EL GOBIERNO CIUDADANO Y EL ONCE DE SEPTIEMBRE

Una vez más el gobierno de la concertación pretende prohibir al pueblo de Chile que transite por calle Morandé para conmemorar uno de los días mas negros de la historia de la patria del cual algunos de los mismos que hoy están en los partidos de gobierno fueron perversos o irresponsables protagonistas.

La excusa que ha plantado el desvergonzado ministro del interior es que el PC y las agrupaciones de DDHH no tienen control sobre los encapuchados. Se olvida el Sr. ministro que es su pega la de mantener bajo control el orden interno del país, no la pega del Partido Comunista ni de las Agrupaciones de Derechos humanos y parece verdaderamente ridículo que los platos rotos de la incapacidad de los cuatro gobiernos de la concertación de cumplir su programa y desmantelar el injusto sistema económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura, que es el principal causante del malestar ciudadano, la deba pagar el partido comunista y las agrupaciones de derechos humanos con la prohibición a su legítimo derecho de manifestarse.

Nadie duda que en el último tiempo la efervescencia social haya crecido de manera significativa en nuestro país. Las frustraciones acumuladas en nuestro pueblo han comenzado a estallar debido a la injusticia social que se manifiesta claramente en la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y en que la mayoría de los chilenos debe vivir con menos de lo que la iglesia católica considera ético.

También contribuye a este ambiente de caos social, la incapacidad manifiesta de un gobierno que no ha perdido oportunidad de equivocarse en sus intentos por mejorar la calidad de vida de la población. Ejemplos patéticos de esta realidad la encontramos en los sendos fracasos de proyectos emblemáticos como el Transantiago, el Auge o la Reforma Provisional y en las numerosas mesas de diálogo que no llegan a nada y que solo logran expresar los intereses de los defensores del modelo para hacer creer a la gente que todo cambia para que todo siga igual.

Como si fuera poco, los atisbos de corrupción y el intervencionismo, tanto del gobierno con los fondos del estado como de los grandes empresarios con el financiamiento de las campañas políticas, sumado al temor evidente de la derecha y de sectores de la concertación a que en el parlamento se expresen de verdad las distintas sensibilidades existentes en nuestro país para dar paso a reformas y cambios que sean fiel reflejo de los intereses superiores de nuestro pueblo han terminado por consolidar una exclusión política que no es más que el fiel reflejo de la exclusión social y económica de grandes sectores de nuestro pueblo que solo se resignan a votar cada cuatro años por el mal menor.

Es evidente que todo esto ha alimentado las posiciones de quienes han perdido toda esperanza en lograr los cambios que el país requiere con urgencia por la vía de la institucionalidad heredada de la dictadura y ha surgido con fuerza la necesidad de imponer mediante la organización, la unidad y la lucha callejera los cambios que mayoritariamente el país demanda y que un congreso carente de representatividad se empeña en bloquear. Dentro de esta evolución han aparecido sectores radicalizados que han hecho de la violencia política su respuesta predilecta a la inmovilidad sustancial en la que ha caído nuestro país en la última década a pesar de todas las promesas de que la alegría llegaría.

Para colmo, el gobierno demuestra su nula capacidad de autocrítica y en ausencia total de argumentos que permitan sortear la crisis en ciernes pretende tapar el sol con un dedo y aplicar medidas antidemocráticas para tratar de ocultar al mundo el descontento creciente y cada vez más violento que se viene desarrollando en estos 17 años de gobiernos de la concertación. Es tan ridículo como decir que la protesta nacional del 29 no era contra el gobierno, como quisieron plantear algunos de sus voceros y representantes para tratar de bajarle el perfil a la importante demostración de la sistematización del descontento social.

Les da vergüenza que el mundo se entere de los problemas que enfrenta el país modelo al que todos quieren imitar y por eso pretenden responsabilizar al PC y a las agrupaciones de derechos humanos, de no poder controlar los fenómenos sociales en curso de los cuales el gobierno es, sino el único, el principal responsable.

En cualquier democracia de verdad las manifestaciones se permiten y se toman las medidas necesarias para proteger a los manifestantes pero en esta dictadura casi perfecta disfrazada de democracia, el gobierno opta por prohibir las manifestaciones, por intentar obligar al movimiento social a realizar solo las manifestaciones que ellos están dispuestos a tolerar para no manchar la imagen que han cultivado a punta de manipular y seleccionar la información que se produce y se exporta en nuestro país.

Resulta evidente que el impedir que el pueblo se manifieste de acuerdo a sus legítimos derechos es desde ya una provocación y que seguramente estará complementada con una represión desmesurada que generará como respuesta mayores desórdenes con los que se buscará justificar el estado policial que Belisario Velasco pretende imponer en el país. Resulta evidente también que lo único que conseguirá es elevar el descontento, la presión social y el descrédito del gobierno que va en caída libre y que ya nadie podrá detener. Este gobierno no es capaz de mantener el orden público porque no ha sido capaz de generar ni crecimiento con equidad ni desarrollar un gobierno ciudadano y ha preferido servir a los grandes empresarios y a las transnacionales dando la espalda precisamente a la ciudadanía que los eligió. No ha logrado cumplir ni siquiera su programa y quizá con el mismo criterio del vocero Lagos Weber, que planteó que si los organizadores de las manifestaciones no eran capaces de controlarlas no debieran organizarlas, habrá que asumir quizá que un gobierno que no es capaz de cumplir con sus promesas, tampoco debiera gobernar.