NUEVA MASACRE EN GAZA. DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN PALESTINA DE CHILE.

Cuando el mundo entero mira, una vez más, de forma pasiva y cómplice, como el estado de Israel está desarrollando una nueva masacre en Gaza, violando el derecho internacional y humanitario; y desarrollando una nueva faceta de su histórica y permanente política de exterminio físico y político del pueblo palestino, los chilenos de origen palestino, indignados por tanta injusticia y cansados de tanta hipocresía mundial, venimos a declarar públicamente lo siguiente:

Considerando:

· Que la causa de toda la violencia en medio oriente es la ocupación israelí de los territorios palestinos.
· Que dicha ocupación lleva más de 40 años sin que la comunidad internacional haya jamás desarrollado acciones concretas para aislar de la misma a la potencia ocupante.
· Que durante dicha ocupación se han violado sistemática y permanentemente todos y cada uno de los derechos humanos de los palestinos, el derecho internacional, el derecho humanitario y los valores universales que occidente dice defender.
· Que el resultado de la actual ofensiva ya suma más de 150 palestinos muertos, incluidos niños y ancianos, cientos de heridos y toda la infraestructura de seguridad publica, salud y comunicaciones, destruidas, además de los edificios y casas civiles dañadas.

Declaramos:

1. Condenamos enérgicamente estos nuevos crímenes contra la humanidad que Israel, una vez más, lleva a cabo en la más completa impunidad. Estas acciones son solamente comparables con los crímenes de lesa humanidad, que otrora cometiera el ejercito nazi y las fuerzas de orden y seguridad del Apartheid Sudafricano contra civiles inocentes en diversas partes del mundo.
2. Deploramos los ataques indiscriminados a civiles inocentes, así como los castigos colectivos aplicados por Israel en contra de la población civil, como la destrucción de casas y edificios, así como de toda la infraestructura básica de sustento de la población civil.
3. Demandamos a la comunidad internacional presionar a Israel para detener las acciones militares y poner fin al cerco israelí a Gaza que se mantiene ya por más de un año, sometiendo a la población civil a una crisis humanitaria de proporciones jamás antes vista y que es la causa primera de la situación actual en Gaza.
4. Llamamos a los hombres y mujeres de buena voluntad, a los partidos políticos, a las organizaciones de masas y, en especial a los judíos antisionistas del mundo, a romper el silencio y denunciar en todas partes esta nueva masacre, dando a conocer el desprecio de Israel por los derechos humanos y el derecho internacional y a desarrollar acciones concretas de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a la política de exterminio israelí.
5. Llamamos también a los países del mundo, a abandonar su silencio cómplice, a poner término a la cooperación con la potencia ocupante y a desarrollar acciones concretas para detener a Israel y aislarlo de la comunidad internacional hasta que no someta sus actuaciones al derecho internacional y humanitario y observe adecuadamente el respeto a los derechos humanos en Palestina Ocupada.
6. Llamamos por último, a nuestra presidenta, Dra. Michelle Bachelet, a revisar el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Chile y el estado de Israel, ya que consideramos que nuestro país, sobretodo en atención a su historia reciente, no puede avalar, mediante el reconocimiento internacional ni mediante el desarrollo de relaciones diplomáticas, a potencias ocupantes que han mostrado, durante toda su existencia, un total desprecio por el derecho internacional y por los derechos humanos.


FEDERACIÓN PALESTINA DE CHILE
Santiago, 27 de Diciembre de 2008

Palestina Ocupada: Entre La Esquizofrenia Colectiva y la Desesperanza Aprendida.

Este es el año de los cumpleaños notables. Se cumplen 60 años del nacimiento de la potencia que hasta el día de hoy y desde su mismo nacimiento ocupa Palestina. Se cumplen 60 años también, el 10 de diciembre recién pasado, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que pretendió sentar un consenso universal acerca de los valores que la humanidad toda debía resguardar y promover.

Se cumplen, consecuentemente, 60 años de violaciones sistemáticas y permanentes a todos y cada uno de los derechos humanos contenidos en dicha declaración por parte del Estado de Israel y la única conclusión que podemos sacar es que pareciera que para gran parte de la humanidad y principalmente de los líderes mundiales, los palestinos no somos seres humanos, pues parece que no calificamos para ser considerados como sujetos poseedores de esos derechos fundamentales. No somos los únicos ignorados, pero somos quizá quienes con más argumentos disputamos el titulo de pueblo símbolo del desprecio universal por nuestros derechos.

Hoy se nos ha invitado a venir acá y exponer acerca de la situación actual de los territorios palestinos ocupados y lo más obvio sería tal vez, caer en el lugar común de contar víctimas. Recuerdo haber participado en un foro similar a este en 1990 en Buenos Aires y, desde ese entonces, poco o nada ha cambiado y si hubiera que ser riguroso, todo ha ido peor para los palestinos. Aun guardo los innumerables documentos, acuerdos y declaraciones de aquel encuentro. Hoy los estuve revisando y siento que para lo único que sirvieron, todos estos años, fue para que yo tuviera la oportunidad de revisarlos hoy y darme cuenta de lo poco o nada que hemos conseguido.

Así es. Lo más obvio sería caer en la tentación casi irresistible de enumerar una a una las violaciones, por parte del Estado de Israel, a todos y cada uno de los derechos humanos con los que todo el mundo se llena la boca pero que nadie es capaz de defender en Palestina ocupada.

Podríamos contar, por ejemplo, cuantos palestinos han muerto desde la implantación en palestina del Estado de Israel. Cuantos han sido detenidos, simplemente por ejercer uno de los derechos fundamentales de todo ser humano que es resistir las injusticias. Podríamos contar cuántos palestinos han sido torturados y vejados sexualmente por los y las soldados israelíes. Cuántos han sido enterrados vivos bajos sus casas demolidas por los buldózer israelíes. Podríamos incluir también los datos menos vistosos y pintorescos como la cantidad de niños que no han podido recibir educación, ni salud en su propia tierra porque esta ocupada por una potencia extranjera que se ha dedicado por más de 60 años a administrar el sufrimiento propio y ajeno para conseguir sus objetivos políticos y económicos.

Para hacerlo más fácil podríamos acortar el periodo de las estadísticas y podríamos decidir tomar en cuenta, solamente, las cifras concernientes solamente a los territorios ocupados con posterioridad a 1967, dejando en la impunidad a los criminales de guerra que actuaron en la política de tabla rasa que se busco imponer en los territorios palestinos ocupados desde 1948 para hacer justicia a la mentira original que rezaba “un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo” y borrar así, de la memoria histórica, una verdad, a todas luces, imborrable: que Palestina es y sigue siendo.

Para intentar hacerlo aun menos dramático con el objeto de no centrarnos en el sentimiento de culpa que muchos debieran sentir y que pretenden salvar con su participación en encuentros de esta naturaleza, podríamos solamente contar los asesinados, los torturados, los encarcelados y los secuestrados en los 15 años que lleva el mal llamado proceso de paz que comenzó en Oslo cuando se le impuso a los palestinos el camino israelí para una paz que no sería ni justa ni duradera y que al cabo de 15 años tampoco ha sido alcanzada, mientras los israelíes se mantienen fieles a su proyecto original de seguir cambiando el status quo de los territorios ocupados, alimentando la frustración y la desesperanza, para luego justificar, en la inevitable radicalización de los desesperados, la continuación de su política de exterminio físico y político del pueblo palestino.

Para tratar de llegar a un consenso honroso podríamos, solamente, considerar las violaciones a los derechos humanos que Israel ha cometido durante el mal llamado proceso de paz de Anápolis, que prometió a todos que tendríamos un acuerdo de paz antes del termino del mandato del actual presidente de EEUU, el Sr. George W. Bush. Vaya otro plazo que ha pasado a la historia y lo único que no logra pasar a la historia son las violaciones a los derechos humanos de los palestinos en su propia tierra.

Podríamos contar solo las victimas de los últimos meses y compararlas con las víctimas israelíes de los deplorables actos de terrorismo y de los legítimos y heroicos actos de resistencia que algunos palestinos desesperados realizan, con el objeto de establecer, como le gusta a Israel, a sus cómplices y aliados, una especie de empate entre victimas y victimarios y poder defender así, la inacción y la impotencia de la comunidad internacional, en la supuesta complejidad de la Cuestión de Palestina que impide tomar acciones concretas mientras… no haya un “compromiso de las partes” de abandonar por lado y lado la violencia y el terrorismo.

Contar víctimas a estas alturas no es ya ningún aporte. No es lo que pretendo hacer hoy ante ustedes. Hoy quiero hablarles de una faceta distinta de la situación que se vive, en estos días, en Palestina Ocupada. Tampoco me refiero al muro ilegal que está levantando el Estado de Israel en los territorios ocupados y que busca convertir a palestina en un gran Gueto. Tampoco me refiero a la continuidad infame, por parte de Israel, de la política de construcción de asentamientos ilegales, en Palestina ocupada, que tantas veces se ha comprometido a detener.

Hoy quiero hablarles de dos sentimientos que son los que en realidad ahogan a Palestina.

Hoy quiero hablarles de dos rasgos culturales que se han ido anidando en los pueblos israelí y palestino hasta formar parte de su ADN y cuyo impacto son mucho mayores que todo el sufrimiento acumulado en estos 60 años de ocupación israelí, en los cuales el desprecio por la vida, por el derecho internacional y por los derechos humanos se han convertido en el sello distintivo de este excepcional miembro de la comunidad internacional que sigue siendo considerado como un miembro respetable de lo que llamamos nuestra comunidad .internacional a pesar de sus 60 años de desprecio constante por las instituciones y los acuerdos esa misma comunidad internacional.

Hoy quiero hablarles, por una parte, de la esquizofrenia colectiva que sufren los israelíes y que encuentra eco en gran parte de los gobiernos de las potencias mundiales y en la comunidad internacional.

Este enfermedad social que pareciera no tener precedentes en la historia de la humanidad ha generado una sociedad que, perteneciendo a un país que posee el triste record de ser uno de los países más condenados en el mundo por sus constantes violaciones a todos y cada uno de los derechos humanos y contando además con un ejército considerado entre los más avanzados del mundo, incluido su arsenal de armas de destrucción masiva y especialmente su no despreciable arsenal de bombas atómicas, se sienten amenazados por un conjunto de palos y piedras que obran en manos de sus victimas complementados por un par de cohetes y bombas cuyo alcance y efectividad generan más excusas que destrucción en los destinatarios de los mismos.

