11.04.2009

SANTIAGO BAJO EL AGUA ... OTRA VEZ.

Cada vez que viene un temporal de lluvia, frío y nieve con aludes y, muerte y destrucción incorporados; cada vez que nuestro país se inunda llevando el sufrimiento y la impotencia a vastos sectores de chilenos, pero ensañándose de manera particular con los que viven en la marginalidad social, surgen voces acomodadas que, desde sus oficinas o desde su culposa posición, se dedican a buscar responsables entre los actores de la realidad contemporánea sin, siquiera echar un vistazo a la historia reciente de nuestra patria. Como si la ciudad que hoy vivimos se hubiera construido por arte de magia.

De paso, se invoca el cambio para que todo siga igual, y se hacen diagnósticos y críticas, que nada tienen de nuevo, a los gobiernos de turno y que es menor aun lo que aportan a las soluciones reales que se requieren para dar por superado, de una vez y para siempre, el problema de la cuenca de Santiago.



Resulta fundamental entender que Santiago forma parte de una extensa cuenca rodeada de cerros en todo su perímetro cuyas aguas fluyen por sus cauces naturales y por toda su superficie, hacia la zona más baja de la cuenca, en los sectores de Pudahuel – Lampa – Maipú, y hacia el océano pacífico a través de sus ríos.




El término cuenca define un “territorio rodeado de alturas cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar”. Las aguas pueden fluir a través de cauces naturales visibles o a través de cursos de aguas subterráneos o pueden infiltrarse directamente en la cuenca a través del terreno de la misma.




No obstante lo anterior, toda cuenca posee una capacidad limitada de absorción de aguas antes de llegar a inundarse. Las aguas que no escurren son las que, infiltrándose en la tierra, alimentan los ciclos naturales que generan la vegetación, las actividades agrícolas y la vida urbana de una cuenca.




Cuando una cuenca es ocupada por una ciudad, su capacidad de infiltración y escurrimiento natural, se ve afectado por la construcción de edificios e infraestructura caminera y de todo tipo, que restan a la cuenca capacidad de infiltración y drenaje de las aguas, lo que puede ser revertido mediante adecuadas obras de infraestructura que permitan a las aguas recuperar su cauce normal, de forma de no alterar los ciclos naturales ni dañar el medio ambiente.




Pozos de absorción, colectores primarios y secundarios, redes de evacuación de aguas lluvias, redes de alcantarillado, plantas de tratamiento, etc, son algunas de las obras que persiguen ese objetivo. Sin embargo, todas las obras mencionadas no pueden ni podrán solucionar el problema de una cuenca una vez que el equilibrio de la misma se haya roto como hace años ya, se rompió el equilibrio de la cuenca de Santiago.




Ahora bien, el problema de la región Metropolitana, y de todas las cuencas del país, reside fundamentalmente en que, desde la formulación de la política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 y 1985, en tiempos de dictadura militar, se entregó el destino de las ciudades, y por lo tanto, de las cuencas naturales, al todopoderoso y eterno “libre mercado”. Lo que devino en una sobreexplotación, a cargo de las inmobiliarias privadas, de tierras naturales que proveían al Gran Santiago de servicios ambientales irreemplazables, como son los servicios de drenaje, ventilación, absorción de residuos, etc.




Esto trajo consigo una merma significativa en la capacidad de absorción, infiltración y drenaje, las que han sido drásticamente disminuidas sin obligar a los realizadores de estos estupendos negocios inmobiliarios a la realización de la infraestructura mínima necesaria para paliar los efectos de este fenómeno e incluso, sin la planificación mínima que permitiría evitar construcciones de todos los niveles sociales, en zonas de evidente riesgo natural.




En síntesis, los problemas que frecuentemente se repiten en nuestras ciudades en épocas de lluvias radican en el manejo no sustentable que durante muchos años se ha venido realizando en nuestro país de las cuencas que albergan nuestras ciudades, las que son expresión clara de una sobre ideologización que ha confiado desmedidamente en el mercado y en la iniciativa privada para guiar los destinos de una sociedad descerebrada, incapaz de pensarse y limitarse a sí misma con miras al bien común.




Lo anterior se debe a la continuidad esencial de las políticas urbanas implantadas durante la dictadura, que han promovido la conformación de una ciudad altamente ineficiente e inequitativa, con un manejo no sustentable de la cuenca que la acoge y absolutamente incapaz de resolver el problema de la marginalidad social, aun escondida en el pobre concepto de “la pobreza”.




En ellas, la naturaleza, la tierra y, por ende, las cuencas que acogen las ciudades y también los seres humanos, fueron considerados solo como instrumento para el crecimiento económico y el mercado se declaró amo y señor del suelo, tanto urbano como rural.




Se eliminó, de todas las áreas de la actividad nacional, la planificación y la participación comunitaria real y concreta. La tierra dejó de ser considerada como un bien escaso y como materia prima para la satisfacción de las necesidades, y se anularon las limitaciones de explotación que sobe ella existía[1].




En el ámbito urbano, la reestructuración neoliberal de la sociedad propugnó una reforma a la institucionalidad urbanística que puso fin abruptamente al ideario precedente, basado fundamentalmente en la planificación central del desarrollo urbano, reprobándolo por ineficaz y obstaculizador de la iniciativa privada, se eliminaron los límites urbanos y se incorporaron áreas de expansión urbana sobre los mejores suelos agrícolas de la cuenca de Santiago, que también son los suelos ideales para la infiltración de las aguas, reemplazándolos por calles y conjuntos residenciales en extensión horizontal pero con densidades similares a las construcciones en altura, bajo el precepto de que el uso del suelo debía ser definido por la rentabilidad del mismo.




La ciudad creció en diez años lo que no había crecido en cincuenta y multiplicó por dos su extensión en poco más de una década. Esto trajo consigo una superexplotación absolutamente irracional de la cuenca de nuestras ciudades, ocupando enormes extensiones de tierras aptas para la infiltración de las aguas de la cuenca, pavimentándolas o construyendo sobre ellas y poniendo caminos que actuaron como diques de contención, sin ningún ordenamiento ni planificación del crecimiento, el que quedó subordinado a los intereses inmobiliarios de la iniciativa privada. Así, las cuencas fueron consideradas solo como un receptáculo de inversiones inmobiliarias cuyo impacto sobre el medio ambiente y la naturaleza ni siquiera fue considerado como un tema.




La vivienda, considerada hasta el gobierno de Salvador Allende, como un derecho, fue considerada como un bien y desde ese momento debía adquirirse con el esfuerzo y el ahorro de la familia, reservando para el Estado solo la planificación de los ritmos de construcción necesarios para paliar el déficit, la gestión de las normas y la subsidiariedad para aquellos que no pudieran por sí solos, resolver el financiamiento de su propia vivienda.




