CHILE Y EL VOTO AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU.

Durante los últimos días hemos asistido a una discusión en que muchos actores han salido a entregar opinión acerca de si Chile debe votar por Venezuela o por Guatemala para ocupar el cupo latinoamericano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo más impresionante ha sido el tono de la misma que ha girado en torno a los sentimientos de simpatía o rechazo que provoca el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sin que nadie haya puesto al centro de la discusión, los objetivos y las atribuciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como para intentar saber, efectivamente, que es lo mejor, no solo para Chile, sino que para el mundo entero.

Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Está integrado por 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes (China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y Reino Unido) mientras los diez restantes son elegidos por la Asamblea General por un período de dos años. El periodo de los miembros no permanentes concluye el 31 de diciembre del año indicado en el paréntesis correspondiente a cada uno de ellos. De estos 15 miembros, los cinco permanentes, que son como los países de primera categoría mundial, titulo nobiliario obtenido a partir de su triunfo en la segunda guerra mundial y del reparto de zonas de influencia que del mismo emanó, poseen derecho a veto, es decir, poseen la facultad de bloquear una decisión del Consejo aunque esta sea mayoritaria. Dicho de otro modo, son quienes dicen lo que se puede y no se puede hacer bajo el alero de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la Carta todos los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por los Estados Miembros, salvo destacadas excepciones, como Israel y otros aliados norteamericanos que no están obligados a cumplir ninguna resolución aun si esta fuera de consenso. Los demás órganos de Naciones Unidas solo hacen recomendaciones.

Cuando existe una amenaza contra la paz, la primera medida del Consejo suele ser la de recomendar a las partes que traten de llegar a un acuerdo pacífico. En algunos casos, el propio Consejo procede a la investigación y a la mediación. Cuando una controversia conduce a la lucha armada, la preocupación primordial del Consejo es ponerle fin lo más pronto posible. En muchas ocasiones el Consejo ha dictado directivas de cesación del fuego que han impedido la extensión de hostilidades. En otras, por la responsabilidad de alguno de los miembros permanentes que ejerce su derecho a veto o que derechamente ampara el uso desproporcionado de la fuerza y las violaciones constantes a los DDHH, se ha demorado tanto en resolver que se ha convertido en cómplice mediante su inmovilidad de masacres de poblaciones enteras y de bombardeos humanitarios, como les llaman los norteamericanos.

El Consejo también envía fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a las regiones donde hay disturbios y puede decidir sobre el uso de las Fuerzas Multinacionales de Paz. Conforme al Capítulo VII de la Carta, que le permite adoptar medidas coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas, en contra de países que no cumplan sus resoluciones.

En este contexto, resulta evidente que no cualquier país otorga garantías de colaborar con los objetivos y las atribuciones que el Consejo tiene y que en este caso cualquier país que subordine su política exterior a la política exterior norteamericana representa hoy por hoy una amenaza real para todo el planeta. Esto, debido a que desde la caída de la URSS, Estados Unidos y sus aliados incondicionales, han dado muestra más que elocuentes de su desprecio absoluto por el multilateralismo y han evidenciado el doble estándar frente a temas tan relevantes como el respeto a los derechos humanos, la democracia, las armas de destrucción masiva y el derecho internacional. De la misma manera, han demostrado que no trepidarán en mentir y en engañar a sus pueblos y al mundo entero por llevar adelante sus políticas de dominación y hegemonía mundial sobre los pueblos y los recursos naturales del planeta.

De más está recordar las mentiras para invadir Irak y las consecuencias que ellas han tenido para los iraquíes que hasta el día de hoy no conocen la democracia y siguen ocupados por una potencia extranjera que decide por ellos cómo guiar sus asuntos. De más está recordar, las violaciones a los derechos humanos y las restricciones a las garantías constitucionales que han llevado por toda la faz de la tierra con la excusa de su Ulva Universal Contra el terrorismo. De más está recordar el apoyo que EEUU otorga a monarquía absolutas del mundo árabe, solo porque estas se subordinan a sus intereses económicos. Para qué hablar del apoyo irrestricto a Israel y a su política de exterminio físico y político del pueblo palestino y del boicot que EEUU ha desarrollado en contra del gobierno palestino dirigido por Hammas una vez que esta agrupación política ganar las elecciones democráticas que los mismos norteamericanos le impusieron a los palestinos.

