MAS DE LO MISMO EN EL CHILE DE LA ALIANZA.

Atrás parecen estar quedando aquellos días en que la Alianza por Chile y particularmente la UDI se pavoneaban en todos los medios de comunicación, apuntando con dedo acusador a los gobiernos de la Concertación, por el triste espectáculo que daban en temas relacionados con la corrupción, la ineficiencia, el cuoteo político y la utilización del aparato del estado, solamente para asegurar la reproducción de su propio poder.

Recién estrenado el primer gobierno de la vimos al partido popular reclamando porque no se les había considerado de manera adecuada, en los nombramientos que el ejecutivo estaba llevando a cabo, exigiéndole un mayor equilibrio y consideración a los partidos, en la conformación de su gobierno.

Poco después, algunos personeros que habían sido ratificados en sus cargos, tuvieron que dar un paso al costado porque se les estaba exigiendo que solicitaran la renuncia a todos aquellos profesionales seleccionados en virtud del Sistema de Alta Dirección Pública, para poner en su lugar a personas afines al gobierno. En la misma senda otro de los colaboradores elegidos por el ejecutivo para dirigir los destinos del Diario La Nación, fue removido porque la UDI vetó su nombramiento por estar involucrado en la investigación periodística del caso Spiniak que casi le cuesta la vida política a Novoa.

Como si fuera poco, en estos el país mira atónito como otro alcalde de la UDI es formalizado por recibir coimas con el objeto de asegurar importantes negocios a conspicuos empresarios de su propio sector, mientras una de sus diputadas se prepara para ser desaforada luego de ser formalizada por utilizar los dineros asignados a sus asesorías profesionales para incrementar sus ingresos personales y familiares.

Para colmo las tres grandes cadenas premiadas sin licitación con las compras del estado orientadas a la reconstrucción elevan sus precios de manera significativa y se muestran sin stock de materiales, tirando por el sueldo la justificación del ejecutivo, de mayores ahorros, eficiencia y eficacia, para sostener su decisión.

En un plano secundario pero no menos importante, se siguen denunciando despidos masivos en varios sectores del estado y en el sector privado, mientras al igual que la Concertación, el gobierno de la Alianza, que antes criticaba con dureza ejemplar la gran cantidad de comisiones formadas por Bachelet para analizar temas de importancia social, se apresta a formar una comisión, esta vez, para analizar un mecanismo para fijar de manera casi automática el salario mínimo. En un tercer plano, la delincuencia, que tenía sus días contados, sigue haciendo nata, a pesar de la notoria baja en la cobertura de los crímenes y delitos, afectando a los mismos personajes que antes se quejaban de no entender cómo eran asaltadas sus viviendas, viviendo a escasos metros de autoridades de gobierno.

No debe sorprendernos entonces la significativa baja en la aprobación del gobierno y la consiguiente alza en el rechazo del mismo, por parte de la ciudadanía,¹ ya que las altísimas expectativas generadas por una candidatura que prometió el establecimiento de una nueva forma de gobernar y que a poco andar parece simplemente ser más de lo mismo, comienzan a encontrarse de lleno con el vacío existente detrás de todas las buenas campañas de marketing político.

1 Encuesta Adimark de Evaluación Gestión del Gobierno, Abril 2010.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERDIDAS EN EL TRANSANTIAGO Y RENTABILIDAD SOCIAL

En estos días, el Transantiago ha vuelto a ser uno de los centros de la discusión política metropolitana. A pesar del mejoramiento de los tiempos de viaje y de la disminución de los transbordo, el Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana sigue estando lejos de las promesas que como proyecto ofreció a la capital.

A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas por 50 millones de dólares mensuales.

La instalación del foco en dicho fenómeno le ha servido además al gobierno para justificar más represión y para provocar más conflictos y desconfianza entre la ciudadanía. Ésta ha optado por enfrentar personalmente a los evasores mientras se sigue resignando a tolerar y pagar por un mal servicio, que no tiene ninguna posibilidad real de mejorar mucho más.

De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.

Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano,. Se ha instalado la erronea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.

Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas. Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.

Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.

La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.

De muestra, un botón: El 20% de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 50% de los mismos.

