trabajo y vida de pobre de generación en generación.
Un país solidario disminuye la pobreza de manera sólida y estructural, no inflando de manera artificial los ingresos familiares, mediante subsidios focalizados, para que parte importante de la población salga, también de manera irreal, de lo que ellos llaman “la pobreza”, pero que al más mínimo desastre natural o crisis cíclica del capitalismo vuelven con más fuerza a reinstalarse entre los sectores pobres, pues no tienen herramientas que les permitan, por si solos, superar un problema de esta magnitud.
En las mismas circunstancias, los que más tienen solo necesitan cambiarse de una de sus casas a otras mientras mandan a reparar la primera y/o disminuir los riesgos en sus negocios y empresas despidiendo trabajadores, precisamente para asegurar sus niveles de ingreso y de vida a costa del sufrimiento de los otros, los más pobres.
Será por eso que en los países de verdad solidarios, las utilidades promedio de las empresas son menos de la mitad de las que arrojan las cifras de nuestro país y los sueldos de los trabajadores, que incluso trabajan menos que en nuestra patria, tienen un poder adquisitivo significativamente mayor que en el nuestro.
Será por eso que en los países solidarios de verdad, no se necesiten teletones en donde los grandes empresarios salgan ofreciendo regalar una frazada por cada frazada que sus clientes compren, ni deban salir a regalar una mínima parte de sus utilidades anuales para dar muestras de blancura luego de años de pagar malos sueldos y construir su tremenda riqueza a costa de pagar a sus trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo.
Será por eso que los trabajadores de los países solidarios pueden, con sus mismos salarios y con la red de protección social del estado, financiada con una estructura tributaria verdaderamente solidaria, enfrentar no solo un terremoto y un maremoto sino que cualquier desafío que la vida les plantee.
Quizá sea por eso que en los países de verdad solidarios, las cárceles se están quedando vacías y los pobres no roban cuando hay un desastre, porque pueden resolver sus problemas con lo que el ordenamiento jurídico de sus países les asegura y los que tienen, tampoco salen a robar para acumular bienes que no necesitan, pues tienen más cultura y saben que son parte de una sociedad verdaderamente justa y solidaria.
Es cierto que en nuestra sociedad existen numerosas muestras de una subcultura solidaria, que permanece dormida sobretodo en los sectores populares y que hay que saber reconocer y aplaudir cuando ella vuelve a manifestarse, en forma de ollas comunes y actividades solidarias, dándole quizá más apoyo y recursos, porque están acostumbrados a resolver por la fuerza y de manera colectiva, lo que nuestro país no aspira a resolver de manera estructural como sociedad.
También es cierto que existen instituciones que aspiran a enseñar e instalar la caridad privada como herramienta fundamental para combatir la pobreza y el sufrimiento de los que menos tienen, pero ninguna de ambas puede confundirse, en ningún caso, con todo aquello que define a un país solidario, realidad de la cual, nuestro país, no puede estar más alejado.