Parece increíble pero es cierto. A pesar de toda la destrucción y de los crímenes y del terrorismo de Estado que Israel viene cometiendo… son los israelíes los que se sienten victimas de un conflicto en el cual son ellos los únicos victimarios.

Esta alteración de la realidad no es un hecho espontáneo. Es consecuencia de una política comunicacional a escala mundial, con la cual ha sido contagiada también la comunidad internacional.

Por el otro lado, nos encontramos con la desesperanza aprendida que cunde entre los palestinos. Nos encontramos con ese sentimiento que surge como mínimo común denominador del pensamiento de una sociedad, cuando ella misma ha vivido o vive bajo la lógica de delitos permanentes en su contra, en situación, también permanente, de impunidad para los criminales.

Este sentimiento que nace de experiencias traumáticas e injustas, carencias o falta de reconocimiento a los derechos más básicos y a las pretensiones de validez del ser palestino; este sentimiento que nace de estos hechos frente a los cuales el pueblo palestino no ha podido, ni puede, ni podrá defenderse adecuadamente, lleva a desarrollar un estilo de pensamiento en el que la victima se convence a sí mismo de que todo abuso que pueda experimentar en el futuro será inevitable y estará fuera de su control y que sin embargo, ante los ojos del mundo, seguiremos apareciendo en virtud de esta enfermedad colectiva existente en el otro lado, como los terroristas y los responsables, en última instancia de nuestra propia suerte, como un Karma del cual nos resulta imposible escapar.

Ante esta realidad inexplicable, sólo nos queda resignarnos y aceptar la situación.

Este estilo de pensamiento mueve a dicha sociedad a pensar que sus acciones no tienen ni podrán tener efecto alguno (o no, al menos, positivo) sobre el sufrimiento que le rodea. Los lleva a pensar que han perdido el control sobre las situaciones y que no existe salida alguna a su sufrimiento. Ante esta realidad; ante la insoportable evidencia de que vivir dignamente se ha convertido en una utopía, para muchos, el único camino posible, por lamentable y dramático que nos parezca, es morir con dignidad.

Aparecen, entonces, los sentimientos de inseguridad, de pesimismo y de desesperanza, y la sociedad se vuelve triste y pasiva. Deja de creer y de crear. Deja de soñar y de aspirar. En síntesis, vive en una muerte anticipada. Se pierde la confianza en el medio, en la espacie y en las normas y el derecho que parecen funcionar para todos… menos para nosotros.

Esta es la situación más alarmante que se vive en palestina ocupada ahogada entre la esquizofrenia colectiva de unos y la desesperanza aprendida de los otros. Los israelíes siguen creyendo, ayudados por la comunidad internacional, que no pierde ocasión de colaborar con ellos y reforzar su vocación de mártires, que son las victimas históricas de una persecución perenne, como si los palestinos fuéramos descendientes de los europeos que generaron el holocausto. Los palestinos, por su parte, ya no le creen a nadie mientras proliferan en el mundo entero, leyes que penalizan el antisemitismo que incluye, en su versión contemporánea, toda crítica al Estado de Israel y a su política de exterminio físico y político de nuestro pueblo.

No le creen el mudo árabe ni a sus grandilocuentes discursos que poco tienen que anidiarle a los Gamal Abdel Nasser, ya que teniendo un arma económica tan letal como el petróleo, jamás ha hecho nada por presionar de manera importante a las potencias occidentales y que, sin embargo, está siempre listo a reprimir todo intento de los palestinos, que viven bajo su soberanía, de organizarse y luchar, desde su lugar, por la libertad de su patria.

Tampoco creen en los israelíes que han jugado al doble estándar permanentemente y que hablan de paz cuando viven planificando y pensando la guerra, para ganar tiempo y apostar en el largo plazo al olvido y a la resignación, mientras mantienen a su propia sociedad y a la comunidad internacional, prisionera de esta enfermedad colectiva que a pesar de todas las evidencias irrefutables; a pesar de las miles de resoluciones condenatorias; a pesar del desprecio constante por el derecho internacional y por los derechos humanos, sigue mirando a Israel como la proyección natural de las victimas del holocausto nazi y teme decir las cosas por su nombre y avanzar hacia acciones concretas que presionen de verdad a la potencia ocupante a cumplir la ley y el derecho internacional.

He quedado verdaderamente sorprendido de las generosas propuestas que he escuchado, por parte de uno de los ponentes aquí presentes, para optimizar los tiempos de desplazamientos de nuestros compradores, vendedores y productos, pero me hubiera gustado mucho más escuchar que Israel esta dispuesta, alguna vez, a terminar con el estupendo negocio que representa la ocupación, de lo que nos hemos podido percatar en la misma ponencia antes descrita. Me ha parecido más una propuesta para convertir la ocupación en un negocio sostenible aunque no sustentable.

Tampoco creemos ya en la comunidad internacional que, en el caso de otras ocupaciones mucho más cortas que la israelí, ha sido capaz de movilizar al ejército más grande que la historia haya conocido, incluso con la participación de algunos gobiernos árabes, que aun no conocen la democracia ni la libertad, para derrotar a quienes se atreven a desafiar sus intereses y los de sus aliados.

Esta esquizofrenia colectiva, esparcida por toda la tierra, inhibe al mundo entero de reconocer este nuevo crimen de lesa humanidad del cual el Estado de Israel es el único culpable de forma ininterrumpida por los últimos 60 años.

Esta esquizofrenia colectiva impide al mundo tomar acciones contra un estado paria que si tuviera cualquier otro nombre ya habría sido arrasado en nombre de la libertad y el modo de vivir occidental.

Esta esquizofrenia colectiva ha convertido a los gobiernos de la Unión Europea y principalmente de los Estados Unidos, y de una u otra manera, también a los pueblos, en verdaderos cómplices por encubrimiento y omisión de las mayores, más extendidas y dramáticas violaciones a los derechos humanos que la historia contemporánea haya conocido.

Los palestinos ya no les creemos… tampoco a ustedes, elaborando, en este foro, discursos políticamente correctos y algunos no tanto… y lo digo con todo respeto.

Ya no esperamos nada de vosotros más que un par de declaraciones al año, para salvar las buenas conciencias de quienes miran, de manera inmóvil, como los derechos humanos de los palestinos siguen siendo pisoteados sistemáticamente por los israelíes.

Incluso Chile, mi país, que discursivamente siempre apoya y reconoce los derechos palestinos, a la hora de las acciones concretas no es capaz de actuar en consecuencia. En los últimos días, incluso, se ha dado el lujo de nombrar un cónsul chileno ante el gobierno israelí con residencia en Jerusalén Oriental reconociendo de hecho la soberanía Israelí sobre nuestra tierra y enviando misiones de alto nivel a estrechar las manos de las autoridades y las relaciones con la potencia ocupante.

Ya no les creemos y lo digo con respeto, pero con impotencia y con dolor.

Yo no creo en el fundamentalismo sionista que plantea la tierra prometida como excusa para el exterminio físico y político del pueblo palestino. Tampoco creo en el fundamentalismo cristiano enseña que bienaventurados son los pobres, los que sufren y los que tienen hambre y sed de justicia, ni mucho menos en el compromiso occidental de recompensarlos después de muertos, como una forma de seguir legitimando la avaricia y la pobreza. Tampoco, por supuesto, creo en el fundamentalismo islámico que plantea que una guerra pueda ser santa, incluyendo actos de terrorismo injustificables, si se realiza para luchar contra la infamia y la hipocresía mundial.

Todos estos discursos religiosos son un conjunto de mentiras notables que conllevan una carga ideológica que pretende mantener todo como está, centrando la discusión en asuntos supuestamente religiosos que nos deparan, sin duda alguna, otros 5000 años de espera sin poder arribar a ninguna solución.

De hecho cuando hablamos de paz palestino israelí es como asumir la existencia de una guerra y lo que estamos abordando no es una guerra. Es una ocupación militar. Lo que necesitamos no es la paz. Es el término de la ocupación.

Y todo indica que mientras sigamos actuando de la misma manera como lo hemos venido haciendo en estos últimos 15 o 30 años, incluso en este tipo de foros, seguiremos obteniendo los mismos resultados.

De hecho, esta es una reunión de Naciones Unidas en apoyo a la paz Israelo-Palestina y no veo a ningún representante oficial de Israel en esta asamblea. Será porque no se sienten parte de una guerra o porque no desean abandonar el tremendo negocio que para ellos significa la ocupación. En la sala no veo enemigos ni adversarios y la paz se firma entre enemigos o adversarios.

Mientras sigamos elaborando maravillosos discursos y no seamos capaces de decir las cosas por su nombre y de tomar acciones concretas para aislar a la potencia extranjera que se ha salido, por propia voluntad, de la comunidad internacional, por el solo desprecio que ha mostrado ante sus propias normas, seguiremos obteniendo los mismos resultados.

Mientras no seamos capaces de cambiar significativamente nuestros programas de acción y no logremos convertir, de verdad, a los derechos humanos en valores sin fronteras, seguiremos teniendo los mismos resultados.

Hoy tenemos que ser aun más radicales y asumir el reto sin precedentes de mirarnos entre iguales. Sin promesas divinas, sin bienaventuranzas ni recompensas para el sacrificio y el sufrimiento.

Hoy estamos llamados a reconocer por primera vez en la historia que todos los derechos que reconocemos como inalienables para nosotros mismos deben ser extendidos a todos los pueblos de la tierra incluyendo también, como no, a los palestinos, que ya no creemos en nada y que no esperamos nada de vosotros, pero que estamos decididos a seguir luchando por dejar de ser considerados como ciudadanos universales de segunda o tercera clase.

Muchas Gracias.

La Juventud Chilena, la Exclusión y el Sistema Electoral.

Como en todas partes y en casi todas las actividades humanas, muchas veces lo urgente nos impide atender lo importante. Lo digo porque, una vez más, una de las discusiones más relevantes para poder avanzar, en esta mal llamada transición a la democracia, ha pasado completamente desapercibida para la mayoría de la población mientras asistimos a una serie de dimes y diretes entre gobierno y oposición de derecha por el subsidio al Transantiago, por la corrupción que ha desbordado a ambas coaliciones por todos lados y por la ya evidente crisis que ambas coaliciones enfrentan de cara a las elecciones generales del próximo año.

Entre toda esa cantidad de información que llega a ofuscar la visión, resulta casi imposible atender a cosas importantes que, por lo mismo, no ocupan ni portadas de diarios ni aquellos espacios reservados casi exclusivamente para la farapolítica (Politica de farándula). Es tan así, que muy pocos repararon en el hecho de que nuevamente fue rechazada la ley que permitía la inscripción automática y el voto voluntario de todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años de nuestro país.