Para cumplir con los objetivos, se buscó construir la vivienda social más barata del mundo y como los materiales y la mano de obra carecen de elasticidad, se optó por construir en los terrenos más baratos de la cuenca: la periferia de las ciudades, los terrenos agrícolas, las laderas de los cerros y algunas zonas en evidente situación de riesgo en las cuales hasta el día de hoy se sigue construyendo de manera absolutamente irresponsable.




Por último se resguardaba también para el estado el control del proceso, cuya producción caía bajo la responsabilidad exclusiva del sector privado que a partir de entonces podía lucrar indiscriminadamente con las necesidades más básicas de los chilenos y chilenas, sin limitaciones ni resguardos, sin un ideal de ciudad de por medio y sin las mínimas exigencias que aseguraran como había sido hasta esa fecha, una adecuada relación de las ciudades con su naturaleza circundante. Los privados, pudieron entonces hacer grandes negocios, especulando con el suelo que rodeaba Santiago, vendiendo parcelas y predios rústicos por aquí y por allá, hipotecando el futuro de numerosas familias con su accionar completamente inescrupuloso ante la vista cómplice de los ideólogos de la dictadura, los actuales adalides del cambio.




Se pretendía la formación de un mercado abierto de suelo y de viviendas, tal como se hizo con todas las áreas de la vida cotidiana y paulatinamente se iría completando el traspaso de responsabilidades al sector privado, entregándole primero la responsabilidad sobre los proyectos de arquitectura y urbanización, y posteriormente la elección de los terrenos para la ubicación de los conjuntos, sistema conocido como “llave en mano”.




El mercado inmobiliario se apoderó de la ciudad y los habitantes de menores recursos fueron expulsados de los lugares en donde vivían y llevados a la periferia, sin considerar sus expectativas de vida y mucho menos la capacidad real de esa periferia de dar respuestas adecuadas a la implantación en ellas de miles de viviendas que cuando fueron entregadas, ya formaban parte del parque deficitario de viviendas en Chile, escondiendo la pobreza y cubriendo con un velo de lejanía, la segregación espacial y social que se iba gestando en este Chile moderno cuya política de desarrollo urbano aspiraba a la conformación de barrios homogéneos en donde los ricos vivirían con los ricos y los pobres con los pobres, en barrios que tendrían la oferta de servicios que la demanda que sobre ellos se instalaran pudieran pagar. Así, en los barrios de las clases adineradas habría de todo y en los sectores populares, muy poco o casi nada.




La especulación del suelo urbano terminó por arrasar con estupendos suelos agrícolas y con gran parte de la capacidad de infiltración y absorción de aguas de la cuenca, con innumerables plazas de trabajo y con no menos comunidades rurales que fueron absorbidas por el siempre todopoderoso crecimiento económico. Las clases adineradas comenzaron a subir por los cerros, buscando exclusividad y naturaleza y al poco tiempo surgieron las construcciones populares que seguían a los negocios inmobiliarios para servir a los señores y poder subsistir. Nuestra cordillera y nuestros cerros se llenaron de casas y de viviendas populares instaladas en zonas de riesgo, sin ninguna planificación ni obra de mitigación.




El error fue reconocido más tarde en la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1985[2] debido a la evidencia de que el suelo urbano no respondía a las leyes de la economía clásica debido a sus muy particulares condiciones, pero el proceso se reveló ya como algo irreversible, ya que el estado nunca volvió a tener capacidad de gestión, ni competencia, ni atribuciones y mucho menos voluntad política para pensar por la sociedad en su conjunto, y mucho menos para disputar, a la iniciativa privada, aquellas áreas en donde el lucro aparecía como un contrasentido, ubicándose siempre al servicio de los intereses privados que hicieron de la especulación el mejor de los negocios.




El término del régimen autoritario trajo consigo a gobiernos que con la promesa de una transición a la democracia y con la imposibilidad de profundizar los procesos de democratización y reconstrucción de la sociedad civil, se han dedicado sólo a administrar el modelo, intentando “humanizarlo”, perpetuando un sistema antidemocrático, no participativo y excluyente que para nada ha logrado revertir el proceso antes mencionado por lo tanto sigue siendo incapaz de dar solución permanente a problemas que requieren de un estado fuerte, con recursos, voluntad política y atribuciones para intervenir el territorio manera de definir cómo y hacia donde crece la ciudad y construir los colectores primarios, secundarios y todas las obras que se debieron haber construido en los últimos 32 años y de los cuales solo se han hecho una parte.




Los tímidos avances en materia de descentralización se han encontrado con una cultura organizacional que ha mantenido la vieja forma de hacer política en las nuevas estructuras. En este contexto, se intentó poner término oficial a la expansión ilimitada de la Metrópoli y a la ocupación irracional de la cuenca, con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS 1994), pero proyectos como el Plan Chacabuco y otros, o la incorporación de las zonas aledañas a Melipilla o Pirque, avalados por el mismo gobierno, siguen atentando contra los suelos fértiles, contra la capacidad de absorción de aguas de la cuenca de Santiago, contra las fuentes de trabajo que de ellos emanan o podrían emanar y contra las comunidades que en ellos viven, a lo largo de todo el país.




La primera conclusión que se puede extraer del presente texto es que la implantación del neoliberalismo en nuestro país, modelo por esencia concentrador de recursos y de mercados de todo tipo, y la subordinación al mercado que de este proceso emanó de todas las actividades cotidianas, trajo consigo un crecimiento desmesurado y desordenado de las áreas metropolitanas de nuestro país, principalmente, el Gran Santiago, lo que ha traído una serie de consecuencias que ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades y las capitales regionales, en especial la de la ciudad de Santiago. A esto debe sumarse el accionar individual de quienes sin responsabilidad alguna sobre las consecuencias de sus actos, intervienen el territorio pensando que por comprar un pedazo de tierra, pueden hacer con ella lo que quieran sin medir ni asumir sus consecuencias, como fue el caso del dique que contribuyó a generar las dramáticas consecuencias que todo el país pudo contemplar hace pocos días en el Alud de Farellones.




Entre estas consecuencias destacan el manejo no sustentable de la cuenca de Santiago y de casi todas las cuencas del país, la incorporación de miles de hectáreas históricamente destinadas a actividades agrícolas y a la infiltración natural de las aguas, al crecimiento urbano, la falta de fiscalización de las direcciones de obras municipales que en muchas oportunidades han actuado como cómplices de los intereses privados legitimando la construcción en zonas de riesgo, además de la precariedad de las construcciones y de las condiciones de urbanización, que son las que han permitido que se repitan cada ciertos años, las mismas imágenes que hoy mantienen en vilo al país en su conjunto.