En el caso de la educación, solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas. Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.

Una simple reflexión nos permite deducir que si los 50 millones de dólares de perdida mensual que arroja el Transantiago, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios¹ y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados.

En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social

Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.

En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente que continuar tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte publico para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.

1 Las escuelas modulares de Lavín con capacidad para 150 alumnos cuestan U$180.000 aproximadamente por lo que con un mes de Transantiago se podrían construir 250 escuelas distribuidas en los barrios generadores de viajes.

PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EMPRESAS.

En la editorial del diario La Tercera del viernes 9 de Abril se hace un llamado a continuar promoviendo la competencia y no ceder a la tentación de discriminar entre empresas, en un intento de detener cualquier análisis que permita diferenciar legalmente el tratamiento que la ley otorgaría a las mismas, en materia tributaria o de flexibilización laboral, según sea su tamaño o el rubro en el que desarrollan su actividad, con miras a superar la catástrofe surgida a partir del terremoto del 27 de febrero, en nuestro país.

Se plantea que la discriminación entre empresas correspondería a una revisión fundamental e inconveniente de la institucionalidad económica chilena que ha avanzado por décadas, según, el artículo en comento, en la promoción de la competencia. De la misma forma, plantea el artículo, que las reformas chilenas de las últimas cuatro décadas han buscado configurar un sistema donde las empresas – de cualquier tamaño o sector – compiten, supuestamente, en un contexto de reglas similares para todas, no expuestas a favores o sanciones arbitrarias de la autoridad.

Llama la atención, sin embargo, que en el análisis no se consideren los favores o sanciones arbitrarias provenientes desde el mismo sector privado, lo que para el editor, pareciera ser, en este caso, inexistente o completamente legítimo.

Este es el caso del descuento por volumen, que corresponde a una arbitrariedad entre privados que anula completamente la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los pequeños empresarios, convirtiendo las definiciones anteriores solo en frases vacías que buscan construir una imagen de sociedad ideal, más que representar la realidad nacional, marcada por la concentración de la riqueza y las dificultades permanentes para los pequeños y medianos empresarios.

De esta manera un pequeño comerciante que desea comprar latas de bebidas para abastecer su local se encuentra con que le resulta más barato comprarle a una cadena de supermercados, que directamente al productor de las mismas, ya que debido al volumen de la compra del primero, éste es capaz de negociar y congelar precios de manera de salir al mercado en condiciones incluso más ventajosas que las del mismo productor.

Otro ejemplo es la diferencia abismal existente en las formas y oportunidades de pago existentes a los grandes y pequeños proveedores y el acceso a créditos que ambos poseen en virtud de la discriminación y arbitrariedad en la definición de las tasas de créditos con las que el mercado financiero asegura su rentabilidad, de acuerdo al riesgo de cada actor económico, lo que define el acceso a financiamientos que poseen los mismos con miras a sortear los problemas de flujo propios de cualquier emprendimiento.

Mientras unos reciben pagos al contado y con acceso inmediato y sin aval al crédito, otros lo hacen a 30, 60, 90 y hasta 120 días, viviendo permanentemente al borde de la quiebra y pagando intereses usureros a los primeros.

Cabe destacar que en algunos países desarrollados, ambas prácticas están prohibidas, precisamente para asegurar lo que algunos defienden como libre competencia.

La defensa de la igualdad a medias en las condiciones que las empresas deben enfrentar para competir, poniendo el énfasis solo en la necesidad de anular posible arbitrariedades del estado pero no la de los privados, solo puede provenir de sectores comprometidos con la mantención de un modelo eminentemente concentrador de la riqueza y promotor despiadado de las diferencias sociales como el nuestro. Incoherencias como estas son capaces de explicar por qué en nuestro país sale tan caro ser pobre y tan barato no serlo.

Por lo mismo es que se hace necesaria una revisión completa de las condiciones para adoptar una línea coherente para el desarrollo una sociedad más justa, equitativa y solidaria, ya sea eliminando las potenciales arbitrariedades provenientes tanto del sector público como del privado o buscando formas para compensar las existentes de manera de ir cerrando las brechas que en los últimos 40 años se han seguido ampliando.