Se ha logrado de esa manera, con los votos, fundamentalmente de la derecha y de algunos notables de la concertación, dejar el padrón electoral tal como quieren y como más sirve a aquellos quienes desean que nada sustancial cambie, para que puedan ellos, seguir riéndose de todo Chile con sus leyes hechas solo para ellos y sus amigos y redes de poder.

Se ha logrado una vez más, con los mismos votos que bajaron la responsabilidad penal juvenil a los 14 años, permitiendo que nuestros jóvenes paguen con cárcel los errores a los que llegan, en esta sociedad que ni siquiera se hace cargo de su desarrollo, dejar fuera de la toma de decisiones a miles de jóvenes que tiene opinión y que no precisamente es a favor del sistema vigente. Sería útil que explicaran los mismos parlamenarios, por qué si consideran suficientemente conscientes y responsables a nuestros jóvenes, como para pagar sus faltas con cárcel, no lo son para elegir a las autoridades. Resulta tan obvio que por obvio, nadie repara en ello.

Ahora bien, detrás de todos los argumentos hipócritas que se esgrimen para impedir que los jóvenes ingresen de manera masiva a las contiendas electorales en nuestro país, se esconde, sin duda, un temor profundo a la democracia. Ese mismo temor que ha llevado a la derecha a no modificar el sistema electoral binominal manteniendo la exclusión de grandes sectores de Chilenos que son contrarios al modelo; ese mismo temor que los lleva a negarse tajantemente a aceptar la posibilidad de realizar plebiscitos de carácter vinculante para decidir materias de interés nacional. El mismo temor, en definitiva, que los lleva a negarle el derecho a voto a los chilenos que viven aun en el exterior producto del exilio forzado al que fueron sometidos sus padres por la dictadura con la cual la derecha logró implantar el sistema económico que rige hasta hoy en nuestro país.

Ese temor, en todo caso, encuentra su justificación en la certeza absoluta que ellos mismos tienen acerca del rechazo que la mayoría de la ciudadanía siente para con el modelo que implantaron a sangre y fuego mediante la dictadura militar. De la misma manera, tienen la certeza del rechazo que generan muchas de las leyes que emanan de ese parlamento ilegítimo y antidemocrático, que no representa el sentir de la nación a la que se le ha conculcado, de la manera más elegante, su derecho a la autodeterminación.

Tienen la certeza de que si dejaran participar de manera abierta y vinculante a esa tremenda masa de chilenos representada por los jóvenes, los hijos del exilio, los representantes de los trabajadores y los que no creen en el modelo, no podrían, de ninguna manera, salvo mediante la realización de otro golpe de estado, detener los cambios que nuestra sociedad desea realizar y que día a día se van expresando con mayor fuerza y radicalidad en las calles de nuestras ciudades. Lamentablemente, ese temor se ve perfectamente complementado por una aversión total a la política por parte de los mismos jóvenes, que repiten, tal como lo decía Pinochet en sus mejores tiempos, que todos los políticos son iguales, que no existe nadie confiable y que si el voto sirviera para algo ya lo habrían prohibido.

Ellos, los mismos que cuando una ley que les afecta directamente llega al parlamento, salen a las calles a realizar protestas legítimas y a manifestarse en contra de dicha ley, prefieren no participar de las elecciones en que se eligen a los que hacen las leyes.

El gobierno hace lo suyo e intenta criminalizar de manera burda a los manifestantes que mientras sigue actuando y generando leyes a espaldas de la gente, para que luego estas sean aprobadas por los parlamentarios que, más que actuar como representantes de la gente ante el gobierno, actúan como representantes del gobierno ante sus electores, recibiendo órdenes de partido o del gobierno según sea el caso.

Lamentablemente, ese temor de la derecha, se complementa de manera perfecta con la actitud de aquellos jóvenes que no logran visualizar o que simplemente no comparten el hecho de que tan importante y legítimo como sus marchas y manifestaciones, para intentar detener las leyes que el gobierno trata de aprobar de espaldas a la ciudadanía, sería intentar definir quienes deben discutir y aprobar las mismas.

Lamentablemente, no han reparado aún que si los jóvenes participaran y fueran protagonistas del devenir nacional ocupando todas las formas legales de lucha, podrían definir cualquier elección. Es más, si se organizaran y conformaran un “partido de los jóvenes”, podrían elegir al próximo gobierno de Chile o al menos obligar a construir alianzas de gobierno a aquellos que quisieran hacerse del poder instalando sus intereses y necesidades en los programas de gobierno de manera tal que sus expectativas fueran consideradas de verdad.

Por dar solo un ejemplo de lo que la auto inhibición de los jóvenes de part5icipar en política, fomentada por los defensores del modelo, implica para la toma de decisiones, permítanme mencionar el caso de la comuna en donde soy candidato a Alcalde por el pacto Juntos Podemos Más; La comuna de Recoleta.

En ella, la población entre 18 y 34 años, todos nacidos y criados después del golpe de estado, representa casi el 30 % de la población comunal. Sin embargo su participación en el padrón electoral esta reducida a solo un 13,4 % mientras los mayores de 35 años, que representan solo el 45 % de la población comunal, representan nada más ni nada menos que el 87% del padrón electoral.

Así las cosas, los defensores del modelo se sienten felices de la poca participación de los jóvenes en la política y lamentablemente, mientras este escenario se mantenga y la juventud se siga restando de sus atribuciones esenciales y de sus derechos ciudadanos, seguirá siendo tratada, por los defensores y por los administradores del modelo, como una enfermedad que se pasa con los años y seguirán los jóvenes siendo los hermanos pobres de las políticas de estado, como lo son los mapuches, las personas con discapacidad, las minorías sexuales y otros géneros sociales de menor envergadura, con la única diferencia que los jóvenes, muy a pesar de los defensores del sistema, no son una minoría.

UNA BUENA NOTICIA...

Estimados Amigos, Compañeros y Hermanos:

Tengo el agrado de invitarlos a seguir reflexionando acreca del mund que nos toca vivir en mi nueva página que espero sea una aporte para construir el mundo que, desde la izquierda, queremos formar.

En este nuevo espacio podrán seguirleyendo y y discutiendo mis artículos. Podrán además escuchar mis programas de Radio Nuevo Mundo y ver algunos de los debates en que participé en el Termometro. Y si no puedes leer o te encuentras demasiado ocupado para hacerlo,.. te invito a escuchar los artículos gracias a los avances tecnológicos y a la ayuda y compromiso siempre presente de mi compañero resma, a quien agradezco, el salto adelante que me ha obligado a dar.

Seguimos en contacto.

www.danieljadue.cl

contenido completo.

LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA CHILENA

Una buena noticia ha sorprendido esta semana a todos quienes nos consideramos de izquierda y estamos comprometidos con trabajar por la unidad de la misma para ser una alternativa real al sistema político y económico vigente en nuestro país.

Luego de tres años de casi nula comunicación y de campañas mutuas de desprestigio y acusaciones de traición entre direcciones políticas y militantes de base entre las que eran fuerzas principales de la izquierda, nos hemos enterado, por los medios de comunicación, de nuevas conversaciones entre el Partido Comunista, el Partido Humanistas y la Izquierda Cristiana para relanzar el pacto que tan buenos dividendos diera en las elecciones de concejales y alcaldes del año 2004 y en las legislativas del año 2005.

Atrás comienzan a quedar esos días en que pensar distinto, dentro del pacto, era penado con el estigma de traidor o de vendido. Atrás quedan esos días en que unos y otros se sentían dueños de la decisión política del pacto y trataban, por todos los medios disponibles, de imponer a los otros su visión de la realidad y su camino. Atrás queda aquel tiempo en que, en vez de aprovechar nuestras legítimas diferencias para ampliar nuestra base de sustentación y constituirnos en fiel reflejo de la sociedad que decimos querer construir, optamos por intentar eliminarlas al punto de aniquilar políticamente a quienes pensaran distinto.
Afortunadamente la dinámica de la realidad política impone decisiones que la falta de madurez política hace imposible.

Ante la necesidad de enfrentar, de nuevo de manera unitaria, los desafíos electorales que se avecinan, los líderes de los partidos han decidido dejar en el pasado sus diferencias tácticas para una vez más centrarse en la estrategia de consolidación de todo y de cualquier avance que como izquierda podamos lograr, para hacer saltar los candados de la exclusión y evitar así la profundización del modelo que otro gobierno de la Concertación o uno nuevo de la Derecha, mediante la aun vigente política de los acuerdos y de los consensos, han ofrecido y seguirán ofreciendo a nuestro pueblo como única solución a los problemas que, incluso en años de vacas gordas, continúan aquejando a las grandes mayorías de chilenos.

Lamentablemente no todo podrá quedar en el pasado. Nada borrara el tiempo perdido, las confianzas destruidas, las amistades empeñadas y la pérdida de credibilidad e inserción en la base social.

Nada podrá borrar el vacío que tres años de inmovilidad sustancia de la izquierda como unidad, ha dejado la torpeza de nuestras decisiones en caliente, a pesar de haber tenido años en donde la concertación y la derecha no pedieron oportunidad de equivocarse y de regalarnos oportunidades valiosas para acometer contra su modelo y avanzar como un todo en la construcción de la tan necesaria alternativa de izquierda.

Lamentablemente, las decisiones que hoy estamos, una vez más, obligados a tomar para no desaparecer de la escena política, no aseguran que las actitudes que nos llevaron a cometer los errores mencionados desaparezcan.

Nada nos asegura, por ejemplo, que algunos militantes no quieran seguir operando, a pesar de las declaraciones y de las orientaciones de nuestros líderes y dirigentes, como dueños de las estructuras partidarias, jugando a excluir y a restar a quienes piensan distinto, por temor a la gente y por temor a que sumar les signifique perder esas minúsculas cuotas de poder social que a la vista de muchos mediocres son siempre más importantes que los objetivos políticos del periodo.

Nada nos asegura que los candidatos a estas nuevas elecciones, serán los mejores ni los más capacitados para desarrollar las tareas para los que serán electos y que dejaremos de pensar las elecciones solo como un instrumento más para multiplicar nuestras pequeñas cuotas de poder olvidándonos de que son un forma de lucha para ampliar nuestra inserción y la credibilidad en nuestra capacidad de gobierno y de gestión.

Nada nos asegura que los candidatos, por ejemplo, serán escogidos de manera participativa, democrática y en base a un análisis objetivo y serio, en donde el mérito y las competencias sean fundamentales para tomar las decisiones que nos lleven, sin duda a ampliar las esferas de influencia de nuestro conglomerado.