Sin duda, lo más elocuente en nuestra cultura empirista son las cifras y lo anterior queda al descubierto con todo su drama cuando toma en consideración que la ciudad de Santiago, por dar un ejemplo, llega al siglo XX con 4.000 hectáreas de expansión. En los primeros 40 años del siglo la ciudad pasa de 4.000 a 10.985 para alcanzar en 1952 a 15.047 Has. En 1960 la ciudad ya se había extendido sobre 20.985 y en 1970 la ciudad alcanza a 30.000 para llegar a 1982 a 38.296 Has. Es decir 82 años le llevó a Santiago consumir 34.296 hectáreas de suelo y en los 15 años posteriores y a pesar de vivir el país, dos de sus peores crisis económicas entre 1982 y 1984 y entre el 97 y el 2002 , que virtualmente lo han paralizado, se duplicó en extensión.




El ritmo de crecimiento en expansión ha generado, grandes utilidades para los empresarios inmobiliarios y, al mismo tiempo, deseconomías urbanas que nadie ha pagado y cuyas consecuencias aun están lejos de poder medirse. Sin embargo, para nadie puede ser una novedad el que la incapacidad de absorción de aguas de las cuencas urbanas, la construcción sistemática de viviendas sociales en áreas de riesgos naturales y las vidas perdidas por los recientes temporales, junto al incremento significativo de las enfermedades mentales, de la contaminación y de sus consecuencias en la salud de las personas y la pérdida de capacidad productiva en agricultura, son algunos de los efectos que pueden verse a simple vista.




La obsesión por la rentabilidad urbana hizo disminuir paulatinamente el interés por el espacio público y las áreas verdes bajando significativamente la relación de estos espacios por habitante en las metrópolis chilenas; fueron desapareciendo proporcionalmente los espacios de esparcimiento y de extensión de las viviendas así como una parte significativa del espacio colectivo, mientras aumentaban paulatinamente los espacios ocupados por el automóvil,. Esto trajo consigo una disminución significativa de los espacios públicos y, por ende, una disminución del encuentro social, de los espacios de reunión y de reproducción de la cultura, tan importante para el desarrollo humano.




Además, la agudización de la segregación social del espacio urbano, que se manifiesta en la división funcional del espacio urbano entre usos residenciales, de esparcimiento, para la producción y para el comercio; resultado de la división del trabajo y del progreso tecnológico por una parte; y por otra, la división social del espacio entre ricos y pobres, fue determinando que el acceso a los bienes y servicios urbanos fuese igualmente dispar.




Así las cosas, se puede concluir también que la distribución espacial del ingreso y la concentración del mimo, tienen una clara expresión espacial en el Gran Santiago. Tanto los datos relativos a distribución del ingreso como la calidad del equipamiento, calidad de vida y estándares habitacionales se han distribuido crecientemente desiguales en los distintos barrios y comunas pudiendo concluir que el nivel de vida de la población se ha distribuido en el espacio urbano, de manera directamente proporcional a la distribución del ingreso.




De la misma manera, se ve con claridad, que el proceso de segregación espacial que se inició en la dictadura y que fue llevado a cabo a través de la expulsión forzada de los habitantes hacia la periferia, se ha seguido desarrollando en el actual sistema político por la expulsión velada que significa la continuación de un modelo de desarrollo urbano y de política habitacional, que no ha cambiado los patrones de localización de los programas habitacionales al interior de la ciudad, ni ha democratizado el proceso al no otorgar posibilidad alguna de elección a los beneficiarios, lo que sigue atentando contra el manejo sustentable de la cuenca, privilegiando la extensión en la horizontal con la densificación en altura del centro abandonado y deteriorado de la metrópolis.




La riqueza se ha seguido acumulando, la pobreza se ha seguido extendiendo y la distribución del ingreso es cada día más desigual distanciando aún más las realidades que coexisten sin convivir, al interior de nuestra “comunidad urbana”.




En este contexto, estos últimos años han estado marcado por un aumento sustantivo en la conflictividad social producto de la excesiva y desigual división de los costos y los beneficios del equilibrio macroeconómico entre la población en tiempos de crisis. Ningún sector productivo ha estado ajeno a ello y sin duda los movimientos sociales de carácter reivindicativos fueron protagonistas inolvidables del año que esta terminando. Sorpresivamente y por primera vez, luego de casi tres décadas, a las demandas más tradicionales como trabajo, salud y educación se sumó la crisis del modelo de políticas habitacionales, la contaminación y la congestión, en síntesis, el deterioro progresivo de la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad metropolitana, hoy se suman los problemas de las inundaciones y el deterioro aumenta significativamente.




Esto nos demuestra que las políticas tributarias, de empleo, laborales y salariales, y el mecanismo de asignación y distribución de recursos que experimentó el país, con el crecimiento de la economía informal y el surgimiento del subcontrato como forma de externalizar los riegos y los costos fijos del proceso productivo, fue paulatinamente expresándose en el espacio urbano lo que derivó en ciudades marcadamente dicotómicas en donde coexisten sin tocarse la riqueza y la pobreza, el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad, la superexplotación y el ocio, la seguridad y la vulnerabilidad.




Aunque no se puede asumir una posición causalista, esto hace prever que los conflictos sociales, lejos de disminuir, irán en aumento si es que el Estado no toma cartas en el asunto.




Se hace urgente revisar la legislación tributaria y laboral vigente en el sentido de corregir las desigualdades creadas por el libre mercado del trabajo, en donde las empresas expropian al trabajador una parte del producto de su trabajo (ünica fuente Legítima de Propiedad Privada) a través de sueldos miserables que permiten destruir la propiedad privada del trabajador para generar la gran propiedad privada del empresario, concentrando los ingresos cada vez más, en menos manos, y el estado está incapacitado para recuperar esa expropiación por medio de más impuestos, que en nuestro país son particularmente bajos para las empresas y particularmente altos para las personas y los trabajadores independientes, lo que implica que se privilegia la doble expropiación al trabajador, por una parte el empresario le expropia una parte creciente de su sueldo y por otra el estado vuelve a castigar con impuestos a los que menos ganan, cobrando proporcionalmente menos, mientras más se gana.




Además, es innegable que este proceso de segregación urbana, que es producto del modelo antes descrito, aparece como difícil de revertir y generará un desplazamiento espacial de los focos de conflictividad urbana hacia la periferia. Esto ha redundado y lo seguirá haciendo, en un deterioro de las condiciones del hábitat familiar y local, lo que será cada día más difícil de revertir debido a lo permanente de las inversiones urbanas y habitacionales, que sin importar su calidad tienden a permanecer en el tiempo como pies forzados de futuros enfoques para solucionar los conflictos creados durante años de persistencia de las mismas políticas.




