La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, Betina Horst, en una columna de opinión del 7 de Diciembre titulada “Impuesto Específico al Desarrollo Urbano”, arremete contra la propuesta del gobierno de exigir la cesión al Estado del 5% de la superficie de cualquier proyecto urbano o su equivalente en dinero, con el objeto de dotarlo de mayores recursos para proyectos de vivienda social que busquen revertir la segregación espacial que se viene produciendo en nuestras ciudades desde que se estableciera, bajo dictadura, la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1978.
Dicha política aspiraba a la conformación de barrios homogéneos sobre la base de asegurar un eficiente mercado del suelo urbano en donde el uso del mismo quedara definido por su mayor rentabilidad. Esto, junto a la liberación del mercado del suelo urbano, la casi total eliminación de los límites urbanos y la incorporación de miles de hectáreas de suelo agrícola a la especulación urbana permitió que durante décadas las inmobiliarias hicieran excelentes negocios con suculentas utilidades a costa de convertir a Santiago en una de las ciudades más caóticas, segregadas, ineficientes y contaminadas del mundo.
Todo lo anterior trajo innumerables costos a nuestra sociedad que ha tenido que invertir millonarios fondos en tratar de solucionar los problemas acarreados por la forma que los partidarios del mercado tienen de entender la ciudad, solo como un nicho de negocios y utilidades sin entender que es también el lugar privilegiado para la reproducción de la cultura y de la existencia humana.
Por eso es que llama la atención que el argumento central de la investigadora sea que esta cesión se convertiría de hecho en un impuesto específico al “desarrollo Urbano” lo que desincentivaría a los supuestos desarrolladores urbanos a seguir ejerciendo su actividad.
Ahora bien, más allá de las diferencias valóricas obvias que sustentan esta mirada de ciudad, la investigadora comete un error garrafal al catalogar a los proyectos inmobiliarios como Desarrollo Urbano pues Crecimiento y Desarrollo jamás han significado lo mismo pues mientras el crecimiento habla de una adición cuantitativa del fenómeno aludido, el desarrollo habla de un mejoramiento en la calidad del mismo, cosa que a todas luces, en el ámbito del cambio urbano acontecido en nuestras ciudades en las últimas tres décadas, no ha sucedido.
De hecho, jamás ha estado en los objetivos de la gran mayoría de las inmobiliarias que ella llama eufemísticamente Desarrolladores Urbanos el de generar una ciudad integrada y sustentable. Muy por el contrario han concentrado los objetivos de las operaciones inmobiliarias solo en el ámbito de las utilidades, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional debido, en parte, a todos los beneficios tributarios que posee la actividad.
Por lo mismo, el hecho de querer obligar a esta cesión del 5%, lejos de convertirse en un nuevo impuesto específico, como lo plantea la investigadora, hace uso del mismo criterio que en materia ambiental se viene promoviendo con el llamado “El que contamina Paga” y con las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado existentes en los nuevos instrumentos de planificación territorial.
De hecho, ante la incapacidad del Estado de regular e intervenir el mercado de suelo y de vivienda, la propuesta del estado es que los empresarios inmobiliarios se conviertan efectivamente en desarrolladores urbanos internalizando y asumiendo los costos de las externalidades negativas que sus mismos proyectos han venido generando por años a nuestra ciudad. Si duda no es suficiente pero es un paso en la dirección correcta, le guste o no a los adoradores del mercado.
Dicha política aspiraba a la conformación de barrios homogéneos sobre la base de asegurar un eficiente mercado del suelo urbano en donde el uso del mismo quedara definido por su mayor rentabilidad. Esto, junto a la liberación del mercado del suelo urbano, la casi total eliminación de los límites urbanos y la incorporación de miles de hectáreas de suelo agrícola a la especulación urbana permitió que durante décadas las inmobiliarias hicieran excelentes negocios con suculentas utilidades a costa de convertir a Santiago en una de las ciudades más caóticas, segregadas, ineficientes y contaminadas del mundo.
Todo lo anterior trajo innumerables costos a nuestra sociedad que ha tenido que invertir millonarios fondos en tratar de solucionar los problemas acarreados por la forma que los partidarios del mercado tienen de entender la ciudad, solo como un nicho de negocios y utilidades sin entender que es también el lugar privilegiado para la reproducción de la cultura y de la existencia humana.
Por eso es que llama la atención que el argumento central de la investigadora sea que esta cesión se convertiría de hecho en un impuesto específico al “desarrollo Urbano” lo que desincentivaría a los supuestos desarrolladores urbanos a seguir ejerciendo su actividad.
Ahora bien, más allá de las diferencias valóricas obvias que sustentan esta mirada de ciudad, la investigadora comete un error garrafal al catalogar a los proyectos inmobiliarios como Desarrollo Urbano pues Crecimiento y Desarrollo jamás han significado lo mismo pues mientras el crecimiento habla de una adición cuantitativa del fenómeno aludido, el desarrollo habla de un mejoramiento en la calidad del mismo, cosa que a todas luces, en el ámbito del cambio urbano acontecido en nuestras ciudades en las últimas tres décadas, no ha sucedido.
De hecho, jamás ha estado en los objetivos de la gran mayoría de las inmobiliarias que ella llama eufemísticamente Desarrolladores Urbanos el de generar una ciudad integrada y sustentable. Muy por el contrario han concentrado los objetivos de las operaciones inmobiliarias solo en el ámbito de las utilidades, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional debido, en parte, a todos los beneficios tributarios que posee la actividad.
Por lo mismo, el hecho de querer obligar a esta cesión del 5%, lejos de convertirse en un nuevo impuesto específico, como lo plantea la investigadora, hace uso del mismo criterio que en materia ambiental se viene promoviendo con el llamado “El que contamina Paga” y con las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado existentes en los nuevos instrumentos de planificación territorial.
De hecho, ante la incapacidad del Estado de regular e intervenir el mercado de suelo y de vivienda, la propuesta del estado es que los empresarios inmobiliarios se conviertan efectivamente en desarrolladores urbanos internalizando y asumiendo los costos de las externalidades negativas que sus mismos proyectos han venido generando por años a nuestra ciudad. Si duda no es suficiente pero es un paso en la dirección correcta, le guste o no a los adoradores del mercado.
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