Nada nos asegura que nuevamente alguien no trate de bajar a quienes comienzan a brillar en una izquierda en donde es más fácil ser opaco, porque a quienes brillan, es mejor hacerlos desaparecer en las fauces insaciables de los aparatos, que todo quieren controlarlo, para que no vayan a ser alteradas las cuotas de poder previamente establecidas y que son las verdaderamente revolucionarias o humanistas, según ellos.

Y lo peor de todo, es que nadie pagará el costo de los errores cometidos. Nadie asumirá la responsabilidad política de todo el tiempo perdido y de todos los cuadros y compañeros sacrificados en nombre de la revolución y el purismo ideológico.

Nadie asumirá, con una valiente renuncia o por lo menos con una sincera autocrítica, el error de las malas decisiones tomadas sin la participación de todos los involucrados, que nos trajeron de vuelta a este momento en que debemos partir de cero como si estuviéramos recién llegando a la convicción de que solamente unidos podremos obtener dividendos que sean de verdad favorables a nuestro pueblo.

Nadie dirá, si me equivoqué o nos equivocamos y saldremos de nuevo a tratar de convencer a muchos y muchas, que la izquierda es una alternativa real y necesaria, que somos distintos de verdad, que somos lo que el país necesita para ar el salto cualitativo hacia un proyecto nacional de desarrollo cuyo norte sea Chile y su pueblo. Y seguramente la gente, nuestro pueblo, la ciudadanía o como quieran llamarle, volverá a no creernos del todo.

Volverá a escuchar con simpatías nuestros discursos y nuestras propuestas pero no olvidarán que en los momentos en que debiéramos ser claramente distintos, nos comportamos iguales que aquellos a quienes tanto criticamos y somos iguales que aquellos a quienes decimos querer reemplazar para emancipar a nuestro pueblo y para trabajar por el mejoramiento de su calidad de vida, de sus expectativas y del cumplimiento de sus sueños.

Volverán a encontrarnos toda la razón pero no sentirán la confianza necesaria como para delegar en nuestros cuadros el futuro de sus hijos y el de sus propios sueños porque no pareceremos capacitados para gobernar mejor que los otros y sin el temor que las formas conservadoras de entender el gobierno le tienen a las bases y a la gente común y corriente y por lo mismo, tampoco nos sentirán capacitados para dirigir los destinos de la patria.

Lamentablemente, y he aquí nuestro mayor desafío, mientras la izquierda como un todo y los partidos que la componen, también por separado, no se constituyan en fiel reflejo, en su vida interna y en su relación con el resto, de aquella sociedad que decimos queremos construir: libre, democrática, tolerante, participativa, justa y en donde nadie sobre; seguirá la gente, nuestro pueblo, la ciudadanía o como quieran llamarle, optando por el mal menor, sin atreverse a soñar ni a girar decididamente a la izquierda; y la culpa… la culpa se la seguiremos echando a los factores externos, a los enemigos, a los partidarios del imperio, sin mirarnos, sin escrutarnos y felicitándonos como siempre de nuestras pobres victorias, de nuestros tímidos avances, que solo son un triunfo moral para los que se creen dueños de nuestro futuro.

REFUGIADOS PALESTINOS EN CHILE.

En una carta publicada en el diario La Tercera, el día jueves 28 de febrero, dos señoras de apellidos Novoa e Ibarra, respectivamente, se manifestaban en contra de que Chile, en coordinación con la ACNUR y con algunos alcaldes de nuestro país, de refugio a los palestinos que están por llegar a Chile, con el argumento de que los dineros a invertir en ellos pudieran ser gastados en solucionar problemas pendientes hace años, de chilenos carenciados, llamando a hacer realidad aquel refrán que dice que la caridad debe empezar por casa.

Afortunadamente, me asiste la certeza, que el pensamiento de aquellas señoras no representa a la mayoría de los chilenos que estamos conscientes de varias cosas que me gustaría puntualizar:

1. Los chilenos hemos recibido la solidaridad de numerosos pueblos que, cuando conciudadanos nuestros han tenido que sufrir el exilio forzoso, no han escatimado esfuerzos por acogerlos y ofrecerles una vida digna, haciendo uso de principios tan universales como la fraternidad, la solidaridad y el humanismo. Es lamentable que estos valores aun no se hayan convertido en mínimo común denominador del pensamiento en nuestra patria.

2. En nuestro país, el aporte que los inmigrantes palestinos y sus descendientes han hecho, durante el último siglo, en todas las esferas de la vida cotidiana ha sido notable, lo que hace pensar que más que una carga para nuestra sociedad, la llegada de estos inmigrantes y el ofrecerles un espacio privilegiado en donde esperar que se haga efectivo su derecho al retorno a Palestina, lejos de constituir una carga debe ser tomado como una verdadera oportunidad de aprendizaje para nuestra sociedad, de desarrollo de la conciencia nacional en torno a estos valores y de practica de los mismos.

3. Por último, no hay que ser demasiado erudito en temas políticos y económicos para darse cuenta de que si en nuestro país existen aun temas de justicia social por resolver, es precisamente por el modelo de desarrollo al que Chile ha adscrito, que precisamente carece de estos valores esenciales y no genera ni justicia ni igualdad para todos y todas, por lo que ahorrarse los dineros que se utilizaran en este caso, y que según explica el mismo alcalde, no son significativos, no redundará en ningún cambio significativo en la realidad nacional de los que menos tienen.

Por todo lo anterior es destacable la actitud asumida por todos quienes se han involucrado en esta acogida[1] que esperamos no se prolongue más que el tiempo imprescindible para hacer realidad el derecho que a todos los palestinos del mundo asiste de retornar a Palestina, su tierra, y construir en ella un Estado independiente soberano, laico y democrático en el cual las imágenes cotidianas de la nefasta e ilegal ocupación militar israelí sobre la tierra de los palestinos, que lleva ya 60 años y que nada tiene que envidiar a lo que los nazis hicieron con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, no sea más que un triste y lejano recuerdo.

[1] Más Información en www.rfg2.cl

CHILE 1970 – 1999: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y CONSECUENCIAS URBANAS.

1. Resumen.

El presenta trabajo tiene carácter de investigación exploratoria y documental y su objeto de estudio es la relación existente entre la transformación productiva vivida en Chile en las últimas tres décadas, Las Políticas de desarrollo Urbano que de ellas han emanado, los instrumentos legales que las han hecho posibles y el territorio.

No pretende alcanzar rigurosidad científica ni metodológica. Más bien pretende ser la base para posteriores estudios que, con mayores detalles, logre describir y explicar como las transformaciones productivas se materializan en políticas de desarrollo urbano nacional y en leyes que son la expresión formal de las mismas y avanzar sobre los cambios necesarios de ejecutar en estos ámbitos para construir "la ciudad que queremos".

Para esto, se realizará un esfuerzo para situar al País en el contexto histórico y político de la época que marca el inicio de nuestro análisis, para luego centrarse en un estudio de cómo la transformación productiva impuesta se materializó en las políticas de desarrollo urbano de 1979 expresada en las modificaciones a la Ley General de 1976, en D.L Nº 3516 Sobre División de Predios Rústicos y cómo la PNDU de 1985 que pretendía revertir a su predecesora, no logra materializarse en un cambio al nivel de las Leyes que rigen el comportamiento de los actores públicos y privados en el territorio hasta el esfuerzo del PRMS de 1994 en donde se expresa en un instrumento de la ley todo el esfuerzo de síntesis de la discusión nacional que, desde el retorno a la democracia, se viene gestando.

En base a estos análisis pretenderemos sacar algunas conclusiones que nos permitan imaginar algunas modificaciones a la Política Nacional y a la ley, que pudieran ayudar a materializar la actual discusión de la política nacional de desarrollo urbano.

1. Introducción.

En las últimas décadas, el país ha sido testigo de una de las más profundas transformaciones de su estructura productiva, social, política y cultural. El neoliberalismo, sistema económico y cultural impuesto a la fuerza por la dictadura militar, terminó de destruir el modo de producción existente hasta mediados de la década del 70, desmantelando sin revertir, una serie de cambios estructurales producidos por el gobierno de la Unidad Popular, representados por el Estado de Bienestar Social, desarticulando y destruyendo el tejido social existente con el objetivo de desvincular la gestión económica del Estado de las presiones del sistema político y la sociedad civil no empresarial[1].

Así el Estado fue transformado y concebido sólo como un ente económico al servicio del capital nacional y extranjero y se abocó a cimentar un sistema lo más funcional posible a la reproducción de la riqueza y a la acumulación del capital.

Esto se logró a través de siete medidas que según Díaz, pueden considerar como la agenda básica del Neoliberalismo[2]:

a. La apertura externa unilateral;
b. Las privatizaciones extensivas de las empresas públicas;
c. El desmantelamiento de la regulación de mercados de bienes, servicios y del trabajo;
d. La liberalización del mercado de capitales, integrando a este el sistema de fondos de pensiones;
e. El ajuste fiscal basado en la reducción de los gastos públicos y la extensión de la base tributaria de impuestos indirectos;
f. El cambio en el carácter del gasto social el que pasó a ser focalizado y compensatorio y;
g. El desmantelamiento de la política industrial para concentrarse en la gestión macroeconómica (Díaz 1996).

El mercado fue entendido como el único capaz de regular las relaciones sociales (entendidas éstas, según Marx, como cualquier tipo de relación existente entre la especie humana y la de ella con las otros sectores de la naturaleza) y la sociedad chilena fue desplazada de su sitial de eje central de las preocupaciones gubernamentales y en su lugar se instaló la macroeconomía, para la cual la sociedad chilena se convirtió en un instrumento más de su objetivo único: el equilibrio macroeconómico, el crecimiento económico sostenido, el surgimiento de una nueva burguesía del tipo burocrático, la reproducción de la riqueza y la acumulación del capital.

En este contexto, la naturaleza y por ende la tierra y el suelo urbano, fueron considerados también como instrumento para el crecimiento económico y el mercado se declaró, como en todo, amo y señor del suelo, tanto urbano como rural. La tierra dejó de ser considerada como un bien escaso y como materia prima para la satisfacción de las necesidades, y se anularon las limitaciones de explotación que sobe ella existía[3] (PNDU 1979). La ciudad creció en diez años lo que no había crecido en cien y multiplicó por dos su extensión en poco más de una década.