En otro orden de cosas aparece como claro que con la legalidad vigente, en la cual la subordinación del bien común al capital es evidente, ha persistido y persistirá el crecimiento en extensión lo que seguirá generando deseconomías urbanas y dispersando las energías económicas en construir más ciudad sin mejorar la existente, utilizando más proporción de la cuenca, sin corregir ni reconstruir su capacidad de infiltración y absorción de aguas. Esto sin duda terminará con el desperfilamiento de la región como límite político administrativo real y se avanzará a paso cada vez más agigantados hacia la conformación de una Megalópolis entre la Región Metropolitana y la V Región lo que traerá consecuencias urbanas espaciales de dimensiones imposibles de anticipar.




El defectuoso mercado del suelo, exacerbado por las prácticas especulativas, solo puede ser revertido por un cambio estructural de las leyes que rigen el comportamiento de los distintos actores involucrados en el hacer ciudad y en el manejo de las cuencas geográficas, por lo que aparece indispensable la democratización de la sociedad chilena y el término de los enclaves autoritarios que impiden los cambios legales sin los cuales todas las buenas intenciones quedarán en el papel.




Otra conclusión que es posible sacar de todo esto es que, a la luz de los nuevos aires de supuesta reconstrucción democrática, el estudio de las políticas públicas obliga a construir una visión integradora del rol del estado y su responsabilidad social. En el caso de las políticas de protección medioambiental, desarrollo urbano y habitacionales, esto significa dar vuelta la concepción del desarrollo urbano, y replantearse la concepción sectorialista del estado, hacer ciudad desde la vivienda, entendida esta como el lugar en donde se da la vida y en torno al cual giran las demás actividades; como un proceso complejo desde el cual deben articularse las otras actividades: y no a partir de las actividades económicas y la rentabilidad del suelo. Esto debiera llevar a la conformación de barrios preferentemente mixtos y equilibrados, con las salvedades solo de las actividades incompatibles entre si, para revertir en algo el tremendo grado de especialización del uso del suelo urbano.




Esto obliga a repensar el rol que el estado debe jugar en la reconstrucción de la comunidad urbana que se ha visto destruida por la racionalidad vigente, siendo capaces de cuestionar en un futuro próximo a la racionalidad económica que la acompaña. Esto no podrá realizarse sin profundizar significativamente los procesos democráticos que cursan en nuestro país promoviendo la participación ciudadana en los procesos de gestación y focalización de las políticas, así como en las discusiones acerca de las orientaciones que estas deben tener. En este sentido, la descentralización efectiva y la desconcentración que busca potenciar el empoderamiento de las masas se hace estrictamente necesario y trasladar aun más recursos y competencias a las esferas locales de decisión se percibe como imprescindible.




En un ámbito más particular, se hace también necesario replantearnos los programas y las políticas habitacionales tremendamente especializados y aislados como parcelas incoherentes, reemplazándolos por programas integradores e integrales, en donde vivienda, educación y salud, trabajo, esparcimiento y deporte, acceso a los bienes y servicios básicos; sean partes de un solo programa de elevación de la calidad de vida, de manera integral, en donde el desarrollo humano como lo entiende Luis Brahm en su texto acerca de la estructura espacial del desarrollo humano del Gran Santiago, sea el objetivo de las políticas gubernamentales (Brahm,1991).




Aparece como lógico entonces, promover cambios en la Constitución de la República, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la ley de expropiaciones y en particular, en los instrumentos de Planificación Territorial, en todos sus niveles de manera que se obligue a cada comuna a incorporar un porcentaje de vivienda social al interior de su territorio, con la salvedad, en un primer momento, que la comuna que desee eximirse de este deber deberá pagar anualmente una cantidad fija reajustable por vivienda social no tenida (equivalente a las contribuciones eximidas por vivienda), que debiera conformar un fondo para el mejoramiento del hábitat popular, con el objeto de solventar la disminución de las diferencias existentes entre las comunas periféricas y las centrales o pericentrales.




Del mismo modo debiera, dentro de los esfuerzos de descentralización, otorgar potestad a los gobiernos locales para aprobar la incorporación o no de mayores cantidades de viviendas sociales y la posibilidad de generar concursos de arquitectura para mejorar los diseños de los conjuntos en cuestión, permitiendo que la diversidad geográfica y socioeconómica de cada región sea considerada en cada proyecto con el objetivo de introducir criterios de identidad regional y local en el proceso habitacional.




Por último hay que incluir criterios de sustentabilidad – tanto ambiental como social y económica – en la generación de las políticas de desarrollo urbano y de los programas habitacionales, lo que implica privilegiar calidad por sobre la cantidad; lo que pasa por construir casas de mayor tamaño y de mejor materialidad, abandonando la producción de casas – productos, desechables, que al momento de ser entregados pasan a engrosar el parque de viviendas deficitarias de nuestro país. Al mismo tiempo, es imprescindible incorporar en su entorno los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, entendidas estas como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento, a la cultura, a la seguridad ciudadana – tanto en términos sociales como medioambientales – y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de irrenunciable respeto a la biodiversidad.




Claro está que bajo este “modelo” de desarrollo humano y de crecimiento económico, parece difícil que cambios como estos puedan si quiera, pensarse.




[1] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1979.




[2] Ministerio de Urbanismo. “Política Nacional de Desarrollo Urbano”. División de Desarrollo Urbano. Santiago de Chile., 1985.

9.13.2009

¿Seguirá la Comunidad Internacional Premiando a Israel por mantener la Ocupación?

Hemos sido invitados hoy, a aportar, desde nuestras distintas experiencias y convicciones, a un debate que pretende ayudar a que el Congreso Nacional de Brasil pueda tomar la mejor decisión ante la disyuntiva de ratificar o rechazar el acuerdo de libre comercio con Israel, que se pretende aprobar en el marco del Mercosur. Hoy quiero exponer a ustedes algunas de las razones por las que muchos latinoamericanos de origen palestino creemos que este acuerdo debe ser rechazado.

Este debate se da por cierto, en un escenario en que, si bien ya no cabe hablar con la misma resignación de hace algunos años, del discurso único ni mucho menos del fin de la historia, aun no aparecen con absoluta nitidez, las alternativas de desarrollo que puedan oponerse al sobreideologizado núcleo de pensadores que insiste en que toda mayor cuota de libre comercio a nivel mundial y, por tanto, toda apertura de nuevos mercados es siempre positiva y por ende bienvenida, más allá de cualquier consideración ética o moral.

