EL GOBIERNO DE LA ALIANZA: LOS NUEVOS COLONIZADORES

Desde la llegada al gobierno de la Alianza por el Cambio, hemos sido testigo de una radicalización extrema de la política de criminalización de toda protesta social. La misma que la Concertación desarrolló con bastante éxito pero con algo más de vergüenza durante sus veinte años de gobierno. Se endurece asi la represión, la estigmatización y el maltrato de todos aquellos que comienzan a sistematizar y evidenciar su malestar con un modelo que solo produce pobreza, desigualdad y concentración de la riqueza.

Victima privilegiada de esta política que busca encubrir un intento de exterminio fisico y político que se extiende por siglos son nuestros pueblos originarios, a quienes se les aplica hoy, el mismo instrumento que la dictadura utilizaba para contener a aquellos que catalogaba como enemigos internos, al tiempo que fabricaba enfrenamientos falsos y autoatentados para justificar el exterminio de quienes pensaban distinto.

En el Chile de hoy, varias de las naciones que conforman nuestro Estado están siendo exterminadas en virtud de convenciones venidas desde lejos, que no respetaron jamás a aquellos que vivian en esta tierra. En esas culturas no existía la propiedad privada sobre la tierra y solo se reconocía la territorialidad de determinadas culturas en virtud de su derecho ancestral a sobrevivir y reproducir su existencia a costa de un intercambio libre de materia y energía con la naturaleza de la cual se era parte inseparable. No es, por lo mismo, que la tierra perteneciera a esos pueblos. Es que esos pueblos pertenecían y pertenecen a esta tierra, que los ha visto nacer, crecer, desarrollarse y morir por milenios.

Es por esto que quienes llegaron predicando al dios único, infinito, eterno y misericordioso intentan hasta el día de hoy, borrar a esos pueblos y sus culturas que son el único obstáculo para apropiarse de esa tierra que no les pertenecerá jamás. Por lo mismo tuvieron que comenzar regalándosela entre ellos, en nombre de dios y del rey. La que no fue apropiada por los primeros invasores, se la adjudicó el Estado por no existir "certificados de dominios" que acreditarán la propiedad de las mismas.

Luego las fueron vendiendo a inversionistas nacionales y extranjeros para que desarrollaran sus negocios expulsando primero a quienes allí vivían en virtud de sus originales certificados de dominio, que acreditaban que esa tierra había sido comprada a nadie sabe quien y luego traspasada de mano en mano hasta encontrar su destino final en algún proyecto económico inmensamente rentable.

El resto se hizo en riguroso silencio mediante leyes que ignoraron por siglos a los habitantes de esta tierra mientras se gestaba la "Deuda Histórica del Estado Chileno Para Con Sus Pueblos Originarios". El Estado nunca los reconoció como suyos, nunca buscó respetar su cultura y los sigue tratando como extranjeros en su propia tierra. Hoy son culpables de amenazar la sacrosanta propiedad privada de quienes compraron esa tierra, nadie sabe finalmente a quién.

Hoy son llamados terroristas, encarcelados y tratados de manera inhumana, violando todos sus derechos, con juicios y jueces que dan vergüenza y testigos capaces solo de declarar a rostro cubierto, para encubrir la verguenza por inventar historias viejas, escritas por los mismos de siempre.

Permitanme reconocer la impotencia que siento y tratar de repararla, al menos, rompiendo el silencio cómplice de algunos "defensores de los derechos humanos" que, hoy por hoy, prefieren callar y hacer oídos sordos a esta historia tan real como patética, para no dañar la imagen de este Chile del Siglo XXI, a un paso del desarrollo y atendido por sus propios dueños.

PIÑERA O LA NUEVA FORMA DE CONTAMINAR

El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el presidente de la república, luego que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país.¹ Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.

Este deasfortunado episodio, nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable².

Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la concertación, ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.

La COREMA se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la Ley y con consulta al presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.

Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.

Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.

Lo segundo es terminar con la integracón vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental, sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.

Lo tercero es mantener una Línea Base³ oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los resursos necesarios para enfrenar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella no existe en la institucionalidad vigente.

Por úlimo, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y a diseñar con la comunidad, las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.

Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares; generando incluso, un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.

Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo, en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.

1La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra el proyecto de construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera. Específicamente serán dos plantas a carbón las que se construirán, dentro del proyecto termoeléctrico Barrancones.

2La definición más ampliamente aceptada para el concepto del “Desarrollo Sustentable” se refiere a aquel tipo o modelo de desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el derecho de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras.