El Estado disminuyó su grado de responsabilidad social traspasando a los privados la gestión de lo que antes se consideraban como derechos básicos, salud, educación, vivienda, previsión social, etc. Entre ellos la vivienda fue considerada como un bien.(Bravo y Martínez, 1993), a diferencia del gobierno de la unidad popular que la consideraba como un derecho; y desde ese momento debía adquirirse con el esfuerzo y el ahorro de la familia, reservando para el Estado solo la planificación, la gestión de las normas y la subsiedaridad para aquellos que no pudieran por sí solos, resolver el financiamiento de su propia vivienda. Por último se resguardaba también para el estado el control del proceso cuya producción caía bajo la responsabilidad exclusiva del sector privado que a partir de entonces podía lucrar indiscriminadamente con las necesidades más básicas de los chilenos y chilenas.

Se pretendía la formación de un mercado abierto del suelo urbano y de viviendas, tal como se hizo con el mercado del trabajo, y paulatinamente se iría completando el traspaso de responsabilidades al sector privado, entregándole primero la responsabilidad sobre los proyectos de arquitectura y urbanización, y posteriormente la elección de los terrenos para la ubicación de los conjuntos, sistema conocido como “llave en mano”.(Bravo y Martínez, 1993)

El mercado inmobiliario se apoderó de la ciudad y los habitantes de menores recursos fueron expulsados de los lugares en donde vivían y llevados a la periferia, sin considerar sus expectativas de vida, escondiendo la pobreza y cubriendo con un velo la segregación espacial y social que se iba gestando en este Chile moderno cuya política de desarrollo urbano aspiraba a la conformación de barrios homogéneos lo que inevitablemente llevaría a la construcción de una ciudad dicotómica en donde convivirían sin conocerse la riqueza y la pobreza, el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad, la seguridad y la inseguridad; la protección y la vulnerabilidad (Jadue, 1996).

La especulación del suelo urbano terminó por arrasar con estupendos suelos agrícolas, con innumerables plazas de trabajo y con no menos comunidades rurales que fueron absorbidas por el siempre todopoderoso crecimiento económico, en virtud del cual, todo vale. El error fue reconocido más tarde[4] (PNDU 1985), pero el proceso se reveló ya como algo irreversible, ya que el estado nunca volvió, hasta el día de hoy, por lo menos, a tener capacidad para pensar por la sociedad en su conjunto, ubicándose siempre al servicio de los intereses privados que hicieron de la especulación el mejor de los negocios.

El término del régimen autoritario trajo consigo a gobiernos que con la promesa de una transición a la democracia y con la imposibilidad de profundizar los procesos de democratización y reconstrucción de la sociedad civil, se han dedicado sólo a administrar el modelo, intentando “humanizarlo”, pero sin lograr cambiar en nada lo sustancial del mismo, perpetuando un sistema antidemocrático, no participativo y excluyente que para nada ha logrado revertir el proceso antes mencionado. Los tímidos avances en materia de descentralización se han encontrado con una cultura organizacional que ha mantenido la vieja forma de hacer política en las nuevas estructuras.

Sin embargo, en la década de los 90, con el llamado retorno a la democracia, se intentó poner término oficialmente a la expansión ilimitada de la ciudad con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS 1994), pero proyectos como el Plan Chacabuco y otros, avalados por el propio estado, siguen atentando contra los suelos fértiles cada vez más escasos de la región central, contra las fuentes de trabajo que de ellos emanan o podrían emanar y contra las comunidades que en ellos viven..

Así, el proceso de segregación espacial fue llevado a cabo, como muy bien lo expresara Mauricio Valenzuela, primero a través de la expulsión forzada bajo dictadura y segundo por la expulsión velada que significó la continuación de un modelo de subsidio habitacional que no ha cambiado los patrones de localización ni otorga posibilidad alguna de elección a los beneficiarios (Valenzuela, 1997). La riqueza se ha seguido acumulando, la pobreza se ha seguido extendiendo y la distribución del ingreso es cada día más desigual distanciando aún más las realidades que coexisten sin convivir, al interior de nuestra “comunidad urbana”.

En este contexto, estos últimos años han estado marcado por un aumento sustantivo en la conflictividad social producto de la excesiva y desigual división de los costos y los beneficios del equilibrio macroeconómico entre la población en tiempos de crisis. Ningún sector productivo ha estado ajeno a ello y sin duda los movimientos sociales de carácter reivindicativos fueron protagonistas inolvidables del año que esta terminando.

Sorpresivamente y por primera vez, luego de casi tres décadas, a las demandas más tradicionales como salud y educación se sumó la crisis del modelo de políticas habitacionales, la contaminación y la congestión, en suma, el deterioro progresivo de la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad metropolitana.

Los efectos de El Niño, en 1997, dejaron en triste evidencia la inoperancia histórica de las virtudes auto – optimizantes del mercado bajo condiciones de “laissez – faire” en el espacio urbano y en las soluciones habitacionales, lo que ha dejado entrever la necesidad imperiosa de intervención del estado en los temas de importancia social, por una parte, y la necesidad de resignificar la vivienda como concepto, por otra.

2. La PNUD De 1979 Y Sus Principales Instrumentos;
Las Modificaciones Al D. S. 458, MINVU De 1976 (D.O.13.04.76)
Y El D. L. Nº 3.516 (D.O 1.12.80).

La Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 es la piedra angular del desarrollo teórico que, se pretendía por la necesidad urgente de realizar los cambios económicos antes descritos. En ella se plasman los principios fundamentales que guiaban los cambios y que se presentaban como completamente contrarios a todo aquello que existía como tradición del urbanismo contemporáneo en la forma de entender la ciudad. La mejor manera de entender su impacto es quizá un rápido recorrido por sus declaraciones y enunciados, desde donde puede desprenderse con facilidad las ideas que neoliberales que avalaban su dictación.

Al igual como se entendía en otras esferas de la vida cotidiana, las garantías que pretendía resguardar la política en cuestión (privacidad, luz, aire y seguridad), se otorgaban "sobre la base de asegurar el funcionamiento de un eficiente mercado de la tierra urbana; de una adecuada planificación de los recursos públicos destinados a equipamiento y e infraestructura; y el establecimiento de normas de urbanismo y construcción claras e iguales para todos los habitantes" (PNUD 1979, pag 3).

La primera declaración de principios de esta nueva política era entender el suelo urbano como un recurso no escaso. "Su aparente escasez es consecuencia de la falta de concordancia entre las normas técnicas y jurídica- por las cuales se rige el desarrollo urbano- y las condiciones de oferta y demanda del mercado inmobiliario"(PNUD 1979, pag 3).

En el punto 2 de las declaraciones iniciales se termina de delinear los criterios que rigen en el ordenamiento territorial cuando se afirma que el uso de suelo queda definido por su mayor rentabilidad. En el punto 3 se presenta las ventajas comparativas que emanan de la concentración espacial de la población, lo que permite economías de escala que abaratan costos y maximizan las utilidades. El punto 4, para terminar, define que el uso de suelo debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los requerimientos del mercado. A pesar de estas claras directrices, el estado se impone el deber de proteger el bien común, lo que a nuestro parecer constituye una simple declaración formal de buenas intenciones (PNUD 1979, pag 3).

En cuanto a los enunciados de la política la PNUD planteaba con respecto a la planificación urbana, que se pretendía aplicar un sistema de planificación flexible con el mínimo de intervención estatal. Respecto de la expansión de las ciudades, planteaba la necesidad de definir procedimientos y eliminar las restricciones de modo de permitir el crecimiento natural de las áreas urbanas, siguiendo las tendencias del mercado. Respecto de la renovación de las ciudades, buscaba legislar en beneficio de los proyectos que promovieran la renovación urbana de zonas deterioradas, especialmente en aquellas ubicadas en las cercanías de los centros principales de las ciudades. Respecto de la vivienda, promovía la conformación de un mercado abierto de viviendas dejando al sector privado la responsabilidad de su producción.
Así las cosas, en todo orden de cosas se reconocía al mercado como el principal indicador para determinar la cantidad de terreno que requerirá el desarrollo de las actividades urbanas y la dirección del crecimiento dominante. Para estos efectos se establecieron leyes que pudieran dar curso a la política en cuestión y se estructuró, incluso anticipadamente, una ley cuyas excepciones a la norma anulaban las leyes generales incapacitando al estado, en sus distintos niveles de acción, para enfrentar el apetito inmobiliario. El primer paso fue la sustancial modificación al Plan Intercomunal de Santiago que haciendo realidad todo lo dicho, se concretó en el D.S. 420 de 1979 que creo la denominada "Área de Expansión Urbana", derogando, al mismo tiempo, los capítulos dedicados a la localización de vivienda social y el equipamiento, haciendo desaparecer, además, las condiciones restrictivas al crecimiento en extensión que normaba la antigua "Área Suburbana".

La legislación que se proponía se basaba en exigencias mínimas a la hora de las aprobaciones de los instrumentos de planificación, que no consideraban ni materias medioambientales, ni los estudios de capacidad e impacto de la infraestructura necesaria para soportar el crecimiento en cuestión. Para demostrar esto, basta con observar la composición del Plan regulador Comunal según el D.S. Nº 458 MINVU de 1976, que en su artículo 42 exige solamente la memoria explicativa, el estudio de factibilidad de agua potable y alcantarillado, la ordenanza y los planos, sin asumir los cambios mundiales que en esta materiase estaban dando y que decían relación con el cuidado medioambiental (L.G.U.C., MINVU. Editorial Jurídica de Chile. 1977). Nada se dice de participación y mucho menos de definir zonas no aptas para ser habitadas ni nada por el estilo.

Otro elemento importante para entender la magnitud de la política en cuestión, son los artículos 79, 80, 81 y 82, que conforman el párrafo 3º referente al saneamiento de poblaciones[5], que pese a estar incorporados desde antes en la legislación, es en este período cuando cobran relevancia. En estos se planteaba que correspondía a las municipalidades desarrollar acciones necesarias para la rehabilitación y saneamiento de las poblaciones deterioradas o insalubres dentro de la comuna, en coordinación con los Planes de esta misma naturaleza y planes habitacionales del ministerio de vivienda y Urbanismo. Para esto se establecían atribuciones que incluso podían imponer por la fuerza la demolición de una propiedad que fuera catalogada en alguna de las categorías antes señaladas.

