NUEVO PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO

En los últimos días hemos asistido al resurgimiento de una vieja discusión que se renueva como si en los últimos treinta años nada hubiera pasado en nuestra capital. El rechazo a la incorporación de 10.000 nuevas Há a las zonas urbanizables de la Región Metropolitana molestó tanto a los actores económicos que están detrás de los cambios, que debieron desatar una furiosa campaña comunicacional, en donde supuestos destacados profesionales, representantes de inmobiliarias y del sistema financiero salieron a asustar a la población, planteando un encarecimiento de los precios del suelo y de las viviendas al tiempo que afirman que Santiago crecerá, con o sin ampliación por lo que el gobierno debiera hacer cualquier cosa para intentar revertir la decisión del Gobierno Regional.

Dentro de los defensores del crecimiento a destajo y sin planificación, destaca Marcial Echeñique, el mismo que en 1997 vendió la pomada de la Costanera Norte al gobierno de turno, diciéndole que disminuiría los tiempos de viaje y la congestión y que ayudaría a convertir al Gran Santiago en una capital del siglo XXI.

No puedo dejar de recordar aquella charla en la FAU en 1997, cuando ante la pregunta de un alumno, acerca de si la presión inmobiliaria que la Costanera Norte significaría, terminaría o no expulsando a los más pobres a una periferia cada vez más lejana y con menos servicios, el mencionado profesor respondió tajante y con el mismo aire de superioridad e infalibilidad con el que lo vemos hoy que en el año 2005 la pobreza en Chile ya no existiría.

El mismo protagonista hoy nos desea imponer otras de sus profecías de carácter teleológico y nos dice que la RM llegará a 8 millones de habitantes y consumirá 10.000 nuevas hectáreas de suelo rural, de todas maneras, planteando además, que la gente está dispuesta a viajar y pagar cada día más por vivir en una casa con más terreno y cerca de la naturaleza, como si las poblaciones de Pudahuel Sur, de Quilicura y Puente Alto, hubieran acercado a las familias más pobres de nuestra capital a un mejor vivir y en un mayor contacto con la naturaleza.

Lo que estos “expertos” callan es la gran diferencia que existe entre proyectar y planificar el territorio. Mientras el primer término solo se preocupa de constatar las tendencias del mercado y tomar decisiones que las favorezcan sin siquiera cuestionar si estas son buenas o malas, el segundo, aborda las mismas, incorporando otras variables de caracteres sociales, culturales y políticas, desde una mirada critica, intentando encauzarlas hacia un futuro mejor para todos y todas o revertirlas decididamente cuando estas se manifiestan como negativas o cargadas de externalidades que la sociedad no es capaz de asumir y corregir de manera colectiva.

Lo que no nos dicen estos destacados actores del hacer ciudad es que hace ya treinta y dos años que el mercado nos viene prometiendo una mejor ciudad y que la que ha construido, cada vez entrega una más cara y peor calidad de vida a sus habitantes. Lo único cierto, le duela a quien le duela. el mercado no ha logrado en 32 años construir barrios equipados y de carácter autosuficientes y en su lugar ha extendido una ciudad fragmentada y segmentada en donde coexisten sin conocerse siquiera el derroche y la escasez, el ocio y la superexplotación, la salud y la enfermedad, la acumulación y el empobrecimiento paulatino, mientras el valor del suelo ha seguido subiendo y el promedio de viajes diarios por persona se ha duplicado, de la mano de las millonarias utilidades de los desinteresados inversionistas que abogan por más suelo para seguir construyendo una de las ciudades más ineficientes del mundo.

Por qué Santiago habría de seguir creciendo en extensión cuando tiene mucho más de 10.000 HÁ en torno a su centro fundacional, en comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta e Independencia y otras con un nivel de abandono y deterioro, que posibilita absorber el crecimiento de Santiago en los próximos treinta años con un inmejorable acceso a infraestructura y servicios y a diez minutos de todo.

Llama la atención que en todo este debate solo hablen los expertos en proyección urbana, los especialistas en economía y los representantes de las empresas inmobiliarias y que aun no se le de espacio a los innumerables planificadores, académicos y dirigentes sociales que desde el retorno a la democracia vienen planteando la necesidad de contener e intervenir la ciudad con miras a generar equidad urbana antes de que esta siga creciendo sin dios ni ley y solo regida por la oferta y la demanda.

POBREZA Y ESTADÍSTICAS EN EL PAÍS DE LA REALIDAD VIRTUAL

Que las estadísticas sirven para mentir con clase no es algo desconocido. Cualquiera que pertenezca al mundo de la Ciencias Sociales lo sabe. Manipular los datos dentro de los porcentajes de error y los niveles de confianza establecidos y preguntar de manera sesgada, acotada o direccionada, son desviaciones propias de una actividad que, cuando está ligada al poder y la política, pierde parte importante de su ética y de su prolijidad.

Lo preocupante del tema no es solo la capacidad que otorgan las estadísticas de mentir con clase sino también la de construir realidades virtuales mediante la asociación estratégica entre las empresas o universidades de estudios de mercado y opinión y las empresas de comunicación, masificando  formas de entender la realidad, conceptos y verdades a medias, que terminan convirtiéndose en subjetiva realidad.



