PASCUA LAMA Y LAS LEYES MEDIOAMBIENTALES EN CHILE.

Pascua Lama[1] acaba de ser “aprobado con observaciones” por los organismos gubernamentales competentes[2] para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo.

Con esto, la administración Lagos le pone un broche de oro a su lamentable legado en materia medioambiental y se muestra decidido a llevar a cabo el trabajo sucio antes de que asuma la presidenta electa, con el objetivo de asegurar algunos de los proyectos emblemáticos de su gestión[3] y de paso impedir que el costo de aprobar o rechazar los mismos recaigan sobre su sucesora, que se ha comprometido públicamente a que “ningún proyecto, por rentable que sea, se materializará a costa del medioambiente”.

Como siempre, las discusiones se han centrado en aspectos que suelen pasar por al lado de lo fundamental y los proyectos son aprobados en virtud de leyes que nunca han pretendido cambiar el modelo y que en una década de vigencia no han logrado reorientar el modo de producción nacional hacia la senda del desarrollo sustentable[4].

Se discute si se intervendrán o no los glaciales y si las plazas de trabajo que el proyecto generará son más o menos que las que seguramente se perderán debido al impacto que este proyecto tendrá sobre el ecosistema y la cuenca del Valle del Huasco y sobre las actividades agrícolas que en ella se dan.

Muy pocos “fundamentalistas de la ecología”, como los llaman los defensores del modelo neoliberal, hablan de la deforestación que inevitablemente acarreará este proyecto una vez que la empresa intervenga y utilice los cursos de agua tan necesarios para la minería como para la vida misma. Muy pocos, y nadie en el gobierno, hablan de la contaminación que inhabilitará las napas subterráneas para su uso agrícola, ni del aumento desmesurado de metales en el aire y en el agua que resultarán de un proyecto que en ningún país, comprometido de verdad con su medio ambiente, se hubiera aprobado.

Nadie habla de las formas de vida y del patrimonio cultural que inevitablemente perderemos y que solo nos daremos cuenta, quizá en unos 20 o 50 años más, cuando ninguno de los responsables políticos ni económicos estará vivo para responder, ante las futuras generaciones, por los daños causados. Tampoco estarán los responsables cuando las medidas correctivas y preventivas se revelen como insuficientes o no se hayan cumplido gracias a la conocida incapacidad del gobierno de fiscalizar el cumplimiento de sus propias resoluciones.

Sin embargo la CONAMA y la COREMA se defienden diciendo que la aprobación se ha hecho conforme a Ley y que las acciones preventivas que la resolución plantea protegen, adecuadamente, los glaciares y el ecosistema.

A la luz de la forma de discutir, parece que todos tuvieran algo de razón. Porque efectivamente la aprobación se ajusta mañosamente a la ley y más claramente a las voluntades políticas vigentes y también resulta evidente que el proyecto, en su globalidad destruirá un ecosistema que ya posee un equilibrio precario, con o sin proyecto; y sin importar si se interviene directa o indirectamente los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza.

Además, el avance del desierto desde el norte hacia el sur y la deforestación contra la que tanto dice luchar el gobierno mediante algunos de sus programas, no es algo nuevo ni lo será en el futuro, pero es algo que proyectos de esta naturaleza solo pueden acelerar.

Así las cosas, es imprescindible discutir con profundidad el modelo económico y las leyes que siguen y seguirá permitiendo que proyecto de este tipo se desarrollen a costa del único capital verdadero que nuestro país tiene, aparte de su gente como suele decirse: su naturaleza, mal llamada comúnmente “recursos naturales” por los economistas y por una opinión pública cada vez más absorta en el consumo y con menos capacidad de asombro ante la autodestrucción inminente que ella misma provoca.

En términos más concretos y ante la imposibilidad de seguir esperando un cambio de conciencia, lo primero que hay que discutir guarda relación con la institucionalidad medioambiental en nuestro país ya que luego de ver la inconsistencia de muchas actuaciones de las autoridades de gobierno resulta inaceptable la dependencia política de las institucionalidad medioambiental con respecto de las administraciones de turno y se revela como urgente la creación de una contraloría medioambiental autónoma, independiente y dotada de los recursos necesarios para llevar adelante una defensa seria del patrimonio medioambiental de nuestra patria, que sin duda guarda mucha más relación con la soberanía nacional que la discusión acerca de si le damos o no un corredor marítimo a nuestros hermanos bolivianos, por dar solamente un ejemplo.

El segundo elemento de a ley que se debe discutir es en quién debe recaer la responsabilidad de realizar los estudios y declaraciones de impacto ambiental (EIA y DIA) de determinado proyecto, pues es claro que cuando estos estudios los paga y los encarga el propietario del proyecto sometido a revisión y análisis, terminarán inevitablemente diciendo lo que el dueño del proyecto requiere que digan.

Así las cosas, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, junto con el desarrollo de una verdadera política medioambiental en nuestro país, sería encargar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios medioambientales que permitan aceptar o rechazar el mismo proyecto.

Otra de las tareas que debiera asumir una institución como esta sería la manutención de una Línea Base[5] detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir dicha línea base, no existe ningún instrumento contra el cual refrendar los estudios presentados y tampoco existe la capacidad técnica instalada ni los recursos en la institucionalidad vigente para realizar un estudio paralelo de cada ecosistema cuando un proyecto lo requiere, lo que sería, por lo demás, bastante ineficiente.

Lo tercero que resulta imprescindible, a estas alturas, es reemplazar el concepto de participación ciudadana existente en nuestros cuerpos legales, desde aquella participación tardía y consultiva, que se da por satisfecha con informar y recoger observaciones cuando los proyectos están terminados, hacia una participación temprana y vinculante, más cercana al concepto de contraloría social, que debiera incorporar a los distintos actores involucrados en el desarrollo del proyecto para poder internalizar de común acuerdo, las externalidades negativas que el proyecto pudiera tener, diseñando con las comunidades las medidas correctivas tendientes a mitigar o a anular dichos efectos indeseables.

Por último se hace imprescindible cobrar un royalty de verdad que recompense al estado chileno y nuestra sociedad por la descapitalización natural que todos estos proyectos significan para nuestra patria, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos y mares; después de haber reproducido de manera vergonzosa el capital invertido; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables y sostenibles, las empresas nacionales o extranjeras se retiren de el territorio explotado no habiendo dejado para el país nada más que un ecosistema devastado.

Para finalizar solo basta decir que todos estos cambios, podrían retrasar en algo el colapso inminente de nuestro medio ambiente y serían una oportunidad de ganar tiempo, en espera de que la humanidad desarrolle un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre los seres humanos sea extendida a la relación existente entre la especie humana y la naturaleza de la cual es parte inseparable por ser esta la extensión del cuerpo humano, o dicho de otro modo, el cuerpo inorgánico de nuestra especie.


[1] Proyecto Minero de Extracción de Oro de la transnacional Barrick Gold, ubicado en la Cordillera de la III Región sobre el Valle del Huasco.
[2] COREMA III Región (Comisión Regional para el Medio Ambiente)
[3] Debemos recordar que a esta aprobación se suma el cierre y posterior incorporación del Ex Aeropuerto Cerrillos al mercado inmobiliario de la Región Metropolitana.
[4] La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.
[5] Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.