Este párrafo fue el que sirvió para desarrollar planes masivos de erradicaciones desde las comunas del centro hacia la periferia. Ante esta realidad los inversionistas se lanzaron sobre los suelos periféricos de la ciudad, sensiblemente más barato que el suelo central y desarrollaron sus proyectos habitacionales con el plus que le otorgaba el bajísimo valor de la tierra en proceso de incorporación al suelo netamente urbano, matando dos pájaros de un tiro: haciendo de la vivienda social un buen negocio y preparando bancos de terrenos en las comunas cuyos suelos liberados de "pobres" permitían negocios tremendamente rentables en terrenos muy bien ubicados. De hecho, los programas del MINVU de erradicación de campamentos dentro de la ciudad de Santiago, iniciados en 1979 y llevados a cabo hasta 1985, significaron el desplazamiento intercomunal de 28.703 familias (C.E.D. 1990). Las erradicaciones llevadas a cabo, provocaron un movimiento de entrada y salida de población entre comunas, lo que permitió establecer una clasificación comunal según fueran estas receptoras o dadoras de población. Fueron comunas "receptoras" netas las de Renca, La Granja, Quilicura, Pudahuel, Puente Alto y San Bernardo; mientras las dadoras netas fueron Santiago, Las Condes, La Reina, Conchalí y La Florida, entre otras.[6]

En cuanto las formas de intervenir en el mercado del suelo la legislación entrega sólo la posibilidad de las expropiaciones, consideradas en el artículo 84 del Capítulo VII, Párrafo 1º. Sin embargo, en su último inciso, obliga a los gobiernos locales a incorporar en el presupuesto del año venidero el valor total de las expropiaciones que la municipalidad determinase, impidiendo en la práctica, al no considerar otras alternativas, que estas se llevaran a cabo, debido a la escasez sistemática de recursos con que funcionaban los gobiernos locales, sobretodo los de la periferia, que con la mayor carga social y con los menores ingresos, veían reducidas al mínimo sus posibilidades de actuar en pro del mejoramiento del hábitat popular.

Paralelamente a las modificaciones que afectaban a la normativa urbanística, el MINVU modificaba el reglamento de Vivienda Económica del DFL N° 2 de 1959, liberalizando la norma hasta el punto en que dejaba entregada a la voluntad del proyectista la fijación de estándares y condiciones de ocupación de suelo, en loteos de cierta envergadura. Estas normas van aparejadas al establecimiento de normas mínimas para las viviendas declaradas básicas, las que permiten alcanzar densidades superiores a los 600 habitantes por hectárea en algunos conjuntos construidos en la periferia del Gran Santiago, durante la dictadura militar. Todo esto significó la construcción de un marco de acción propicio para desarrollar los negocios inmobiliarios, los que, además, tuvieron desde entonces, garantías tributarias.

Por último, el Decreto N° 3.516 del 19 de noviembre de 1980 viene a coronar los esfuerzos realizados en orden a convertir al mercado en el amo y señor del suelo y la tierra. En su artículo 1° se establecía que los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan regulador metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Esto significó la depredación de una cantidad importante de suelos agrícolas de excelente calidad que fueron incorporados informalmente a las zonas urbanas metropolitanas, en forma de jardines privados de parcelas de agrado.

3. La Política Nacional De Desarrollo Urbano De 1985.

Como resultado de las consecuencias urbanas y de los problemas ambientales y de salud emanados de estas, la política del 79 fue blanco de duras criticas de la comunidad académica, política y social, lo que se vio fuertemente agravado por la crisis que sepultó los resultados de la actividad inmobiliaria entre 1982 y 1984 y e MINVU se vio “obligado” a reformularla dictando en 1985 una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Este cuerpo contenía disposiciones muy similares al Plan intercomunal del 60, en su versión original. De hecho marca una vuelta atrás en materia de Planificación Urbana, ya que retrocede Al nivel de los años 60 en cuanto a los conceptos, metodología y técnicas urbanísticas contenidas en ella.

Sin embargo, lejos de querer revertir las tendencias que reconoce en los movimientos migratorios "campo - ciudad" y "ciudades menores - metrópolis" llevando infraestructura y equipamiento hacia los focos de migración, asume la tendencia y plantea que "los centros urbanos chilenos deben enfrentar en las próximas décadas un crecimiento poblacional de gran magnitud. Traducido esto en términos de extensión urbana, puede estimarse que cada año deberían agregarse no menos de 1200 hectáreas a las actuales áreas urbanas, esto sin considerar todavía lo necesario para superar el actual déficit de viviendas"[7].

Constata además que junto con los beneficios que trae la gran ciudad, ésta ha envuelto a sus habitantes en graves problemas de índole económica y social. Altos costos y deseconomías, deterioro de las condiciones ambientales, carencia de viviendas y de servicios, ineficiencias operativas y administrativas, etc.. Termina el texto, en su parte introductoria, afirmando que el crecimiento de los centros urbanos en las últimas décadas generó problemas graves en las ciudades.

Vuelve a poner en la mesa de discusión el rol que le cabe al estado en la planificación sin descartar la participación de la iniciativa privada, y concluye que corresponde al estado la irrenunciable responsabilidad de procurar que las áreas urbanas en que viven la gran mayoría de los habitantes alcancen un estándar aceptable de habitabilidad conciliando desde una perspectiva superior los intereses de los particulares con el interés del bien común, entendiendo que toda promoción lleva implícito el concepto dinámico de acción, para lo cual el Estado necesita de voluntad y de medios.

A pesar de reconocer el error, se presenta con una timidez propia de quién no quiere desdecirse de sus convicciones anteriores y es fiel en plantear el absoluto respeto a la propiedad privada, así como continúa entendiendo lo rural, sólo desde lo urbano. Se fundamenta, eso sí, en reconocer que el suelo es un recurso económicamente escaso, debido a su naturaleza de bien útil no producido, y por tanto de una oferta absolutamente inelástica. Plantea , por lo mismo, la necesidad de elevar la intensidad de uso del suelo urbano, priorizando la densificación y la renovación por sobre el crecimiento en expansión.

Uno de los aspectos novedosos que presentaba la nueva política, era el de incorporar un capítulo dedicado a la participación de la comunidad en la toma de decisiones urbanas, pero este y otros capítulos de la nueva política de desarrollo urbano nunca se pudieron poner en práctica ya que pasaban por introducir algunas modificaciones previas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para permitir la participación activa de la comunidad en la gestación y modificación de los Planes Intercomunales y Planos Reguladores locales, entre otras materias.

En la actualidad, los Planos Reguladores Comunales son los únicos instrumentos que requieren por ley, de una presentación a la comunidad antes de ser aprobados definitivamente, pero esta presentación es de carácter informativo y el municipio no está obligado a tomar en cuenta las opiniones de la comunidad. Las construcciones o modificaciones a los planes Intercomunales o Metropolitanos no requieren siquiera de información pública, sino que basta con un proceso de solicitud de informes a las comunas directamente afectadas por la modificación y sus vecinas en un acto no vinculante, ya que tampoco es obligatorio tomar en cuenta estas observaciones y el MINVU puede insistir en una posición divergente de la comunal, si así lo estima conveniente.

En este contexto, el sistema de planificación urbana en el ámbito local e intercomunal o metropolitano, no queda sujeto a ningún control de la comunidad a través de procedimientos directos y activos de participación pública, cuestión que lo convierte en un producto netamente tecnocrático.

Las modificaciones e incorporaciones de nuevas herramientas legales de mediados de la década de los 90 han incorporado temas de preocupación cada vez más importantes como el cuidado del medio ambiente y la descentralización y la desconcentración, pero sin duda, la cultura organizacional y la de los caudillos locales, fuertemente modelada por casi dos décadas de gobierno dictatorial no han logrado sobreponerse a los efectos del totalitarismo y persisten, en la mayoría de los casos, los viejos métodos en las nuevas estructuras, lo que ha demorado el cambio, salvo honrosas excepciones que han modernizado la gestión y han desarrollado políticas locales que han tendido a revertir la situación, como el caso de La Pintana, Santiago y otras comunas que se salen de la norma.

Por otro lado, las amarras constitucionales y el lento proceso de recuperación de la democracia, ha incidido en la incapacidad del Estado para enfrentar los apetitos de la empresa privada que han lucrado a costa de la calidad de vida de todos los habitantes de las metrópolis, sin revertir ninguna de las tendencias nefastas que dieron nacimiento a la política del 85.
5.- La Discusión Para Una Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbana
y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

A partir del inicio de la recuperación democrática, las fuerzas políticas que se incorporaron a la administración del modelo heredado de la dictadura quisieron dar respuesta a las varias y variadas inquietudes que los patrones de desarrollo urbano a nivel nacional habían generado en los distintos niveles y actores de la comunidad nacional.

Se inició, por tanto, un proceso nacional de discusión que, sin ser participativo en lo social, incorporó a variados actores del mundo político, académico y empresarial, con el objetivo de co- construir una nueva visión del desarrollo urbanos que el país necesita.

A pesar de no haberse materializado en un documento oficial del gobierno, el Programa de Gestión Urbana (PGU-LAC) de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe, publicó en 1996 un libro que contiene los antecedentes de la consulta nacional para la formulación de una nueva política de desarrollo urbano que reúne textos de diversos actores con el objeto de preparar el camino a la nueva política

En ese texto, Edmundo Hermosilla, en ese tiempo Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, en su texto "Orientaciones Básicas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano" exponía los elementos más relevantes de la que debía ser una política urbana para el Chile de hoy y del futuro. Se planteaba que esta debía promover el surgimiento de una ciudad que fuera el reflejo de una sociedad equitativa, en donde el bien particular no primara sobre el bien común; una ciudad que fuera capaz de acoger a sus habitantes; que se estructurase sobre la base del desarrollo de sus espacios públicos y que promoviera el encuentro y el intercambio cotidiano; con una normativa simple y general, pero rigurosa y severa en su aplicación; una ciudad que asegurar a sus habitantes una relación sustentable con el medio ambiente y que se insertara de manera exitosa en el mundo global[8]. (Hermosilla 1996)

Para esto se planteaba el fortalecimiento de los sistemas urbanos en las distintas regiones del país para detener la migración hacia la metrópoli que dificulta cada vez más la solución a sus problemas. Esto pasa, según Hermosilla, por la creación y el fortalecimiento de subcentros capaces de responder a la demanda por bienes y servicios básicos, en todos los ámbitos del desarrollo humano; por la intensificación del uso del suelo y la revitalización de las áreas centrales deterioradas; la implementación de programas masivos de espacios abiertos públicos; una adecuada localización de la macroinfraestructura urbana de servicios; el fortalecimiento de los programas de pavimentación urbana; la implementación de planes de inversión vial de carácter integral y de largo plazo y el mejoramiento de los sistemas de transporte público y privado, entre otros.

Esta discusión dio a luz a uno de los esfuerzos más importantes del último tiempo en materia de planificación regional: el Plan Regulador Metropolitano de Santiago publicado en el D.O. el día 4 de noviembre de 1994, a partir de la resolución número 20 del 6 de Octubre del mismo año.

