En la editorial del diario La Tercera del viernes 9 de Abril se hace un llamado a continuar promoviendo la competencia y no ceder a la tentación de discriminar entre empresas, en un intento de detener cualquier análisis que permita diferenciar legalmente el tratamiento que la ley otorgaría a las mismas, en materia tributaria o de flexibilización laboral, según sea su tamaño o el rubro en el que desarrollan su actividad, con miras a superar la catástrofe surgida a partir del terremoto del 27 de febrero, en nuestro país.
Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia. De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.
Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.
Este es el caso del descuento por volumen, que corresponde a una arbitrariedad entre privados que anula completamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los pequeños empresarios, convirtiendo las definiciones anteriores solo en frases vacías que buscan construir una imagen de sociedad ideal, más que representar la realidad nacional, marcada por la concentración de la riqueza y las dificultades permanentes para los pequeños y medianos empresarios.
De esta manera un pequeño comerciante que desea comprar latas de bebidas para abastecer su local se encuentra con que le resulta más barato comprarle a una cadena de supermercados, que directamente al productor de las mismas, ya que debido al volumen de la compra del primero, éste es capaz de negociar y congelar precios de manera de salir al mercado en condiciones incluso más ventajosas que las del mismo productor.
Otro ejemplo es la diferencia abismal existente en las formas y oportunidades de pago existentes a los grandes y pequeños proveedores y el acceso a créditos que ambos poseen en virtud de la discriminación y arbitrariedad en la definición de las tasas de créditos con las que el mercado financiero asegura su rentabilidad, de acuerdo al riesgo de cada actor económico, lo que define el acceso a financiamientos que poseen los mismos con miras a sortear los problemas de flujo propios de cualquier emprendimiento.
Mientras unos reciben pagos al contado y con acceso inmediato y sin aval al crédito, otros lo hacen a 30, 60, 90 y hasta 120 días, viviendo permanentemente al borde de la quiebra y pagando intereses usureros a los primeros.
Cabe destacar que en algunos países desarrollados, ambas prácticas están prohibidas, precisamente para asegurar lo que algunos defienden como libre competencia.
La defensa de la igualdad a medias en las condiciones que las empresas deben enfrentar para competir, poniendo el énfasis solo en la necesidad de anular posible arbitrariedades del estado pero no la de los privados, solo puede provenir de sectores comprometidos con la mantención de un modelo eminentemente concentrador de la riqueza y promotor despiadado de las diferencias sociales como el nuestro. Incoherencias como estas son capaces de explicar por qué en nuestro país sale tan caro ser pobre y tan barato no serlo.
Por lo mismo es que se hace necesaria una revisión completa de las condiciones para adoptar una línea coherente para el desarrollo una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ya sea eliminando las potenciales arbitrariedades provenientes tanto del sector público como del privado o buscando formas para compensar las existentes de manera de ir cerrando las brechas que en los últimos 40 años se han seguido ampliando.
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