LOS PLANES REGULADORES COMUNALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por todos lados y en todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planes Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando y por la falta de participación ciudadana en las mismas.

Hace un tiempo fue Recoleta. Hoy vemos a los vecinos de La Reina reclamar por cómo las autoridades comunales, con la complicidad legal de los diputados y senadores, se disponen a abrir dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios que reemplazarán añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad por edificios en altura, que brindarán a la municipalidad jugosos permisos de edificación y a las empresas inmobiliarias cuantiosas ganancias.

Lo cierto es que la culpa no la tienen exclusivamente las autoridades vigentes, ni las pasadas, ni las que vendrán.

La culpa debe repartirse por igual entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención del modelo actual y de sus formas de entender a la ciudadanía y su relación con el estado como instrumento de dominación.

Primero están quienes hacen las leyes, que han validado una y otra vez el hecho de que los Planes Reguladores se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la ley actual solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, solo una vez que el proyecto está terminado, sin siquiera obligar a incorporar las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares.

Luego la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo, que desde la etapa de formación de los profesionales que se dedican a la planificación, cada día con menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación urbana y el ordenamiento territorial, como una forma más de movilizar recursos con miras a la tan ansiada reproducción del capital.

Luego están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en un tema casi exclusivo de voluntad política. Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas el incorporar la participación comunitaria de forma temprana y vinculante, que significa incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto y que las decisiones mayoritarias de la comunidad obliguen a la autoridad a actuar en consecuencia.

Por último, está la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, que no se interesan en los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse en forma reiterada de las decisiones cupulares y de la falta de participación, vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia como forma de relacionarse con su entorno, siendo éste, uno de los resabios más profundamente arraigados de una cultura autoritaria de la cual Chile aún no logra desembarazarse.

Es cierto, nunca vimos a los ciudadanos y ciudadanas de La Reina reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte. Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos. Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman. Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a verlos quejarse de las decisiones que de manera inconsulta toman las autoridades.

Toda esta situación me hacer recordar ese viejo refrán que plantea que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Es de esperar que los chilenos y chilenas despierten antes de que sea demasiado tarde.