De esta manera, se generan estudios e indicadores seudo científicos que logran explicar o justificar todo o casi todo y que no pocas veces logran convencer a grupos humanos, de cosas que parecen reales y que claramente no los son.



Un ejemplo claro lo constituye la línea de la pobreza tan en boga en estos días luego de que la nueva casen afirmara que la pobreza subió a un 15, 3% luego de 26 años de venir paulatinamente descendiendo.



Este indicador sitúa el punto de corte de lo que se conoce como pobreza. en un ingreso por persona mensual de $ 47.000, planteando en el sub-texto, que aquellas que ganan $ 46.900, son pobres y las que ganan $ 47.100, no lo son.



Así las cosas, disminuir la pobreza no implica necesariamente acabar con las limitantes para el desarrollo integral y el desenvolvimiento óptimo de las capacidades de las personas y sus familias, sino poder llevar al número mayor posible de las familias que ganan menos de lo que indica la línea de corte, a ubicarse levemente por sobre la misma, para presentar al mundo los “sólidos avances en materia de superación de la pobreza que tiene nuestro país”.



Sería bueno preguntarse entonces, si desde el retorno a la democracia, se ha avanzado efectivamente en la superación de la pobreza y la exclusión, o si por el contrario, hemos logrado llevar, subsidios mediante, a un número importante de personas y familias, levemente por sobre la cifra mencionada con la consecuencia obvia de que a la primera crisis económica, vuelvan a descender, como ha acontecido en los últimos años, permaneciendo oculto hasta la próxima medición. 



Habremos reducido la pobreza o nos seguiremos engañando como país, mientras mantenemos una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo y una de las legislaciones laborales más pro empresas que se conocen.



De esta manera, Chile avanza rápidamente hacia ser percibido como un país desarrollado, modelo entre sus pares debido a la obediente implementación del Consenso de Washington[1], mientras la mayoría de sus habitantes ha visto descender su poder adquisitivo en los últimos años, batiéndose en un país en donde la universidad estatal más barata, cuesta mensualmente más que el sueldo mínimo, donde la salud pública es cada día más frágil y  donde las viviendas sociales han generado mas problemas de los que han logrado resolver.



Hemos terminado pagando hasta por transitar en las calles y avenidas de nuestro país, asegurando a cada paso que damos, las utilidades de las grandes empresas nacionales e internacionales cuyas utilidades han crecido, efectivamente, lo suficiente como para explicar por si solas el incremento del ingreso promedio por persona en Chile que, según encuestas igualmente lejanas a la realidad, casi se ha duplicado en los últimos 20 años.



Es claro que los promedios y los indicadores oficiales no representan la realidad y solo sirven a quienes, con cifras en mano pregonan el éxito de sus gobiernos y el fracaso de los otros, mientras criminalizan las protestas sociales y acusan a algunos sectores de inventar los problemas que llevan a la ciudadanía a protestar y a alejarse de la política mientras la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, a pesar del orgullo que sienten los partidarios de la derecha y la concertación, por la gobernabilidad democrática y a la estabilidad que luce Chile, hace tantos años.

EL CASO PRATS Y EL INDULTO BICENTENARIO

Tres consideraciones al menos nos debería provocar como sociedad el fallo del caso Prats que confirma, después de 36 años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo Ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planificado y ejecutado el doble asesinato del general y su esposa en Buenos Aires en 1974.

La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.

La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.

Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.

Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.

El Trabajo, El Salario y la Propiedad Privada

Nunca está de más recordar el sentido que el trabajo tiene en la vida humana. Menos, cuando el Congreso Nacional acaba de aprobar un incremento del sueldo mínimo de un 4,2, reajuste que será absorbido por completo, solamente por el alza de tarifas del Transantiago en los últimos dos meses mientras que en el 2009, las empresas cuyas acciones figuran entre las más transadas en la Bolsa de Santiago, destinaron $24.982 millones a remunerar a sus directores, aumentando sus remuneraciones anuales en un 19,8% en relación al año anterior.

Para algunos el trabajo nace como castigo divino por el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso. Los mismos pretenden convencernos, además, que bienaventurados son los que sufren y tienen hambre y sed de justicia, ya que después de muertos, serán recompensados. Para otros, es otro factor productivo, junto a las materias primas y al capital, y como tal, en su regulación, sólo debe actuar la todopoderosa y eterna ley de la oferta y la demanda, para asegurar la máxima rentabilidad, dando paso a la reproducción y concentración de la riqueza en, cada día, menos manos.

Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es la forma de realización del ser humano, ya que permite satisfacer nuestras necesidades y reproducir nuestra existencia. En esta cosmovisión, por cierto, la naturaleza es entendida como nuestro cuerpo inorgánico del que dependemos indirectamente para sobrevivir y buscar la felicidad.

De estas visiones nacen las distintas formas de abordar la cesantía y el salario mínimo.