Debo reconocer que no comparto esa visión, pero hoy no vengo a discutir con ustedes de economía. Quiero hablar desde lo ético. Desde los principios y desde el significativo avance de la conciencia universal en torno al valor incuestionable que poseen hoy los derechos humanos individuales y colectivos, mucho más que desde lo meramente económico.

No puedo ocultar, sin embargo, mi desconfianza y mi rechazo a toda esa fraseología oficialista que hoy adormece las conciencias de muchos y muchas, e inmoviliza a no pocos de quienes alguna vez acostumbraron a guiar sus acciones por principios y valores universales, mucho más que por fines o por intereses exclusivamente económicos.


Quiero partir con una breve presentación ya que la única manera de ser objetivo al hablar es explicitando el lugar desde donde se habla. Soy chileno, de origen palestino, de militancia comunista y masón como, sin duda, deben serlo varios de los aquí presentes.


He conocido y presenciado, por tanto, desde todos mis lugares en el mundo contemporáneo, el de hijo de palestinos; el de chileno, el de comunista y el de masón, directa o indirectamente, la discriminación, el prejuicio, el exilio, la persecución, la cárcel, la tortura y las violaciones constantes y sistemáticas a todos los derechos humanos conocidos y por conocer. He sentido más de alguna vez la invisibilidad que sufren los que no están del lado de los vencedores. De aquellos que escriben la historia y determinan la realidad mediante el uso y el abuso del lenguaje que es capaz de construir realidades porque es la casa del ser.


He conocido también, indirectamente claro, la muerte, que se ha llevado a varios de mis seres queridos, de mis compañeros de ruta, de mis familiares y amigos. Se que la mayoría de ustedes sabe perfectamente de qué hablo. Por lo mismo, no quiero aburrirles narrando experiencias por todos conocidas.


Hoy quiero hablarles solo como un ciudadano común. Con respeto y humildad. Agradeciendo, desde ya a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Congreso de Brasil, y muy especialmente al Diputado Marcondes Gandelha, por esta tribuna.


Hoy quiero hablarles como un latinoamericano que no ha perdido la memoria y que conoce por la propia experiencia, el verdadero significado de la falta de libertad, de democracia y del desprecio absoluto por el derecho internacional y por los derechos humanos; y lo dramático y difícil que es resulta soportar aquello en ausencia de una solidaridad internacional real y efectiva, debido a la culpa que muchos sienten hasta hoy por el Holocausto Nazi.


Todos sabemos y recordamos lo que vivió nuestro continente de la mano de algunas de las peores dictaduras que conoce la historia latinoamericana.


Extrañamente, todas ellas siempre encontraron en el estado de Israel un socio leal, siempre dispuesto a colaborar cuando de violar algún embargo de armas, reprimir o violar derechos humanos se trataba. Pero eso no es lo relevante. Afortunadamente, las dictaduras latinoamericanas, con todo su desprecio por la vida y por los derechos humanos ya son parte de nuestra historia, con la sola y dolorosa excepción de la Honduras de hoy.


Pero creo que junto a la reconstrucción de nuestras democracias, con la incipiente instalación de una cultura de los derechos humanos que crece y se convierte de a poco en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, quizá la principal tarea pendiente de nuestras sociedades sea crear y fortalecer los mecanismos para velar por que situaciones como las que nos tocaron vivir, no vuelvan a ser parte del presente de nuestros pueblos, ni de ningún otro pueblo del mundo en ninguna parte, nunca más.


Lamentablemente, esto no pasa de ser un deseo de buena voluntad en un mundo en que aún existe tanta injusticia y tanta crueldad amparada en la mirada indiferente de la comunidad internacional.


Por lo mismo, hoy los quiero invitar a reflexionar acerca de lo que significaría en este preciso minuto, en el que Israel le da, una y otra vez, la espalda al proceso de paz, premiar a su gobierno con la apertura del mercado latinoamericano para los productos, bienes y servicios que se producen sobre el dolor, la expoliación, el sufrimiento y el exterminio del pueblo palestino.


Hoy los quiero invitar a reflexionar acerca de la señal que el Congreso Nacional de uno de los países más importantes de la Región está a punto de mandar al mundo entero, cuando se dispone a premiar con un acuerdo de libre comercio, a una potencia ocupante que ha demostrado a lo largo de toda su existencia, lo repito una vez más, un desprecio absoluto por el derecho y la comunidad internacional y por los derechos humanos individuales y colectivos del pueblo palestino.


Todos sabemos que la ocupación israelí causa a diario daños inmensos a la población palestina, matan inocentes, destruyen o confiscan sus tierras y sus casas; bombardean y demuelen su infraestructura básica; limitan o paralizan por completo su capacidad de movimiento. Miles de civiles no pueden encontrar trabajo, ir a la escuela o recibir tratamiento medico como resultado de esas acciones israelíes. Todo ello como parte de una política, incluso más amplia, de exterminio físico y político de todo un pueblo. Los premiaremos por ello?


Todos fuimos testigos de lo que fue el último bombardeo y la invasión a Gaza en donde murieron mas de 1500 civiles inocentes en poco menos de un mes, un tercio de ellos, menores de 18 años. Todos vimos como la infraestructura de salud, educación, agua potable y electricidad, de una de las zonas más densamente pobladas del mundo, fue destruida por completo, reduciendo a escombros las vidas cotidianas y los sueños de miles y miles de palestinos indefensos. Los premiaremos por ello?


Todos somos testigos de la nula voluntad de paz que Israel manifiesta, especialmente desde el último cambio de gobierno, cuando en contra de toda la legalidad y desoyendo los llamados de toda la comunidad internacional, le cierra la puerta a la solución de “dos estados” y continua con la construcción del muro del apartheid y con la expansión de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados, mientras demuele las añosas casas de los palestinos en Jerusalen Oriental porque según ellos, no tienen permiso de construcción. Los premiaremos por ello también?


Claro, los palestinos, no tenemos la capacidad de desarrollar un lobby tan profesional y con tantos recursos como el Estado de Israel, pues estamos ocupados en resistir la más cruel y larga ocupación de la que la historia contemporánea tenga conocimiento.


Tampoco tenemos la capacidad de influir, mediante complejas maquinarias de desinformación, en la percepción que una parte importante de la población mundial posee, de una situación que es vista, todavía, a través del lente deformante del Holocausto Nazi, donde cualquier crítica o falta de solidaridad y comprensión para con el estado de Israel es vista como una continuación de las políticas del nazismo. haciendo invisible este nuevo holocausto que ahora el sionismo realiza contra el pueblo palestino.