En el se establecen una serie de medidas en la dirección antes descrita. Sin embargo, la falta de participación de los gobiernos locales en el proceso y los apetitos inmobiliarios incorporados a la red de intereses tejidos sobre el negocio del suelo le significaron una serie de cuestionamientos y reparos que en 1997obligaron a la autoridad sectorial a torcer su brazo para incorporar cerca de 20000 nuevas hectáreas a las zonas urbanizables bajo un nuevo instrumento legal conocido como Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZDUC) publicado en el D.O el 12.12. 97. Esta resolución incorpora las comunas de Colina, Lampa y Til Til al PRMS y termina así con el sueño de contener la ciudad. En el mismo contexto, en la comuna de Pudahuel, ante la inminencia de la aprobación del Plan, los dueños de la tierra, en coordinación con la Municipalidad, se adelantaron a los objetivos que el Gobierno Regional venía trabajando en el PRMS, de contener la Ciudad, y en estricto apego a la ley vigente hasta ese momento, aprobaron una serie de proyectos que constituyeron derechos adquiridos sobre cerca de 5000 Há de las que el gobierno central esperaba excluir al desarrollo para cumplir los objetivos del Plan para la Descontaminación de Santiago. Esto generó una situación que marcaría el inicio formal de un proceso largo y tremendamente conflictivo entre la SEREMI MINVU, los Inversionistas Inmobiliarios y la Municipalidad, que hasta el día de hoy, sigue sin resolverse.

Esto ha dado paso a una nueva discusión que pretende en un futuro no muy lejano, volver a modificar la Ley General, pero que sin duda, dormirá en las instancias pertinentes hasta que en el congreso de la república corran aires de cambio y de democratización que permitan, de verdad, superponer al bien común a los intereses y a la iniciativa privada.

5. Conclusiones.

La primera conclusión que se puede extraer del presente trabajo es que la transformación productiva de las últimas décadas, ha traído consigo una serie de consecuencias que ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades y las capitales regionales, en especial la de la ciudad de Santiago. El ritmo de crecimiento en expansión, que ha depredado cientos de miles de hectáreas de riego, ha generado deseconomías urbanas que nadie ha pagado y cuyas consecuencias aun están lejos de poder medirse. Si se puede adelantar que el incremento significativo de las enfermedades mentales, de la contaminación y de sus consecuencias en la salud de las personas y la pérdida de capacidad productiva en agricultura, son algunos de los efectos que pueden verse a simple vista .

Sin duda que lo más elocuente en nuestra cultura empirista son las cifras. Lo anterior queda al descubierto con todo su drama cuando toma en consideración que la ciudad de Santiago, por dar un ejemplo, llega al siglo XX con 4.000 hectáreas de expansión. En los primeros 40 años del siglo la ciudad pasa de 4.000 a 10.985 para alcanzar en 1952 a 15.047 Has. En 1960 la ciudad ya se había extendido sobre 20.985 y en 1970 la ciudad alcanza a 30.000 para llegar a 1982 a 38.296 Has. Es decir 82 años le llevó a Santiago consumir 34.296 hectáreas de suelo y en los 15 años posteriores y a pesar de vivir el país, una de sus peores crisis económicas entre el 82 y el 84, que virtualmente lo paralizó, se duplicó en extensión.


Además la agudización de la segregación social del espacio urbano, que se manifiesta en la división funcional del espacio urbano entre usos residenciales, de esparcimiento, para la producción y para el comercio; resultado de la división del trabajo y del progreso tecnológico; y por otra parte, la división social del espacio entre ricos y pobres, producto de la desigual distribución del ingreso, con lo que el acceso a los bienes y servicios urbanos se hace igualmente dispar. La distribución espacial del ingreso y la concentración del mimo, tienen una clara expresión espacial en el Gran Santiago. Tanto los datos relativos a distribución del ingreso como la calidad del equipamiento, calidad de vida y estándares habitacionales se han distribuido crecientemente desiguales en los distintos barrios y comunas pudiendo concluir que el nivel de vida de la población se ha distribuido directamente proporcional a la distribución del ingreso.

Esto nos demuestra que las políticas de empleo, laborales y salariales, y el mecanismo de asignación y distribución de recursos que experimentó el país, con el crecimiento de la economía informal y el surgimiento del subcontrato como forma de externalizar los riegos y los costos fijos del proceso productivo, fue paulatinamente expresándose en el espacio urbano lo que derivó en ciudades marcadamente dicotómicas en donde coexisten sin tocarse la riqueza y la pobreza, el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad, la superexplotación y el ocio. Esto hace prever que los conflictos sociales, lejos de disminuir, irán en aumento si es que es Estado no toma cartas en el asunto, por lo que se hace urgente revisar la legislación laboral vigente en el sentido de corregir las distorsiones creadas por el libre mercado del trabajo..

En otro orden de cosas, se puede concluir que con la legalidad vigente, en la cual la subordinación del bien común al capital es evidente, ha persistido y persistirá el crecimiento en extensión lo que seguirá generando deseconomías urbanas y dispersando las energías económicas en construir más ciudad sin enfatizar en mejorar la existente. El defectuoso mercado del suelo , exacerbado por las prácticas especulativas, solo puede ser revertido por un cambio estructural de las leyes que rigen el comportamiento de los distintos actores involucrados en el hacer ciudad, por lo que aparece indispensable la democratización de la sociedad chilena y el término de los enclaves autoritarios que impiden los cambios legales sin los cuales todas las buenas intenciones quedarán en el papel.

Además es innegable que este proceso que aparece como difícil de revertir generará un desplazamiento espacial de los focos de conflictividad urbana, concentrando de manera peligrosa en los barrios marginales, el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamliar y otras lacras sociales en las cuales la deficitaria calidad de vida juega un importante rol detonador. Esto redundará en un deterioro de las condiciones del hábitat familiar y local, lo que será cada día más difícil de revertir debido a lo permanente de las inversiones urbanas y habitacionales, que sin importar su calidad tienden a permanecer en el tiempo como pies forzados de futuros enfoques para solucionar los conflictos creados durante años de persistencia de las mismas políticas. Además creo importante recordar los nefastos efectos que esta forma de entender el desarrollo urbano trae asociados en el ámbito de la contaminación ambiental, de la informalización del espacio público, de la seguridad ciudadana y de la pérdida del patrimonio histórico de las ciudades y de sus habitantes.

Otra conclusión que es posible sacar de todo esto es que, a la luz de los nuevos aires de reconstrucción democrática, el estudio de las políticas públicas obliga a construir una visión integradora del rol del estado y su responsabilidad social. En el caso de la política de desarrollo urbano y de las políticas habitacionales, esto significa dar vuelta la concepción del desarrollo urbano y hacer ciudad desde la vivienda que es el lugar en donde se da la vida y en torno al cual giran las demás actividades.

Esto obliga a repensar el rol que el estado debe jugar en la reconstrucción de la comunidad urbana que se ha visto destruida por la racionalidad vigente, siendo capaces de cuestionar en un futuro próximo a la racionalidad económica que la acompaña. Esto no puede realizarse sin profundizar significativamente los procesos democráticos que cursan en nuestro país promoviendo la participación ciudadana en los procesos de gestación y focalización de las políticas, así como en las discusiones acerca de las orientaciones que estas deben tener; en este sentido, la descentralización efectiva y la desconcentración que busca potenciar el empoderamiento de las masas se hace estrictamente necesario y trasladar aun más recursos y competencias a las esferas locales de decisión se percibe como imprescindible.

En un ámbito más particular, se hace estrictamente necesario replantearnos los programas y las políticas habitacionales tremendamente especializados y aislados como parcelas incoherentes, reemplazándolos por programas integradores e integrales, en donde vivienda, educación y salud, esparcimiento y deporte, acceso a los bienes y servicios básicos, acceso al trabajo; sean partes de un solo programa de elevación de la calidad de vida, de manera integral, en donde el desarrollo humano como lo entiende Luis Brahm en su texto acerca de la estructura espacial del desarrollo humano del Gran Santiago, sea el objetivo de las políticas gubernamentales (Brahm,1991).

Se ha repetido hasta el cansancio que la segregación ha cargado a los municipios más pobres con la responsabilidad sobre los más desposeídos. A pesar de todo los criterios de ubicación en los últimos años parece no haber variado y las mal llamadas soluciones habitacionales han seguido siendo ubicadas en las comunidades periféricas, a pesar de los alegatos de las autoridades locales. La conformación de extensos getos de pobres, consecuencias que hoy se viven en numerosas comunas periféricas del Gran Santiago, estigmatizadas como tales, sin acceso a satisfacer las necesidades mínimas para una vida digna, ha generado extensas zonas urbanas que hoy son caldo de cultivo para la delincuencia y para el desarrollo de enfermedades sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la desesperanza aprendida y otras que son producto directo de la desintegración y destrucción absoluta de lo que antaño se conocía como una comunidad urbana.

Aparece como lógico entonces, promover cambios en la Ley General de urbanismo y construcción de manera que se obligue a cada comuna a incorporar un porcentaje de vivienda social al interior de su territorio con la salvedad, en un primer momento, que la comuna que desee eximirse de este deber deberá pagar anualmente una cantidad fija reajustable por vivienda social no tenida, que debiera conformar un fondo para el mejoramiento del hábitat popular, con el objeto de solventar la disminución de las diferencias existentes entre las comunas periféricas y las centrales o pericentrales. Del mismo modo debiera, dentro de los esfuerzos de descentralización, otorgar potestad a los gobiernos locales para aprobar la incorporación o no de mayores cantidades de viviendas sociales y la posibilidad de generar concursos de arquitectura para mejorar los diseños de los conjuntos en cuestión, permitiendo que la diversidad geográfica y socioeconómica de cada región sea considerada en cada proyecto con el objetivo de introducir criterios de identidad regional y local en el proceso habitacional.