Resulta evidente que ante este escenario, votar por un país como Guatemala, cuya subordinación y compromiso económico con EEUU es por todos conocida, representa un golpe a la posibilidad de que el Consejo de Seguridad cumpla sus objetivos y utilice sus atribuciones en beneficio de la humanidad toda y no en beneficio de los intereses particulares de alguno de sus miembros en particular.

Por lo mismo, el mundo necesita la presencia en el Consejo de Seguridad de países que contribuyan a que dicha instancia sea reflejo del sentir mayoritario de la humanidad en su conjunto mediante la adecuada representación de todas las sensibilidades, culturas y visiones de mundo que coexisten en el planeta. De la misma manera, el mundo necesita de la presencia en el Consejo de seguridad de países dispuestos a enfrentar el terrorismo de Estado Norteamericano, su prepotencia y sus afanes hegemónicos. Necesitamos países que fortalezcan la posibilidad de unir a la comunidad internacional tras el respeto al derecho internacional, a la diversidad y a los caminos propios de cualquier pueblo que desee desarrollar una búsqueda original o no hacia su propio bienestar.

En este contexto, resulta evidente también que la Venezuela de Chávez representa mucho más la posibilidad de un Consejo de Seguridad equilibrado y en donde a los discursos acerca de los ejes del mal y los enviados divinos para salvar al mundo, se le opongan los discursos acerca de la presencia del diablo y de los intereses nefastos. Llama la atención que a algunos actores les molesten los discursos de Chávez y nunca les hayan molestado ni hayan levantado la voz para atacar los discursos de Bush, que sin duda, son más ofensivos y peligrosos que los de cualquier presidente del planeta.

Ha sido tan hipócrita la discusión que hemos escuchado incluso a la DC hablando de que no se puede votar por Venezuela porque es un país que busca injerir en los asuntos internos de otros países como si los chilenos hubiésemos olvidado el rol que jugó la DC, y particularmente Gutemberg Martínez en el intento de Golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002 o como si el país hubiera olvidado las platas que la DC recibía del gobierno de EEUU para sus campañas políticas en la década del 60 y de cómo conspiró con gobiernos extranjeros para derrocar al presidente Allende.

Ha sido tan hipócrita la discusión, que los mismos chilenos que en otro tiempo conspiraron y se aliaron con EEUU para derrocar a un presidente democráticamente elegido hoy critican la solidaridad y las declaraciones de Chávez y las tildan de injerencia en asuntos internos. Destacable es en este sentido las palabras descalificatorias que ha tenido el presidente del PPD, Sergio Bitar, para con el presidente Chávez cuando fue uno de los primeros chilenos en salir a defender y legitimar al golpista de Carmona en el intento de Golpe de Estado en Venezuela en Abril del 2002.

Por último, quisiera plantear que Chile debe votar, sin titubear por la Venezuela de Chávez, dando una clara señal de su opción por la integración latinoamericana con independencia de Washington, debe además resistir las presiones norteamericanas que han intentado infantilizar a nuestro gobierno queriendo orientarlo como quien orienta a un niño. Debe por último votar por un país que asegure una posición, en el tema de la Reforma de NNUU, que vaya a fortalecer la democracia y el multilateralismo, que tienda a eliminar el derecho a veto de los miembros permanentes y que sea capaz de enjuiciar el doble estándar y la hipocresía de las potencias mayores que toman a la ONU solo como una caja de resonancia de sus intereses y afanes hegemónicos.

Si queremos combatir el doble estándar; si queremos una mayor rapidez para detener las acciones de los estado terroristas, incluido EEUU, si queremos mayor coherencia con respecto al tema de las armas de destrucción masiva; en fin si queremos un Consejo que sa un poco más de todos, Chile debe votar por Venezuela y contra cualquier candidato de EEUU.

IGUAL QUE PINOCHET, BACHELET PROHIBE EL PASO DE MANIFESTACIONES POR LA MONEDA.

Hace tan solo un par de días, la presidenta Bachelet, en su tan comentado discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteaba en una velada crítica a Washington, que “cada vez que restringimos las garantías constitucionales y cedemos a la tentación de emplear métodos ilegales para luchar contra el terrorismo, damos una victoria a sus cultores, porque es sólo entonces cuando logran amenazar el espíritu de nuestras democracias”.

Un solo día después, como si el discurso en la ONU solo hubiera sido una representación teatral para la sociedad global, su gobierno optaba por prohibir el paso de futuras manifestaciones por el frontis de la Moneda en respuesta al lanzamiento de una bomba molotov en contra del Palacio de Gobierno durante la última marcha en conmemoración del Golpe de Estado que terminó con la democracia en nuestro país.