O acaso el sionismo se ha convertido en una pandemia universal mucho más mortífera que cualquier otra conocida, una pandemia parecida a la esquizofrenia, que convierte a la ocupación en víctima y a la resistencia, en terrorismo, justificando todo el crimen y la crueldad que la ocupación trae consigo. Afortunadamente, la existencia, cada día mayor, de judíos antisionistas que se rebelan contra el Estado de Israel y su política, en el mundo entero, y que ayudan a revelar el verdadero carácter del sionismo, nos dice que aun hay esperanza.


Hoy quiero hacerles una pregunta que ruego, cada uno conteste en silencio con una mano en sus corazón. Cuanto tiempo más será el Holocausto, un cheque en blanco entregado a Israel para que cometa crímenes iguales o peores contra otro pueblo cuyo único delito es vivir en la tierra en la que ha vivido por los últimos tres mil o cuatro mil años? No ha sido ya suficiente sufrimiento el que el mundo le ha impuesto al pueblo palestino para tratar de lavar su conciencia frente al Holocausto Nazi?


Todos sabemos que el estado de Israel ha demostrado, hace ya más de 40 años un desprecio absoluto por el derecho internacional. Todos sabemos que es uno de los estados más condenados en el mundo por violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos individuales y colectivos, conocidos y por conocer. Les vuelvo a preguntar. Los premiaremos por ello? Podrán mirar a sus hijos y nietos a los ojos con tranquilidad luego de hacerlo? Cual hubiera sido nuestra reacción como latinoamericanos si cuando sufríamos el peso de las dictaduras la comunidad internacional se hubiera lanzado a legitimarlas firmando acuerdos de libre comercio?


Castigaremos, acaso, a los palestinos por no tener amigos poderosos en el concierto internacional y por no lograr casi de ningún país, salvo honrosas excepciones, algo más que una declaración tibia que iguala al ocupante con toda su siembra de destrucción y muerte con la resistencia legítima que desarrolla el ocupado.


Y prevengo que cuando hablo de resistencia no solo me refiero a las acciones violentas que se desarrollan en el marco del legítimo derecho que lo pueblos tienen a la resistencia. También me refiero a esa resistencia que no tiene cobertura en los medios de comunicación de masas. A esa resistencia que se expresa en cada oportunidad que un palestino o una palestina vuelve a plantar un árbol que los israelíes han arrancado para ahogar la economía palestina mientras otros países otorgan facilidades y premian a la economía israelí.


Me refiero a la resistencia que se expresa en todos aquellos palestinos y palestinas jóvenes que bajo tribulaciones diarias insoportables, que duran ya más que la vida entera de muchos de los presentes hoy aquí, asisten a clases a los colegios y a las universidades, confiados en un futuro que solo ven en lo más profundo de sus propios sueños, debido a la ocupación israelí, mientras universidades de todo el mundo desarrollan acuerdos de cooperación con las universidades del ocupante.


Me refiero a la resistencia de aquellas mujeres palestinas que a pesar de la ocupación y de los asesinatos cotidianos de sus hijos y nietos, siguen trayendo hijos al mundo porque confían en que más temprano que tarde, alguien que se mueva por principios y no por intereses decidirá finalmente presionar y aislar a Israel hasta que no se someta a la legalidad y el derecho internacional.


Castigaremos a los palestinos por resistir la ocupación dándole más recursos para muros infames, puntos de control, asentamientos ilegales, balas y bombas a la potencia ocupante.


Yo simplemente les pido que reflexionen una vez más antes de votar y los llamo, hoy más que nunca, a dar una verdadera oportunidad a la paz, enviando la señal correcta al mundo entero, a Israel y a los palestinos, porque me asiste la convicción más absoluta de que la arrogancia y la furia suicida con que Israel trata a los palestinos, esa negativa tajante, incluso a verlos y considerarlos como seres humanos iguales, no conseguirá resultado alguno salvo más sufrimiento y odio.


Por lo mismo, no puede contar con ningún tipo de premio ni apoyo. No puede contar, desde mi respetuosa visión de mundo, ni con reconocimiento activo ni pasivo, directo o indirecto de ningún hombre o mujer, de ningún país, que de verdad desee avanzar hacia una paz justa y duradera.


Por el bien de la humanidad toda los llamo a ir más allá de la resignación y a continuar articulando, desde todas partes el mundo un menaje inequívoco y claro en contra de la injusticia y a favor de la paz y el reconocimiento de los derechos humanos individuales y colectivos de todos y todas, incluidos nosotros... los palestinos.

2.07.2009

LOS PUEBLOS Y NACIONES SIN ESTADO: PROTAGONISTAS PRINCIPALES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 2009.

Más de veinte organizaciones de naciones y pueblos sin Estado propio de todo el mundo se reunieron este año en el Foro Social Mundial 2009, que se realizó en Belem, Brasil, para visibilizar las realidades de sus pueblos, la situación actual de sus luchas por la autodeterminación y para compartir propuestas de acción con el movimiento alter-mundialización.

La razón de esta importante presencia radica en este año, el Foro estuvo dedicado, de manera especial, al intercambio de experiencias y a la coordinación de todas las luchas por los derechos colectivos de los pueblos y naciones sin estado propio. El objetivo del mismo era analizar las formas de incorporar esta variable de las luchas de emancipación en el mundo a los esfuerzos por construir ese otro mundo posible que el FSM viene ayudando a materializar durante la última década.

Resulta obvio, por cierto, que esta incorporación ha sido producto, principalmente, del cambio de época que se vive en América Latina, en donde la antigua forma de relacionarse con los pueblos indígenas y originarios, fuertemente marcada por el etnocentrismo y el paternalismo, viene siendo reemplazada por el respeto integral de sus derechos humanos, tanto civiles, como políticos, sociales y culturales y por la incorporación de sus cosmovisiones a las formas de enfrentar el quehacer y la forma de resolución de los conflictos entre los distintos actores de la sociedad.


En este marco se dieron a conocer las distintas realidades sociales de la mayoría de los pueblos y naciones que viven en esta situación y que hoy por hoy poseen escasa o nula visibilidad para nuestra sociedad civil, que se ha planteado la necesidad imperiosa de co-construir, desde la diversidad más absoluta, las nuevas estructuras y reglas que deberán dar cuerpo a ese nuevo orden que esta naciendo.

Durante el foro, se evidenció una sintonía plena entre pueblos geográficamente distantes que no tuvieron problema alguno para encontrar las raíces y los protagonistas comunes en la denegación de sus derechos. Esto, fue complementado con una férrea voluntad de aunar esfuerzos para avanzar en el logro del reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos libres y soberanos, con el derecho a la autodeterminación, sin restricciones de ningún tipo, como el protagonista principal de los mismos.