En el caso de la primera, unos afirman que es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad eventual en tiempos de catástrofe; otros plantean que es una variable del modelo económico cuyo comportamiento es resultado de factores mucho más relevantes que la cesantía propiamente tal. Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades ni reproducir su existencia, por lo que se ve privado de realizarse como especie. De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que debieran considerarse un derecho humano fundamental. Esto implica que debiera asegurarlo el Estado cuando la iniciativa privada se revela incapaz de hacerlo para todos y todas.

También resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos que buscan disminuir su valor, para aumentar las utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A este objetivo contribuye el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente, sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan trabajar y están dispuestos a aceptar, incluso, un salario menor al del primero.

Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios, lo que nos lleva a debatir con los defensores del modelo la necesidad, no sólo de asegurar el empleo y aumentar significativamente su valor, sino también a eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación al tiempo de fortalecer la organización sindical y su poder de negociación, para asegurar una más equitativa distribución de la riqueza entre trabajadores y empresarios.

Ellos, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales para obligarlos a aceptar las condiciones que buscan imponer.

Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana, por lo que no logran maquillar su deseo de seguir acumulando riquezas, a costa de los trabajadores. Pretenden aparecer defendiendo la propiedad privada, cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, podemos afirmar que son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Así, se apropian de una parte de la propiedad privada del trabajador, representada por la diferencia entre lo que efectivamente vale su trabajo y los salarios que por él pagan.

¿De qué otra manera se puede explicar el hecho de que una minoría de la sociedad, que incluye al propio Presidente Piñera, uno de los hombres más ricos de nuestro continente, descalifique y estigmatice como irresponsable, la demanda de los trabajadores de incrementar el sueldo mínimo hasta que éste refleje efectivamente el valor del trabajo?

Este es el modelo de desarrollo que ellos han consolidado; el mismo que quienes aspiramos a una sociedad más justa nos empeñamos en transformar y superar.

Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana

En los últimos días hemos recibido noticias que han reabierto de manera auspiciosa el debate acerca de la participación ciudadana en nuestro país. Un conjunto de vecinos organizados, han logrado detener la construcción de un centro comercial, argumentando el rechazo a que su calidad de vida se viera afectada por la llegada de miles de automóviles que habrían congestionado de manera intolerable su barrio con una contundente y casi única victoria en las urnas.

No parece ser una excepción. Por todos lados y en casi todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planos Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando a sus espaldas mientras comienzan a criticar abiertamente los resultados de determinados estudios que solo aplican proyecciones sobre tendencias económicas para responder ciegamente a ellas, pasando por alto las expectativas de los más directamente involucrados.

Salvo contadas excepciones, las autoridades comunales se disponen a abrir a dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios representados por edificios en altura y centros comerciales que se desarrollan sobre añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, buscando jugosos permisos de edificación para las municipalidades y cuantiosas ganancias para las empresas desarrolladoras.

Pero lo cierto es que la responsabilidad no recae exclusivamente las autoridades. Ésta se encuentre repartida entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención de la actual forma de organización de la sociedad en donde todo lo que existe se presenta como instrumentos para la economía, desarrollando formas de entender la ciudadanía y la relación que ésta desarrolla con el Estado que se enmarca más en la definición que del mismo se hace como instrumento de dominación, mucho más que aquellas lecturas que pretenden instalarlo como órgano de dirección de la sociedad.

Primero, está la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, que no se interesan en los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse, en forma reiterada, de las decisiones cupulares y la falta de participación, se abstienen de participar o vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia como forma de relacionarse con su entorno, permitiendo que el sistema se reproduzca autopoyéticamente.

Luego están quienes hacen las leyes, que han validado una y otra vez el hecho de que los Planes Reguladores y el ordenamiento territorial se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones actual, que ellos han modificado al menos en cuatro oportunidades, solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, una vez que el proyecto está terminado, sin exigir siquiera que sean incorporadas las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares.

Luego la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo y en gran parte de las consultoras dedicadas a la planificación territorial, que con una visión absolutamente sobreideologizada y con cada día menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación y el ordenamiento territorial, completamente reñida con la participación y con las expectativas de los destinatarios de las mismas, reduciéndola solamente a una forma más de movilizar recursos con miras a la tan ansiada reproducción del capital.

Por último, están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en un tema casi exclusivo de voluntad política. Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas y a las consultoras dedicadas a la planificación y el ordenamiento territorial, incorporar la participación comunitaria de manera temprana y vinculante, es decir, incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto, con el compromiso de que las decisiones mayoritarias de la comunidad, se vean efectivamente reflejadas en los instrumentos legales.

No obstante lo anterior, desde mi perspectiva, la responsabilidad mayor recae en la ciudadanía, por su egoísmo, su falta de visión y de solidaridad. Hay que asumirlo, nunca vimos a los ciudadanos contenido completo.y ciudadanas de La Reina reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte. Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos. Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman. Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a quejarse de las decisiones que, de manera inconsulta, toman la mayoría de las autoridades.

Ese debe ser uno de los resabios más profundamente arraigados de la cultura individualista y autoritaria que dejó la dictadura y de la cual Chile aún no logra desembarazarse.