3Se entiende por Línea Base a una caracterización inicial completa del ecosistema en donde se inserta un proyecto determinado, caracterización a partir de la cual se miden los impactos que proyecto tendrá sobre el medio ambiente natural, construido y social.El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser aprobado por los representantes del gobierno en los organismos gubernamentales competentes para dar el vamos, a los proyectos de los cuales se supone, podrían tener un impacto medioambiental significativo. Con esto, la administración Piñera le pone un broche de oro a todas sus promesas de campaña de respetar el medio ambiente y desechar las centrales termoelectricas y anticipa lo que seguramente será su lamentable legado en materia medioambiental.

NUEVO PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO

En los últimos días hemos asistido al resurgimiento de una vieja discusión que se renueva como si en los últimos treinta años nada hubiera pasado en nuestra capital. El rechazo a la incorporación de 10.000 nuevas Há a las zonas urbanizables de la Región Metropolitana molestó tanto a los actores económicos que están detrás de los cambios, que debieron desatar una furiosa campaña comunicacional, en donde supuestos destacados profesionales, representantes de inmobiliarias y del sistema financiero salieron a asustar a la población, planteando un encarecimiento de los precios del suelo y de las viviendas al tiempo que afirman que Santiago crecerá, con o sin ampliación por lo que el gobierno debiera hacer cualquier cosa para intentar revertir la decisión del Gobierno Regional.

Dentro de los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 vendió la pomada de la Costanera Norte al gobierno de turno, diciéndole que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión y que ayudaría a convertir al Gran Santiago en una capital del siglo XXI.

No puedo dejar de recordar aquella charla en la FAU en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte significaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió tajante y con el mismo aire de superioridad e infalibilidad con el que lo vemos hoy que en el año 2005 la pobreza en Chile ya no existiría.

El mismo protagonista hoy nos desea imponer otras de sus profecías de carácter teleológico y nos dice que la RM llegará a 8 millones de habitantes y consumirá 10.000 nuevas hectáreas de suelo rural, de todas maneras, planteando además, que la gente está dispuesta a viajar y pagar cada día más por vivir en una casa con más terreno y cerca de la naturaleza, como si las poblaciones de Pudahuel Sur, de Quilicura y Puente Alto, hubieran acercado a las familias más pobres de nuestra capital a un mejor vivir y en un mayor contacto con la naturaleza.

Lo que estos “expertos” callan es la gran diferencia que existe entre proyectar y planificar el territorio. Mientras el primer término solo se preocupa de constatar las tendencias del mercado y tomar decisiones que las favorezcan sin siquiera cuestionar si estas son buenas o malas, el segundo, aborda las mismas, incorporando otras variables de caracteres sociales, culturales y políticas, desde una mirada critica, intentando encauzarlas hacia un futuro mejor para todos y todas o revertirlas decididamente cuando estas se manifiestan como negativas o cargadas de externalidades que la sociedad no es capaz de asumir y corregir de manera colectiva.

Lo que no nos dicen estos destacados actores del hacer ciudad es que hace ya treinta y dos años que el mercado nos viene prometiendo una mejor ciudad y que la que ha construido, cada vez entrega una más cara y peor calidad de vida a sus habitantes. Lo único cierto, le duela a quien le duela. el mercado no ha logrado en 32 años construir barrios equipados y de carácter autosuficientes y en su lugar ha extendido una ciudad fragmentada y segmentada en donde coexisten sin conocerse siquiera el derroche y la escasez, el ocio y la superexplotación, la salud y la enfermedad, la acumulación y el empobrecimiento paulatino, mientras el valor del suelo ha seguido subiendo y el promedio de viajes diarios por persona se ha duplicado, de la mano de las millonarias utilidades de los desinteresados inversionistas que abogan por más suelo para seguir construyendo una de las ciudades más ineficientes del mundo.

Por qué Santiago habría de seguir creciendo en extensión cuando tiene mucho más de 10.000 HÁ en torno a su centro fundacional, en comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta e Independencia y otras con un nivel de abandono y deterioro, que posibilita absorber el crecimiento de Santiago en los próximos treinta años con un inmejorable acceso a infraestructura y servicios y a diez minutos de todo.

Llama la atención que en todo este debate solo hablen los expertos en proyección urbana, los especialistas en economía y los representantes de las empresas inmobiliarias y que aun no se le de espacio a los innumerables planificadores, académicos y dirigentes sociales que desde el retorno a la democracia vienen planteando la necesidad de contener e intervenir la ciudad con miras a generar equidad urbana antes de que esta siga creciendo sin dios ni ley y solo regida por la oferta y la demanda.