Catalanes, Canarios, Tamiles, Gallegos, Vascos, Chechenios, Turcos, Kurdos, Amazonios, Mapuches, Mayas, Andinos, Saharauis, Tibetanos y por supuesto los Palestinos, venidos de todas partes del mundo, intercambiaron sus experiencias de resistencia y construcción de soberanía; sus opiniones y enfoques de acción para enfrentar la crisis global del capitalismo y de su civilización; sus opiniones acerca de la necesidad de terminar con la política de criminalización de la protesta social y de la resistencia a las ocupaciones extranjeras y con cualquier tipo de discriminación basada en la subordinación de determinadas creencias, géneros, pueblos o naciones, a otros, con objetivos políticos o económicos.

Por último la necesidad de superar la actual forma de organización de la sociedad, superando también al Estado Nacional como su expresión formal y la necesidad de iniciar un camino hacia un mundo basado en el respeto mutuo y el reconocimiento pleno de las identidades locales y regionales.

Proliferaron las mesas de discusión acerca de los desplazados, de los refugiados, del exilio, de la permanencia del colonialismo, de la deuda externa y su relación con el derecho a la autodeterminación.

Resultó imposible evitar las discusiones, en todas las mesas y en todos los paneles acerca de la invasión israelí a Gaza y de la política de exterminio físico y político que el Estado de Israel esta desarrollando como parte de su política histórica de limpieza étnica en Palestina, que cuenta con el apoyo de los EEUU y de Europa. Se realizó, por lo mismo, un llamado concreto a la sociedad civil en todo el mundo a impulsar el Boicot a Israel, tanto en los ámbitos económicos, como militares, académicos y políticos; a la promoción de sanciones desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil, hacia el Estado de Israel, reinstalando en el imaginario colectivo de la sociedad actual la relación existente entre sionismo y racismo.

Al mismo tiempo se realizó un reconocimiento especial al campo judío antisionista que en los últimos años ha ido incrementando su presencia e influencia en diversas partes en el mundo y se hizo un llamado a la sociedad civil israelí a apartarse del racismo y a integrarse a la lucha por un mundo sin guerra, con justicia social y pleno respeto a los derechos humanos, tanto colectivos como individuales.

Destacable resultó también la necesidad, compartida por todos, de abordar y revertir los procesos de expoliación, por parte del capita transnacional, de los recursos naturales de los pueblos, por la relación primordial que esta variable posee con la opresión de carácter nacional o extranjera, constituyéndose en la base económica de la misma.

Se insistió en la necesidad de un nuevo orden internacional. En la necesidad de reformar las estructuras de las organizaciones internacionales desde la perspectiva del respeto integro a los derechos colectivos de los pueblos, lo que inevitablemente plantea la necesidad de terminar con el derecho a veto en el consejo de seguridad de naciones unidas y se destacó el tremendo valor que para esta lucha poseen las nuevas constituciones políticas aprobadas mayoritariamente en los hermanos países de Bolivia y Ecuador.




Por último se volvió a relevar la importancia de seguir avanzando en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres; en la necesidad de incorporar, cada vez con más fuerza y determinación, a los jóvenes, hombres y mujeres de nuestros pueblos a la lucha por la emancipación reinstalando la solidaridad y la ternura, como la fortaleza principal de la lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos a nivel mundial, con un llamado final a ampliar y fortalecer las redes y la participación permanente y constante en la denuncia de las violaciones a los mismos y en las campañas y boicots tendientes a aislar a los Estados que desprecian el derecho a la vida, los Derechos Humanos y los derechos colectivos de los pueblos.

FORO SOCIAL MUNDIAL 2009: LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESPERANZA.

Más de 100.000 personas de cientos de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de todo el mundo, se dieron cita en la Marcha inaugural de la versión 2009 del Foro Social Mundial, que se realiza en Belem Brasil.

En un ambiente festivo pero que al mismo tiempo no disimuló la profunda preocupación por el impacto que la crisis mundial del sistema capitalista generará, una vez más, entre los pobres y los desplazados del planeta, se respiraba un sentimiento de gran euforia y alegría popular por el ambiente que se vive en América Latina.

Y no es para menos. Si hace 10 años, cuando el Foro Social Mundial estaba en pañales y daba inicio a los esfuerzos latinoamericanos mancomunados para construir una alternativa, tanto al discurso único surgido después de la caída de los socialismos realmente existentes como a la forma de organización de la sociedad, alguien hubiera imaginado tener como participantes a cinco presidentes de América Latina, todos hubiéramos dicho que era parte del voluntarismo propio de los movimientos sociales y de los partidos tradicionales de la izquierda de nuestro continente, acostumbrados a soñar con un futuro mejor, aunque este aun no fuera siquiera visible y tampoco estuviéramos en condiciones de construirlo.



Ahora bien, si además, alguien hubiera osado imaginar que de esos cinco presidentes, uno sería un indígena, otro un obrero metalúrgico, otro un ex sacerdote partidario de la teología de la liberación, otro un economista graduado en EEUU pero de izquierda y por último un militar latinoamericano, también de izquierda, sin duda todos hubieran estado de acuerdo en que era solo un sueño de algún loco incapaz de leer y reconocer el fin de la historia y la supremacía infinita de los postulados de los defensores del modelo capitalista.

Sin embargo, diez años después, ese sueño impensable se ha hecho realidad y todo indica, al parecer, que América Latina no solo vive una época de cambios, sino más bien un cambio de época.

Así es, el despertar de los pueblos latinoamericanos – no de todos por cierto - y el creciente protagonismo que este ha decidido tomar en el escenario de su propia historia contrasta fuertemente con las décadas anteriores caracterizadas por la existencia de dictaduras militares o gobiernos de transición impotentes que fueron cooptados por los defensores del modelo negándose incluso a dar la discusión sobre las alternativas posibles.

Gracias a ello comienzan a quedar en el pasado los años en donde las superestructuras de dominación mundial utilizaban nuestro continente como el laboratorio privilegiado para el diseño y la implementación de las políticas neoliberales que se convertirían en símbolo del deber ser de las políticas de Estado en las décadas de los 80s y los 90s.

Hoy, la subordinación de la naturaleza y el medio ambiente a los intereses económicos de unos pocos esta siendo reemplazada por una visión integradora y sustentable del desarrollo de nuestros pueblos. Hoy la discriminación en contra de los pueblos originarios está dando paso a la construcción de Estados plurinacionales con reconocimiento, respeto y espacio para el desarrollo de las distintas cosmogonías que conviven en nuestros territorios.