Por otro lado hay que incluir criterios de sustentabilidad en la generación de los programas habitacionales, lo que implica privilegiar calidad por sobre la cantidad; lo que pasa por construir casas de mayor tamaño y de mejor materialidad, abandonando la producción de productos desechables; y por otro lado incorporar en su entorno los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, entendidas estas como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento y a la cultura.
6. Bibliografía

1. Ahumada, Jaime. "Democracia, Proyecto Político y Gestión de ciudades Capitales y Gobiernos Locales". Cepal, Consejo Regional de Planificación, Area de programas y políticas Sociales, 1993.
2. Ahumada, Jaime. " El Gobierno y La Administración Pública local en los Escenarios de la descentralización". ILPES. Dirección de Políticas y proyectos Sociales.1994.
3. Brahm, Luis. ”Estructura espacial del Desarrollo Humano del Gran Santiago. Revista Eure. Vol. XVII, Nº 52/53, pp 87-10.5, Santiago de Chile, 1991.
4. Boisier, Sergio. La Gestión Regional: Un Enfoque Sistémico. ILPES. Area de planificación y política Regional,1991.
5. Brieva, Amador y Lionel Bastías. Ley General de Urbanismo y Construcciones. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Diciembre de 1977.
6. Cataldo, Jaime. Municipalidad de Santiago: Participación Ciudadana en la definición de lineamientos para el desarrollo comunal. Revista Eure. Vol. XVII, Nº 52/53, pp 107-125, Santiago de Chile, 1991.
7. Centro De Estudios del Desarrollo, CED. "Santiago, Dos Ciudades". Santiago, Noviembre de 1990.
8. Daly, H. Y Cobb, John B. The Common Good. 1ª edición. Gran Bretaña. Green Print 1990.
9. De Ramón, Armando. “La Población Informal. Poblamiento e la Periferia de Santiago de Chile. Revista Eure. Vol XVI, Nº 50, pp 5-17, Santiago de Chile, 1990.
10. Diaz, Alvaro. “Chile:¿Hacia el Pos – neoliberalismo? John Hopkins University. Social Impacts Of Neoliberalism. Austin Texas.April 1996.
11. Fadda, Giulietta; Jirón, Paola y Jadue, Daniel "Constructing Quality Of Life Through Participatory Research". En "Globalization, Urban Form & Governance". Research Atelier Alfa-Ibis. Ed Marisa Carmona. Faculty Of Architecture, Sector Urban Renewl & Urban Management. Holanda, January 1999.
12. Friedmann, John. "Del Poder Social al Poder político". En Estudios Sociales Centroamericanos Nº 55. Pág 61-72.
13. Hall, Edward T., "La Dimensión Oculta". Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.
14. Jadue, Daniel. "Desarrollo Urbano Sustentable y Políticas Habitacionales en Chile". En Revista Alternativa. Instituto de Ciencias Alejandro Lipshutz. Año 2 Nº 10, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1998.
15. MIDEPLAN. “Vivienda y Desarrollo Urbano.
16. Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1979.
17. Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1985.
18. Monteiro Da Costa, José Marcelino. "Globalización, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico". Revista Eure. Pontificia Universidad Católica de Chile. Vol. XXII, Junio 1996.
19. Neira Alva, Eduardo. Democracia Urbana. En Socialismo y Participación Nº 44.
20. Guimaraes, Roberto P. "El Desarrollo Sustentable: ¿Propuesta Alternativa o retórica neoliberal?". Revista Eure. Pontificia universidad Católica de Chile. Vol. XX, Diciembre 1994, Nº 61.
21. Jordán, R. y Sabatini, F (1993). "Metropolización y Crisis en América Latina" en Gestión Urbana en A.L., Problemas y Posibilidades, Ensayos Forhum, Nº 10, Medellín.
22. Ortiz, Enrique.(1995) Vivienda y desarrollo urbano justo y sustentable", en Al encuentro de una ciudad para la vida. Ciudad Alternativa. Revista semestral Centro de Investigaciones Ciudad. Nº 11 II Epoca. Quito, Ecuador, 1995.
23. Shatan, Jacobo. Crecimiento o Desarrollo: Un debate sobre la sustentabilidad de los modelos económicos. 1ª edición. Santiago, Chile. Editorial Jurídica Conosur Ltda.1991.
24. Sabatini, Francisco, “Conflictos Ambientales y Desarrollo Sustentable de las regiones Urbanas”. Revista EURE. Vol. XXII, Nº 68, pp 77-91, Santiago de Chile, Abril 1997.



[1] Jadue, Daniel. "Desarrollo Urbano Sustentable y Políticas Habitacionales en Chile". En Revista Alternativa. Instituto de Ciencias Alejandro Lipshutz. Año 2 Nº 10, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1998.
[2] Diaz, Alvaro. “Chile :¿Hacia el Pos – neoliberalismo? John Hopkins University . Social Impacts Of Neoliberalism. Austin Texas.1996.

[3] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1979.
[4] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1985.
[5] Brieva, Amador y Lionel Bastías. Ley General de Urbanismo y Construcciones. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Diciembre de 1977.
[6] Centro De Estudios del Desarrollo, CED. "Santiago, Dos Ciudades". Santiago, Noviembre de 1990.
[7] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1985, pág 2.

[8] Hermosilla, Edmundo, "Orientaciones Básicas de la Poílita Nacional de Desarrollo Urban. En Chile Urbano. Programa de Gestión Urbana - PGU, Oficina Regionakl Para América Latina y El Caribe. Quito, Ecuador, 1996.

¿UN NUEVO HOLOCAUSTO?

El 26 de Octubre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la designación del 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

En la misma resolución, la ONU, recomienda la elaboración de programas para la educación de las futuras generaciones sobre las lecciones de este genocidio y explícitamente rechaza cualquier intento de refutar la historicidad de aquella dramática y negra página de la, cada día más negra, historia de la humanidad.

Los estados que aprobaron dicha resolución aprovecharon la oportunidad para condenar “sin reservas” todas las manifestaciones en contra de personas o comunidades sobre la base de sus orígenes étnicos o sus creencias. Lo increíble, sin embargo, es que hayan tenido que pasar 60 años para que las Naciones Unidas tomaran una medida que era indispensable desde el mismo día y año de cometidos los crímenes contra la humanidad a los que se refiere la declaración.

Impulsar la conciencia de la humanidad hacia la convicción inequívoca de que hechos como estos no debían repetirse demandaba sin duda acciones más inmediatas y radicales que una simple resolución 60 años después.

Hoy, con la complicidad principal de EEUU la historia se repite y la comunidad internacional calla ante los crímenes y ante el terrorismo de Estado de Israel en Gaza y Cisjordania. Resulta paradójico e increíble, que durante los 62 años siguientes, todos los días de cada año y todas las horas de cada día, el mundo siga siendo testigo mudo y cómplice de otro holocausto similar, por no decir idéntico a aquel que inspiró esta decisión.

Lo más patético, sin embargo, es que quienes cometen hoy estos crímenes sean descendientes y herederos de las víctimas de ayer y utilicen sus nombres y su propio dolor como sobrevivientes o descendientes para justificar el mismo patrón de comportamiento, las mismas mentiras y la misma política de exterminio, contra otro pueblo, esta vez más débil que ellos.

Resulta verdaderamente vergonzoso e indignante ver cómo, quienes debieran honrar la memoria de las víctimas, precisamente para asegurar que estos hechos no se repitieran más, ensucian sus nombres y llenan sus historias de vergüenza al replicar los sufrimientos que ellos padecieron, esta vez contra los palestinos representados en estos días, particularmente, por el cerco a Gaza, que ha devenido en un nuevo Guetto esta vez administrado por los presentantes de Israel.Cuantos años más harán falta para que todos los dioses y sus seguidores en la tierra se convenzan de que no hay nada ni nadie, de que no hay idea ni promesa divina que justifique lo que los nazis hicieron con los judíos y tampoco lo que hoy los israelíes hacen con los palestinos. Cuantos años más deberán pasar para entender que lo verdaderamente revolucionario es atreverse a mirarnos como iguales y abocarnos a construir una sociedad más justa para todos y todas, sin dioses de por medio, sin promesas falsas y sin guerras santas que con la promesa del cielo terminan por recrear el peor de los infiernos.

Lamentablemente no existen por ahora, en ninguno de ambos lados, líderes con cojones y con voluntad de superar esta hora maldita que viven nuestros pueblos hace ya tantos años.

Lamentablemente en ambos lados, existen más líderes dispuestos a conducir a sus pueblos hacia la solución final que algunas mentes afiebradas como la de Ariel Sharon alguna vez propusieron, antes que enfocarse decididamente a la tarea de construir una sociedad nueva, verdaderamente humanista, sin discriminación de ningún tipo, en donde el nazismo, el apartheid y el sionismo; donde la pobreza y el hambre; donde la enfermedad, el derroche y la escasez, sean solo un mal recuerdo y un ejemplo de aquello que los seres humanos deben superar como especie para mirar con algo de esperanza el futuro.

No faltarán quienes levanten su voz horrorizados por mi singular comparación. No faltarán quienes me acusarán de neonazi por decir que me da pena y vergüenza el solo imaginarme a las víctimas del nazismo revolcándose en sus tumbas al ver lo que los sionistas han hecho en su nombre. Pero mi conciencia está y estará tranquila porque ya no creo, en ninguna promesa divina, porque ya no creo que bienaventurados sean los que sufren y que luego de muertos serán recompensados en un reino que nadie tiene el gusto de conocer. Tampoco creo que una guerra pueda ser santa. Mucho menos, después de ver las atroces consecuencias de las mentiras con que suelen justificarse todas las batallas.

Porque tampoco creo que algún dios haya puesto los bienes en la tierra solo para el 5% de la población mundial mientras el otro 70% no puede satisfacer sus necesidades básicas ni vivir dignamente, porque no creo que el mundo ni la realidad actual sea la vara justa para medir a la verdadera humanidad y mucho menos sea la vara para medir la modernidad y su promesa incumplida de anteponer la razón y el humanismo a cualquier otra consideración, para construir un mundo mejor para todos y todas.

Es de esperar que más temprano que tarde aparezcan en ambos bandos líderes de la talla de aquellos pocos que han sabido conducir a sus pueblos por los caminos de la paz, de la justicia y de la libertad basada en estos principios y no en el poder del dinero ni en la subordinación de unos bajo la bota de otros.

No tengo duda que tendrán que venir desde la izquierda palestina e israelí, desde aquellos partidos laicos capaces de entender que el futuro de ambos pueblos está indisolublemente unido y que se requiere avanzar hacia un estado binacional capaz de acoger por igual y sin discriminación a judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos y ateos, en definitiva a cualquier hombre o mujer libre de pensar y vivir como quiera pero en un estado modelo, democrático e igualitario, comprometido con la defensa y el respeto irrestricto de los derechos humanos y capaz de extender la ética, a las relaciones entre la especie humana y el medio ambiente del cual es parte.

Solo así tendremos una paz justa y duradera. Solo así generaremos un desarrollo sustentable y podremos mirar a los ojos con absoluta tranquilidad a las generaciones futuras, partiendo, por supuesto, por nuestros hijos.