Efectivamente, como también lo dijo la presidenta, nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda y nadie en su sano juicio puede defender un acto de esa naturaleza pero pretender impedir que estos hechos se repitan impidiendo el paso de las manifestaciones por La Moneda es querer tapar el sol con un dedo y atacar el síntoma sin siquiera plantear soluciones para enfrentar las causas últimas de una rabia contenida durante años por quienes no perciben que exista un lugar ni un horizonte para ellos en el actual sistema económico y social.

Resulta evidente, en todo caso, que el uso de la violencia callejera en las actuales circunstancias y en actos como el mencionado solo sirve a quienes pretende seguir instalando el temor como el poder detrás del poder en nuestra sociedad y para intentar justificar la represión y el uso de la fuerza desmedida por parte de las fuerzas de orden que con la excusa de enfrentar a los grupos más radicales pretenden amedrentar a la sociedad civil para evitar que cada día más chilenos se atrevan a salir a la calle para hacer de la movilización social una herramienta cada vez más efectiva para impulsar los cambios que nuestro país necesita y para demostrar el descontento creciente con la estabilidad neoliberal que tan bien ha blindado la Concertación, mediante la represión y la criminalización de la protesta social.

De la misma manera, nadie puede negar que la violencia ejercida por determinados grupos autoproclamados anarquistas constituye otra forma de represión en contra de quienes pacíficamente desean manifestar su dolor y respeto por las víctimas de una fecha tan macabra para la historia de nuestra patria como es el 11 de Septiembre de 1973, en la voluntad de cimentar la convicción de que nunca más, ninguna fuerza política, debe ceder a la tentación de imponer sus planes e intereses a costa de un quiebre institucional y de la vida de quienes legítimamente piensan distinto y actúan en consecuencia.

No tengo dudas acerca de la validez de todas las formas de lucha, pero tengo la certeza de que la oportunidad y legitimidad de cada una de ellas, la determinan las condiciones, contradicciones y objetivos planteados en cada periodo; las respuestas a que este dispuesta la clase dominante para detener la inevitable pérdida de privilegios que conlleva el avance político de las clases populares y la legitimidad y el apoyo social que cada forma de lucha logra concitar en determinado momento histórico.

Asi, no cabe duda que la lucha armada siempre será necesaria y justa para defender al pueblo; restituir y defender la democracia y enfrentar las violaciones a los derechos humanos, pero jamás será legítima para ser usada en contra del mismo pueblo en el afán de imponer caminos no compartidos por la mayoría de la sociedad puesto que dicha actitud conlleva el germen de la intolerancia y de la suplantación de la sociedad civil por castas de iluminados que pretender ser poseedores de la verdad más allá de lo que piensen y sientan las mayorías sociales..

Ahora bien, ni siquiera el consenso de la mayoría de los sectores en repudiar dicho acto constituye razón suficiente para que, contradiciendo su propio discurso en NNUU, el gobierno de la presidenta Bachelet haya optado por restringir las garantías constitucionales para evitar que estos hechos se repitan, empleando métodos que, si bien pueden ser legales, carecen de legitimidad y pretenden desviar la atención del verdadero problema que quedó al descubierto el 10 de Septiembre de este año en la marcha aludida y que es la nula respuesta que los gobiernos de la Concertación han dado a la marginalidad social que genera el modelo económico que tan eficientemente han administrado y que se ha convertido en caldo de cultivo, precisamente para quienes hacen apología de la violencia.

Sin duda que la respuesta del gobierno, tal como lo ha planteado la presidenta cuando el análisis no se refiere a la dominación que pretende ejercer su propio gobierno, alimentará aun más a aquellos que pretenden destruirlo todo y que no creen que el actual estado de cosas pueda superarse por la vía democrática y restará aun más credibilidad a una mal llamada clase política que entre transformar la realidad para buscar soluciones a los problemas que el modelo genera o parapetarse en las leyes para defender los privilegios de los cuales también disfrutan, siempre optan por lo segundo.

Sin duda, los organizadores de la próxima marcha en conmemoración del Golpe de Estado, pretenderemos legítimamente pasar por la moneda y seguramente será el próximo 11 de Septiembre un 11 aun más violento porque el gobierno ha preferido enterrar la cabeza como el avestruz ante un problema que no se resolverá restringiendo las libertades ni las garantías constitucionales de aquellos que tienen vocación democrática de verdad.