Hoy la apertura unilateral a los mercados mundiales es reemplazada por la integración latinoamericana y el privilegio de un intercambio justo entre las naciones. Las privatizaciones que encarecieron los servicios básicos enriqueciendo a pequeños grupos o a grandes transnacionales y empobreciendo a millones de seres humanos dan paso a la nacionalización de los recursos naturales de los países elevando los mismo al nivel de derechos constitucionales.

Hoy la destrucción del estado de bienestar y el fortalecimiento del Estado como instrumento de dominación de clase mediante la desvinculación del mismo de las demandas sociales están siendo reemplazadas por democracias basadas en una participación temprana, vinculante y protagónica y salvo en países como Chile, Perú y Colombia, la criminalización de la protesta social da paso al respeto a todos los derechos humanos y principalmente al de libertad de asociación, información y a la libre expresión.

Por último, la absoluta libertad al movimiento de capitales y la extensión a todas las áreas de la vida cotidiana de las leyes, todopoderosas y eternas, del libre mercado comienzan a dar paso a la libertad plena de todas las personas y a la subordinación del mercado a la discusión acerca de la felicidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de todos y todas.

Afortunadamente, todas estas ideas que fueron impuestas por la fuerza de las dictaduras militares implantadas por EEUU en toda América latina, generando un aumento significativo de la brecha entre ricos y pobres, instalando la exclusión social y la segregación en nuestras sociedades y promoviendo una descapitalización de nuestros países que avanzó de la mano con la destrucción de nuestro medio ambiente y de los servicios ambientales que de este derivaba, han comenzado ha quedar en el pasado.

Al mismo tiempo y sin mirar atrás, ni con temor ni con nostalgia, una parte cada vez más importante de nuestra América Latina se encamina a pasos agigantados hacia la construcción de ese otro mundo posible, que hoy tiene forma de Socialismo del Siglo XXI y que en virtud de esta nueva crisis del capitalismo se hace además, necesario y urgente.

1.23.2009

LA MUERTE DE FREI: ASESINATO O SUICIDIO.

Cada vez que se recuerda un aniversario más de la muerte de frei Padre se me viene a la memoria lo caro le costó haberse puesto al servicio de los gringos para impedir el triunfo de Allende y luego para desestabilizar su gobierno. Él fue uno de los que, junto a la derecha de siempre, le dio la venia a los militares para efectuar el golpe y ponerse a matar chilenos y terminó, él mismo, siendo asesinado.
Después de 27 años, los chilenos hemos logrado tener la certeza de algo que muchos sospechábamos desde hace algunos años. Uno de los presidentes de Chile, Eduardo Frei Montalva, sufrió el mismo destino que muchos de los opositores a la dictadura de Pinochet. Fue asesinado por instrucciones de los altos mandos de la época, seguramente para impedir que volviera a jugar algún importante rol en la política chilena, como lo había hecho hasta después del Golpe de Estado en nuestro país, cuando se dispuso a viajar por todo el planeta explicvando las bondades del golpe de estado y defendiendo la legitimidad del mismo.

Ahora bien, la certeza acerca del asesinato de frei no cambiará la percepción que de la dictadura tuvimos sus enemigos de siempre, pero resulta esperable que, al menos, cambie la la percepción de muchos que incluso la apoyaron activa y pasivamente. Sobretodo de aquellos democratacristianos que festejaron con champagne, igual que la derecha dura, la noche del 11 de Septiembre del 73, que seguramente, en estos momentos en que se alza la candidatura de frei hijo, nuevamente, rasgarán vestiduras y querrán vestir a Frei padre de una estatura moral que los ayude a superar el pésimo momento por el que atraviesa la coalición de gobierno y en especial el PDC.
Otros, tratarán de apropiarse personalmente de su “obra” para proyectarse en el Chile de hoy como depositarios de su “legado”, eso si, que mirando un poco más hacia la derecha de lo que aparece hoy la DC, en una alianza que algunos ingenuos y nostálgicos pretenden describir como de centro izquierda.

Claro está, al menos para quienes seguimos comprometidos con la superación del capitalismo como forma de organización social, que el hecho de habernos enterado hoy de lo que sucedió finalmente con Frei padre, no lo puede convertir en un mártir y mucho menos en un héroe de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Chile.

Nada debe hacernos olvidar como la DC, bajo su liderazgo, se alió con una potencia extranjera y recibió fondos para intervenir electoralmente las elecciones chilenas e impedir el triunfo de una de las opciones que legítimamente aspiraba a imponerse por la vía democrática en nuestro país, instalando a la DC como instrumento de una de las más macabras intervenciones extranjeras en asuntos internos de los chilenos. Tampoco debemos olvidar que luego del triunfo de Salvador Allende, la DC siguió recibiendo dineros del extranjero, esta vez para desestabilizar al gobierno democráticamente electo. En ese minuto la DC había olvidado, esperamos que temporalmente, que los demócratas de verdad sólo aceptan el voto castigo como herramienta para sacar a los gobiernos que no les agradan.

Tampoco debemos olvidar la complicidad y el silencio vergonzoso que muchos DC, entre ellos el ex presidente, mantuvieron con respecto a la felonía y a la traición desatada en Chile antes, durante y después del golpe de estado, con la secreta esperanza de que los militares, luego de limpiar la patria de marxistas, llegaran a devolverle a los civiles, y especialmente a Frei padre, las riendas del Chile en el que habían aceptado destruir la democracia, para impedir los cambios que el gobierno de la Unidad Popular pretendía y que hoy comienzan a instalarse como mínimo común denominador de la gran patria latinoamericana.


Hoy, cuando la DC comienza a mirar con disimulo hacia la izquierda para intentar volver a ser gobierno en Chile, a contarrio sensu de la tendencia de la Internacional Demócrata Cristiana, que mira a la derecha y se ufana por terminar de cualquier forma con gobiernos de izquierda legitimamente elegidos, como es el caso de Venezuela; y aún cuando muchos quieran reescribir la historia del rol que Frei padre jugó en la época para intentar, una vez más, lavar la conciencia de la mayoría de los Democratacristianos de la época, resulta útil refrescar la memoria de la sociedad civil y esperar que la DC se haya convencido, por su propia y amarga experiencia, de que los golpes de estado nunca son un buen remedio para ninguna circunstancia.
De no ser así, habida cuenta de que la derecha no ha cambiado en lo más mínimo, hay que empezar a preocuparse por lo que la DC pueda y este dispuesta a hacer en el futuro por volver a ser gobierno en este país. No vayan precisamente a seguir las enseñanzas de Frei padre y terminen disparándose en sus propios pies.